Retirar lazos amarillos no es un delito. Contrastada la premisa, Ciudadanos ha lanzado una campaña para "limpiar Cataluña de propaganda nacionalista". Cuando Albert Rivera se enteró de que los Mossos identifican a quienes -empujados, entre otros factores, por su discurso- se afanan en retirar las enseñas separatistas, habló de "policía política" y acusó a la Generalitat de "prevaricar". El partido de centro sigue llamando a "actuar en las calles", pero ahora colocará a sus cargos públicos al frente.
Concejales y diputados naranjas pondrán rostro al llamamiento que confeccionaron vía redes sociales. La estrategia pretende poner en un brete a los agentes que, enviados por la Generalitat, se topen con altos cargos de Ciudadanos en plena faena de trabajo. O lo que es lo mismo: si Torra sanciona -agarrándose a la 'ley mordaza'- a quienes retiran lazos amarillos, estará multando a su oposición parlamentaria.
La consejería de Interior catalana esgrime "daños en el mobiliario urbano" para exigir entre 600 y 30.000 euros a los "infractores". Un importe que podría reducir la bolsa de voluntarios cosechada por la formación de centro y de ahí el paso al frente que darán sus cargos públicos.
C's plantea una nueva aplicación del 155 en Cataluña
Los de Rivera son conscientes de que su coherencia quedaría en entredicho si, tras el envite de Torra y la amenaza de las multas, sólo afiliados y simpatizantes se pusieran manos a la obra. "Como Sánchez no hace nada, nosotros seguiremos limpiando las calles", dijo este viernes el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Inés Arrimadas, al pie del terreno, espetó: "No hay piedras ni pintura suficiente para callar al principal partido de Cataluña".
Todo empezó con una avioneta
Este es el último peldaño de una escalera que el partido liberal empezó a construir a comienzos de verano, cuando -por medio de su plataforma España ciudadana- paseó una avioneta por las playas que animaba: "¡A quitar lazos amarillos!". Este viernes, los Mossos identificaron a catorce personas que retiraban propaganda en tres pueblos de la provincia de Tarragona. Tras conocer la noticia, decenas de cargos públicos de Ciudadanos llamaron en Twitter a la acción en las calles.
Rivera, Villegas y Arrimadas han tachado de "prevaricación" el modus operandi de la Generalitat de Cataluña. "Multan a sabiendas de que es ilegal", sintetizan en Ciudadanos. Se agarran a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reprobó al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés por colocar una estelada en una plaza. El juez mencionó "la privatización del espacio público con símbolos partidistas". Un argumento que los naranjas emplean para arremeter contra el president Torra en particular y contra la colocación de los lazos en general.
En concreto, la sentencia -del pasado julio- reza: "La actividad impugnada supone la privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista".
El papel de Pedro Sánchez
Los de Rivera insisten en colocar a Pedro Sánchez en el centro de la trama. Critican su inacción y le acusan de "hacer como si no pasara nada en Cataluña". La persecución de quienes retiran los lazos amarillos ha sido la gota que ha colmado el vaso de los de centro, que ya han exigido formalmente a Moncloa la activación del artículo 155.
Un ruego que a Sánchez ni se le pasa por la cabeza. El líder socialista no mantiene contacto con Rivera desde el día de su investidura. Un aislamiento, diagnostica Cs, destinado a fortalecer "el moribundo bipartidismo". Casado tampoco ha charlado con el presidente de los liberales desde que el PP celebrara su último congreso.
En lo relacionado con los lazos amarillos, Ciudadanos ha fabricado una estrategia política que secunda su trabajo en las calles. Ya han solicitado dos comparecencias, una en Madrid y otra en Barcelona. La primera se refiere a la ministra de política territorial, Meritxell Batet, a la que pretenden preguntar acerca de la "inacción" del Ejecutivo frente a los órdagos de Torra, que animó a "atacar al Estado". La segunda corresponde a Miquel Buch, consejero de Interior de la Generalitat, que en caso de acudir al Parlament deberá explicar la persecución de quienes retiren enseñas separatistas.