El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su toma y daca con el Ejecutivo catalán. Tras amenazar a Torra con la aplicación de un nuevo 155 si sigue por el camino del desacato, Moncloa continúa lanzando, de forma simultánea, mensajes de diálogo y conciliación.
Por medio de su portavoz, Isabel Celaá, ha asegurado que este mecanismo constitucional “no ha sido objeto de debate en ningún momento”. El Ejecutivo socialista considera que tiene que haber “suficiente inteligencia en el otro lado” para aprovechar esta oportunidad de “pasillo abierto”.
Moncloa ha celebrado que su Administración mantenga “un diálogo” con Cataluña que no existía con el Gobierno anterior. Siempre “dentro de la legalidad”, ha remarcado Celaá, el PSOE tratará de evitar “una escalada de tensión” en lo que se refiere al procés.
Con el objetivo de desbaratar las críticas de PP y Ciudadanos, que acusan continuamente a Sánchez de haberse aliado con los independentistas para alcanzar el poder, la portavoz del Gobierno ha expresado: “Nunca aceptaremos un referéndum de autodeterminación”.
El Gobierno pide a Torra que rebaje su "tensión" y rechaza una "escalada dialéctica"
Tras un Consejo de Ministros que ha liderado la vicepresidenta, Carmen Calvo, debido a la gira latinoamericana de Sánchez, Celaá ha insistido en que son “plenamente conscientes de cuáles son los límites de la legalidad”. Con un argumento que la oposición considera ingenuo, ha resumido: “Esperamos reciprocidad en el otro lado”.
El deseo del Gobierno pasa por que “Torra rebaje su tensión”, pero no ha aclarado, más allá del diálogo, una estrategia al respecto: “Tiene que ser el presidente de todos los catalanes. Él sabe perfectamente adónde le llevaría el desacato a la Constitución. Queremos una Cataluña dentro de España, confortable e histórica”.
En la misma línea, Pedro Sánchez ha dado un nuevo toque de atención a Torra desde Costa Rica. El presidente le ha reclamado que inicie un diálogo "entre las dos Cataluñas" y ha anunciado y ha anunciado un programa de actos a partir de diciembre para reivindicar el 40 aniversario de la Constitución.
Los lazos amarillos, a la Junta de Seguridad
En ese mencionado “aumento de la tensión”, se ha abierto paso el debate referido a los lazos amarillos. Celaá ha comenzado con una condena a “cualquier ataque que se haya producido por su puesta o su retirada”. La portavoz ha rogado “contención y prudencia”. También cuando se le ha preguntado por el papel de Rivera y Arrimadas, que esta semana contribuyeron personalmente a desbaratar estas insignias.
El Gobierno ha dicho preferir “la mayor neutralidad posible en los espacios públicos”, pero su portavoz ha declinado contestar cuando se le ha preguntado por su posible ilegalidad. Celaá, entonces, se ha remitido a la reunión que el próximo 6 de septiembre mantendrán Estado y Generalitat en el marco de la Junta de Seguridad.
En un primer momento, la consellería de Interior se negó a incluir los lazos amarillos en el orden del día. Grande Marlaska contestó por carta, atribuyó al Gobierno la competencia de la seguridad pública y exigió su debate en la reunión. Fuentes socialistas aseguran que Moncloa ha logrado su deseo, pero han evitado especificar si ha sido por acuerdo o imposición.