PP y Cs acusan a Sánchez de desmantelar la democracia para poder gastar más sin ir a las urnas

La política económica de Pedro Sánchez -sellada a partir de los pactos con Podemos- ha soliviantado a PP y Ciudadanos, que coinciden en reseñar: "El presidente pretende hurtar al Congreso su capacidad legislativa". Sobre la mesa, dos "decretos" -el de Franco y el de la violencia de género- que sortean el debate en la Cámara y la próxima reforma de la ley de estabilidad presupuestaria -cocinada con Iglesias-, que permitirá el aumento del techo de gasto.

Este es el primer paso para desbloquear la aprobación de los presupuestos. Moncloa quiere un diseño radicalmente distinto al concebido por Rajoy. Apuesta por unas partidas de gasto mucho más amplias. Para conseguirlo, Sánchez debía apuntarse un tanto imposible: el apoyo del PP en el Senado. Un extremo que ya no será necesario. Los socialistas han pactado con Podemos una reforma legal que les permitirá esquivar a la Cámara alta.

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha confirmado este viernes que adoptarán una proposición de ley que modificaría la Ley de Estabilidad, renunciando al decreto, la primera opción que se barajó. En el Senado, el PP, con su mayoría absoluta, habría tumbado el proyecto económico de Pedro Sánchez. LA medida se registrará la mañana de este viernes.

El presidente del Gobierno pretendía lanzarse a aprobar la "senda de estabilidad" en el Congreso esta misma semana, pero ha decidido suspender la operación hasta que logre desenmarañar los obstáculos legales que ha encontrado en la reforma de la ley que desactivará el veto del Senado.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, patinó al tratar de defender la postura de su partido: "¿Antidemocrático el qué? ¿Que el Senado tenga derecho de veto en la Ley de Estabilidad? ¿Que el Senado tenga poder de veto sobre una decisión que ha adoptado el Congreso, que es donde reside la soberanía nacional de este país?". Olvidó que la soberanía reside, también, en el Senado.

Conocida la intención, populares y naranjas pusieron el grito en el cielo. Unos y otros encuentran el origen de los planes de presidencia en la debilidad parlamentaria del PSOE, que se ve obligado a la filigrana parlamentaria con los nacionalistas toda vez que quiere sacar un proyecto adelante. "Si no tiene escaños suficientes, que convoque elecciones", apremian Casado y Rivera.

En este mes Sánchez ya ha tomado la vía del decreto en dos ocasiones. La primera fue el decreto con el que incluirá distintas medidas en el pacto contra la violencia de género, aprobado en su día por consenso. Después llegó la maniobra que articulará la exhumación de Franco, que evita el recurso de la familia y los informes del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Tras el acuerdo con Podemos, la proposición de ley evitará la adopción de un nuevo decreto. Al contrario que un proyecto de ley, los decretos de Sánchez privan a la oposición de presentar enmiendas.

De ahí que Pablo Casado alertara: "Quieren cargarse la separación de poderes". El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria ante el Tribunal Constitucional. Tampoco ha descartado, igual que Ciudadanos, hacer lo propio con el decreto que sellará el traslado de Franco.

Casado acusó a Sánchez de cubrir su "ausencia de proyecto entregando la política económica a Pablo Iglesias". Ceñido al aspecto económico, el líder de los populares lamentó: "El Gobierno quiere gastar por encima de sus posibilidades".

Ciudadanos tacha las últimas medidas de Sánchez de "triquiñuelas legales": "Quiere trampear la democracia". Los naranjas diagnostican una contradicción. El techo de gasto afecta principalmente a las Comunidades autónomas y, precisamente, el Senado es la cámara territorial. "¿Cómo no se va a debatir allí?". Lo que subyace, insistió su secretario general, José Manuel Villegas, es "incrementar el gasto, pero también los impuestos".

Distintos portavoces del partido de centro aseguran que su equipo jurídico se pondrá a trabajar en cuanto reciba por escrito el texto de la reforma legal correspondiente al techo de gasto.