El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ve problema en que la gran cruz de piedra del Valle de los Caídos se mantenga una vez que culminen sus planes respecto al futuro de este lugar.
Sánchez, en una conversación informal con periodistas en el vuelo de regreso de su gira latinoamericana, ha asegurado que tiene una hoja de ruta clara en torno a la memoria histórica que pasa por cuatro fases.
La primera de ellas es la tramitación del real decreto aprobado ya por el Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
A ella seguirá la modificación de la ley de memoria histórica que pretende que se aborde por parte de los grupos parlamentarios durante la tramitación como proyecto de ley del decreto anterior.
La creación de una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo es el siguiente paso que prevé el jefe del Ejecutivo, al que seguiría la creación de un museo de la memoria democrática.
La puesta en marcha de ese museo, que asume que no será inmediato, la considera necesaria toda vez que insiste en que no cree que el Valle de los Caídos, pese a los cambios que va a experimentar este lugar, pueda ser el lugar apropiado para ello.
No obstante, insiste en que esa es su propuesta y esperará a lo que opinen los grupos parlamentarios.
Tal y como avanzó esta semana, pretende que el Valle de los Caídos pueda tener dos partes, una como cementerio civil y otra la basílica que allí existe.
Por eso no ve problema alguno en que pueda permanecer allí la gran cruz de piedra que se levanta sobre la basílica y que tiene 150 metros de altura y unos brazos de 24 metros cada uno.
Del interior de la basílica serán exhumados los restos de Franco, mientras que en aplicación del informe realizado por expertos sobre el futuro de este lugar, los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, serán cambiados de lugar y dejarán de ocupar un lugar prominente.
Respecto al decreto para la exhumación de los restos del dictador, el presidente del Gobierno asegura que está bien hecho y no teme que el Ejecutivo pueda acabar en los tribunales por las actuaciones que pueda emprender la familia Franco.