El sábado, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, enterró por enésima vez cualquier esperanza que pudiera quedar sobre una inminente convocatoria de elecciones generales anticipadas con el argumento de que "eso no le conviene a los ciudadanos y es contar votos malamente". Ayer lunes, apenas 48 horas después, Pedro Sánchez se mostró a favor, durante una entrevista en la cadena SER, de que los catalanes voten (es de suponer que buenamente) "en un referéndum por el autogobierno". La duda que se planteó ayer en el escenario político español es si ambas opciones son compatibles. 

Las declaraciones de Pedro Sánchez se produjeron a sólo unas horas de que el presidente autonómico catalán, Quim Torra, inaugure hoy miércoles el nuevo curso político catalán con un discurso en el Teatro Nacional de Cataluña que se prevé beligerante y del que, según se rumorea, se ha caído a última hora una referencia a "abrir las cárceles" en caso de que el Tribunal Supremo condene a los presos catalanes por rebeldía. Lo que sí incluirá el discurso de Torra, sin duda alguna, son referencias al "diálogo", aunque sin mayores concreciones. 

La alusión del presidente del Gobierno a una votación sobre "el fortalecimiento del autogobierno" durante la entrevista con la periodista Pepa Bueno provocó más preguntas de las que respondió. Especialmente cuando Sánchez reveló que ese referéndum versaría sobre un nuevo Estatuto que sustituiría al actual. "Un Estatuto que Cataluña no votó", en palabras del presidente. 

En realidad, Cataluña goza de "autogobierno", en el sentido descrito por la Constitución, desde el 18 de diciembre de 1979, cuando fue promulgado el primer Estatuto de autonomía catalán en democracia. En cuanto al actual Estatuto catalán, fue votado por los catalanes el 18 de junio de 2006 y aprobado con una participación del 48,85% y un 73,90% de votos a favor.

La mención de Sánchez a la "no votación" del Estatuto parece entonces más bien una referencia a los 14 artículos (de un total de 223) declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Lo que Pedro Sánchez pareció estar diciéndole a Quim Torra, pues a él iba destinado el mensaje, es que esos 14 artículos anulados desnaturalizan de forma radical el Estatuto y lo convierten en un documento legal, pero ilegítimo. Su inclusión en un nuevo Estatuto parece descartada, a no ser mediante una nueva formulación que sortee las objeciones presentadas en su momento por el Tribunal Constitucional y que, como parece evidente, rozaría el fraude de ley. 

Navegando entre dos aguas

Si ese referéndum sobre un nuevo Estatuto "mejorado" fue la cal del discurso de Pedro Sánchez (desde el punto de vista del separatismo), la arena lo fue su alusión a una hipotética nueva aplicación del 155, que el presidente no descartó. Obligado por su fragilidad parlamentaria a un constante equilibrismo, Pedro Sánchez prometió con una mano ("mejora del autogobierno") lo que le negó con la otra a Torra ("no a la autodeterminación"). 

El margen de mejora del nuevo Estatuto catalán es escaso. Según Pablo Casado, el líder del PP, "no hay más materias que traspasar a las autonomías". Según Rosa Díez, la oferta de Sánchez oculta una reforma de la Constitución por la puerta trasera que sería votada únicamente por los ciudadanos catalanes. Algunos, incluso, calificaron la oferta de Pedro Sánchez de "pura charlatanería". 

La oferta de Pedro Sánchez, a falta de mayores detalles, pretende introducir una cuña divisoria en el nacionalismo catalán, escindido hoy entre el posibilismo (coyuntural) de ERC y el maximalismo de Carles Puigdemont, Torra, la Crida y el grueso de las bases separatistas. Como en 2005, cuando el también socialista Pasqual Maragall se sacó de la manga un Estatuto que nadie en Cataluña pedía y que con el tiempo se convirtió en un motivo de agravio más, Pedro Sánchez ha ofertado algo que el separatismo no pide en un marco, el del autonomismo, que tanto ERC como PDeCAT como, por supuesto, la CUP consideran superado. 

Sánchez no puede puentear la Constitución ni permitir que el Estatuto catalán, una norma jurídicamente inferior a ella, vaya más allá de lo que permite esta. Tampoco puede recuperar los artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional sin provocar un terremoto político y jurídico de consecuencias imprevisibles. Sánchez se ha negado además a interferir en el trabajo de la Fiscalía y, especialmente, en la calificación jurídica de los hechos del pasado año en Cataluña como un delito de rebeldía.

¿Qué está ofreciendo entonces el presidente del Gobierno a Torra? Quizá Pedro Sánchez cree que el secesionismo ha fetichizado los referéndums y se dará por satisfecho con uno cualquiera, aunque no incluya ninguna de sus demandas prioritarias. Quizá la respuesta a esa pregunta sea que las palabras de Sánchez no tienen como objetivo ofrecerle nada al presidente autonómico catalán, sino ganar algo para sí mismo. Tiempo.