El “lo volveríamos a hacer” de los separatistas pone en evidencia la línea blanda del Gobierno

No pasa un solo día en Cataluña sin que las autoridades autonómicas incrementen un punto la presión sobre el Gobierno central. Si el miércoles Ernest Maragall abría la embajada catalana en Berlín por cuenta y riesgo propios sin esperar al visto bueno del ministro de Exteriores Josep Borrell, el jueves por la mañana el presidente de la Generalitat Quim Torra pedía la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por el contenido supuestamente ofensivo de unos correos privados de jueces filtrados a la prensa catalana.

Por la tarde, y tras varias horas de programación monotemática en TV3 dedicada a blanquear los hechos del 20-S y el acoso a la comitiva judicial que pretendía registrar ese día la Consejería de Economía, se leyó, frente a miles de personas concentradas a las puertas del edificio, una carta de los Jordis que empezaba con la frase "lo volveríamos a hacer". "La absolución es la única salida justa de todo este embrollo judicial", decían luego. 

Tomás Serrano

La concentración frente a la Consejería de Economía para conmemorar el acoso a la comitiva judicial del 20-S del año pasado transcurrió por los cauces habituales en las últimas convocatorias independentistas. Torra calificó de "indecente" la causa judicial abierta contra los líderes separatistas y muy especialmente contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los que definió como "hombres de paz". "Lo que ha pasado con los Jordis es una más de las indecencias que hemos tenido que aguantar este año los catalanes", añadió.

No es sólo retórica

Al Gobierno de España ni siquiera le queda el recurso a la excusa habitual, el "es sólo retórica" con el que los portavoces del Ejecutivo suelen restar importancia a la actitud ostentosa y explícitamente desleal del Gobierno catalán. Pero esa actitud se repite una y otra vez con la Constitución, con el Estado de derecho y con las propias conversaciones que se se están manteniendo entre representantes del Gobierno central y de la Generalidad.

Lo demuestran las declaraciones de Ernest Maragall a Onda Cero este jueves. En ellas, el consejero de Acción Exterior y Relaciones Institucionales de la Generalidad reveló, aparentemente por descuido, la promesa de la ministra Meritxell Batet (a la que no mencionó de forma explícita) de dar instrucciones a la Fiscalía para que fuera retirada la acusación de rebelión para los líderes del golpe separatista, la más grave de todas las que pesan sobre ellos. La ministra Batet desmintió luego la supuesta promesa y negó que la conversación se hubiera producido en esos términos. 

Lo demuestra también la ya mencionada apertura por sorpresa de la embajada berlinesa de la Generalidad. "Como si una embajada catalana en el extranjero dependiera de una póliza en un registro administrativo", decía el periodista catalán José Antich en su columna de opinión del miércoles.

La opinión del director de El Nacional, uno de los digitales más influyentes en entornos independentistas, dista de ser anecdótica y representa el punto de vista de muchos de los consejeros del Gobierno Torra: el separatismo ocupará todos los espacios políticos, sociales y mediáticos que no sean ocupados por el Gobierno central ya sea por desgana, desistimiento o tacticismo electoral.  

Las negociaciones entre la Generalidad y el Gobierno de Pedro Sánchez no han logrado, de momento, que las autoridades autonómicas catalanas renuncien de forma explícita, ni tampoco implícita, a la principal de sus reivindicaciones: la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado con el Gobierno central. Un referéndum que, de hecho, ni siquiera es bien visto por los sectores más radicales del Gobierno autonómico, esos que consideran que el referéndum de independencia ya se celebró el 1-O de 2017 y que el siguiente paso del proceso no debería consistir en repetirlo, esta vez con el aval del Estado, sino en implementar sus supuestos resultados. 

Segundo frente de combate: el Poder Judicial

Las negociaciones con el Gobierno de Sánchez, encabezadas por la ministra Batet, tampoco han evitado que el separatismo abra una segunda vía de ataque a la legalidad. Una vía que, por un lado, pretende blanquear el golpe a la democracia ejecutado por el separatismo hace un año, y, por el otro, y como consecuencia de ese blanqueamiento, poner en duda la calificación jurídica de los hechos, así como la supuesta cultura democrática del Poder Judicial español. 

"Es una farsa judicial organizada desde los poderes estatales y, por lo tanto, los Jordis hoy tendrían que estar aquí celebrando el primer aniversario de cuando los catalanes salieron a la calle para defender sus instituciones y la democracia", dijo Quim Torra el jueves ante la Consejería de Economía. Su tesis fue sostenida también por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que afirmó que hace un año "los aparatos del Estado cruzaron todas las líneas rojas al entrar en las instituciones catalanas y empezar una espiral de represión que aún no ha acabado".

"Ese día también empezó un relato ficticio e inventado que nos ha llevado a una farsa judicial con un discurso absolutamente inventado que habla de delitos donde no hay delito. Votar en democracia nunca es un delito", añadió Torrent entre los aplausos de los presentes.

Ver a aquellos que inventaron para todos los catalanes separatistas el relato de la república catalana democrática y pacífica, oprimida de forma brutal por esa Turquía del sur de Europa llamada España, acusar ahora al Estado de haber inventado un relato falso de violencia empieza a ser habitual en Cataluña. Esa es la nueva línea de ataque del independentismo y el Gobierno no parece tener, de momento, la voluntad de presentar batalla en ese terreno.