"Nosotros siempre nos hemos opuesto a las devoluciones en caliente", proclamó Pedro Sánchez en 2015, cuando era líder de la oposición. De hecho, el PSOE presentó ese mismo año un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del PP que daba cobertura a esta práctica. Desde su llegada al Gobierno, Sánchez ha cambiado de opinión: no sólo ya no rechaza las devoluciones en caliente, sino que las considera un instrumento indispensable para evitar un efecto llamada y proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y el crimen organizado. Unos argumentos muy similares a los que esgrimía el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El nuevo giro en la política migratoria de Sánchez se ha evidenciado durante la vista celebrada este miércoles en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Se debatía el caso de la expulsión inmediata en 2014 de un migrante de Mali y otro de costa de Marfil que habían intentado entrar en España irregularmente a través de la frontera de Melilla.
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Estrasburgo ya condenó a España por estas dos devoluciones en caliente en octubre de 2017. Los jueces concluyeron por unanimidad que los dos migrantes habían sido enviados a Marruecos "contra su voluntad", sin ser identificados y "sin ninguna decisión administrativa o judicial previa". Los afectados "no tuvieron acceso a intérpretes ni a asistencia legal que les informara sobre las disposiciones de la ley de asilo o los procedimientos a su disposición para impugnar su expulsión".
En enero de este año, el caso fue remitido para su revisión a la gran sala de TEDH, formada por 20 jueces, a petición de Rajoy. El Gobierno de Sánchez no sólo no ha desistido de este recurso, sino que ha defendido con vehemencia la utilidad de las devoluciones en caliente. Eso sí, sostiene que lo que hace España no es expulsar indiscriminadamente a los migrantes sino "impedir su entrada". La misma denominación que empleaba el PP, que siempre habló de rechazos en frontera.
Lo primero que ha alegado el abogado del Gobierno de Sánchez, Rafael Andrés León Cavero, es que ratificar la condena a España enviaría una señal que "reforzaría los intereses horribles de las mafias que se aprovechan de esto". Es decir, ha recurrido a la amenaza del "efecto llamada" del que siempre hablaba el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. También se pondrían en peligro los derechos humanos de los ciudadanos europeos porque "es bien sabido que las organizaciones terroristas y el crimen organizado se aprovechan de los flujos migratorios". Además, está en riesgo la seguridad de la policía de fronteras.
La alegoría de la familia asediada en su hogar
León Cavero ha ilustrado su defensa de las devoluciones en caliente con la alegoría de una familia con hijos, humanitaria y atenta, que está dispuesta a dejar entrar a su hogar "a cualquier persona en peligro o que lo necesite sólo con que llamen a la puerta y expliquen sus razones". "De repente irrumpen 600 hombres fuertes y amenazantes que rompen las ventanas. Entonces su reacción es cerrar las ventanas y asegurar las persianas, evitando siempre el uso de armas y manteniendo la puerta abierta para entradas normales", ha relatado.
"¿Está esta familia evitando que entre gente en su casa o expulsando a gente? ¿Quién está siendo violento e incumpliendo la ley? ¿Quién no está dispuesto a cumplir requisitos razonables de entrada y quién no?", ha planteado el abogado del Gobierno español a los jueces de la gran sala.
A su juicio, los migrantes en cuestión en este caso no cumplían los requisitos legales para pedir asilo, por lo que no se aplica el principio de no devolución; venían de un país seguro como Marruecos donde podían pedir asilo; llevaron a cabo un acto ilegal y violento de entrada masiva y se les impidió esta entrada "mediante el uso de un obstáculo proporcionado".
León Cavero ha resaltado que no existe un derecho legal a entrar en un Estado y que España tiene la obligación internacional de evitar entradas no autorizadas en su territorio, según establece el código de fronteras de Schengen. "La no admisión de un extranjero a un Estado no se incluye en el concepto de expulsión", ha concluido.
El cambio de oposición a Gobierno
Durante la vista en Estrasburgo, el abogado de los dos migrantes, Gonzalo Boye, -el mismo que representa a varios exconsellers de Carles Puigdemont y al rapero Valtonyc, huidos en Bélgica- ha reprochado a Pedro Sánchez su cambio de postura. "Las promesas de los políticos pueden cambiar, dependiendo de si están en la oposición o en el poder. Pero las garantías de la Constitución Europea y de la Convención Europea deben ser inmutables", ha dicho.
Boye ha enfatizado ante la gran sala que la ley del PP que da cobertura a las expulsiones en caliente fue recurrida ante el Tribunal Constitucional con argumentos similares a los que él usa en defensa de los migrantes. "Y fue el jefe del actual Gobierno, el señor Pedro Sánchez, entonces un parlamentario, el que presentó este recurso ante el Constitucional", ha insistido.
Los 20 jueces de la gran sala han empezado ya a deliberar y en los próximos meses decidirán si ratifican la condena contra España y obligan a poner fin definitivamente a las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla.