20-S: el día que se "impulsó a la masa a desbordar por la fuerza al Estado"

El proceso separatista catalán tiene cuatro hitos clave. El primero es la aprobación de las leyes de ruptura en el Parlamento catalán durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017. El segundo, el simulacro de referéndum del 1 de octubre. El tercero, la proclamación de la independencia del 27 de octubre, también en el Parlamento catalán.

Pero el más importante desde el punto de vista judicial es el 20 de septiembre, cuando una comitiva judicial, acompañada por guardias civiles, es acosada y retenida por 60.000 manifestantes en la sede de la Consejería de Economía de la Generalidad. Allí había acudido en busca de pruebas de la preparación del referéndum. Los manifestantes eran liderados y espoleados por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los cabecillas de las asociaciones civiles Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. La secretaria judicial tuvo que salir del edificio por la azotea tras más de 20 horas de acoso. 

Este jueves, a las 19:30, el separatismo conmemorará el aniversario del 20-S con una manifestación en el lugar de los hechos, la sede de la Consejería, en la confluencia de las calles Gran Vía y Rambla de Cataluña. El lema de la manifestación, que se publicita con la frase "volveremos al lugar donde comenzó el falso relato de violencia que la Europa democrática ha desmentido", es No ens aturarem ("no nos pararemos").

Junto a la ANC y Òmnium, los convocantes de la concentración, estarán también el presidente de la Generalidad Quim Torra y la mayoría de sus consejeros. También la CUP y los CDR, que han llamado a sus seguidores a reunirse frente a la sede del partido antisistema para marchar en dirección a la Consejería, donde se unirán al resto de los manifestantes. 

La violencia empieza el 20-S

Es probable que no haya tema más debatido hoy en día en Cataluña que el de la violencia que el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena atribuye a los cabecillas del proceso separatista y que justifica su imputación por el delito de rebelión, el más grave de todos los que se les acusa y el que conlleva una pena mayor, de hasta veinticinco años de prisión e inhabilitación. Treinta en el caso de que se hayan dado combates con armas, estragos en propiedades o distracción de caudales públicos.

La amenaza del diputado de ERC Joan Tardà al presidente del Gobierno Pedro Sánchez ("o se retira el delito de rebelión o no habrá Presupuestos") es la prueba de la importancia que el separatismo le da a la calificación jurídica de los hechos por los que se acusa a sus líderes. El 20-S, en definitiva, es la fecha más importante del victimario independentista junto con el 1-O.

Esa es la fecha en la que, según el auto de procesamiento dictado por el juez Llarena el 23 de marzo de este año, los líderes del proceso separatista, frente a la evidencia de la violencia desatada frente a la Consejería de Economía de la Generalidad, asumen la posibilidad de futuros episodios de violencia y deciden seguir adelante con su desafío al Estado.

Llamadas a desbordar la fuerza del Estado

Según el auto del juez Llarena, "es evidente que lo acontecido el día 20 de septiembre, aunque no fuera el reflejo de una violencia que estuviera ideada desde el principio como un instrumento para la consecución de la independencia (lo que esta resolución no excluye), desde luego permitió que todos los involucrados en el proceso se representaran el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daño en el grupo social".

"Tras años impulsando el deseo colectivo por la independencia entre amplios sectores de la población; después de haber ensayado movilizaciones masivas conformadas por cientos de miles de adeptos; tras haber convencido a los seguidores de que ostentaban una legitimidad para una independencia que sabían constitucionalmente imposible; y conociendo los graves acontecimientos que se derivaron de la movilización pública del día 20 de septiembre; impulsar a todos ellos a que hicieran frente al amplio despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O y a que defendieran el recuento de la votación, supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación", concluye el párrafo clave del auto del juez Llarena, sobre el que se sostiene en buena parte la acusación de rebelión para trece de los líderes separatistas.

El 20-S es el Monte del Templo del proceso separatista. Para el constitucionalismo, el 20-S es la fecha clave en la que el separatismo pasa de la violencia política ejercida durante el 6 y el 7 de septiembre a la violencia callejera y la ocupación de los espacios públicos bajo el lema "las calles siempre serán nuestras".

Para el separatismo, el 20-S es la fecha clave del relato falso diseñado por el Estado, y muy especialmente por el Poder Judicial. Un relato falso que, según el independentismo, atribuye "violencia" a las movilizaciones, supuestamente pacíficas, de un movimiento "democrático y legítimo" como el independentista.

Como en el caso del Monte del Templo, el conflicto no parece tener solución a corto plazo. Y la prueba es la manifestación de hoy. Una manifestación en la que el separatismo volverá al lugar del crimen, reivindicará lo ocurrido el 20 de septiembre del año pasado y llamará a "no detenerse" en su camino hacia la imposición de una independencia unilateral al 50% de los catalanes. La pelota sigue estando en el tejado del Gobierno.