El exprofesor del Opus acusado de abusar de un menor se enfrenta a 10 años de cárcel

Este jueves arranca en la Audiencia Provincial de Vizcaya el juicio contra el exprofesor del colegio Gaztelueta acusado de abusar sexualmente de un menor cuando ejercía la docencia en el centro regentado por el Opus Dei en la localidad vizcaína de Leioa.

El exdocente, José María M. S., se enfrenta a una petición de diez años de cárcel solicitada por la acusación, mientras que la Fiscalía rebaja a tres su ingreso en prisión. Por la vista, que se prolongará hasta el día 11, desfilarán una treintena de testigos y peritos.

El juicio comenzará con el testimonio del denunciante, un joven de 22 años que tenía 12 y 13 cuando presuntamente fue objeto de los abusos cuyas secuelas psicológicas le impiden todavía hoy llevar una vida normal, según exponen sus progenitores. A petición de su abogada declarará tras un biombo para no entrar en contacto visual con su supuesto agresor.

El desarrollo del caso, que recibe el nombre del centro religioso afectado, ha suscitado una gran expectación mediática desde que en diciembre de 2012 El Mundo del País Vasco se hizo eco de una primera investigación seguida por la Fiscalía de Menores. Tanta es su incidencia en la opinión pública que el colegio Gaztelueta ha abierto recientemente una web para "que las personas interesadas puedan consultar todo lo relacionado con este proceso judicial". "Recogemos algunos materiales que reúnen datos y aportan contexto sobre el caso", añaden.

Su iniciativa ha tensionado aún más sus relaciones con la familia del denunciante, hasta el punto de que ésta ha pedido la intervención del Departamento de Educación del Gobierno vasco para que urja al colegio concertado a eliminar la página web. "Pensamos que interfiere en el juicio de forma lamentable y que esos materiales recogen verdades a medias que tergiversan la realidad, violando además la ley de protección de datos y afectando a la intimidad de mi hijo", señala a EL ESPAÑOL el padre del joven.

Batalla de los padres en defensa de su hijo 

Juan Cuatrecasas es un abogado que trabaja como asesor fiscal y que en 2011, cuando empezó a entrever las secuelas psicológicas que sufría el adolescente tras el paso por el colegio Gaztelueta, inició una dura batalla para esclarecer lo sucedido. Acudió al centro del Opus, a la Inspección de Educación y tomó cartas en el asunto la Fiscalía de Menores y, posteriormente, la Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco.

Quedó probado que el menor había sido objeto de bullying por parte de sus compañeros, que le asediaron con mensajes amenazantes y vejatorios. Tirando del hilo salió a relucir un problema mayor, la posible existencia de abusos sexuales cometidos por un profesor numerario del Opus, su preceptor en el colegio durante los cursos comprendidos entre 2008 y 2010.

Las diligencias judiciales no siguieron adelante por falta de pruebas y el rechazo de los padres a ejercer la acusación e iniciar un proceso en los tribunales. Aconsejados por los psicólogos decidieron esperar a que su hijo estuviera en condiciones de afrontar las consecuencias de una querella, y fue éste quien alcanzada la mayoría de edad la presentó en un juzgado de Getxo en 2015.

Antes la familia, de convicciones católicas, había escrito al Papa Francisco y recabado su atención, aunque finalmente la Congregación para la doctrina de la Fe cerró su investigación considerando que los delitos "no han sido probados" y ordenó restablecer "el buen nombre y la fama" del acusado.

Delito sexual con agravantes

Por el contrario, el juez de Getxo Emilio Lamo de Espinosa creyó en el relato del denunciante y dictó un auto de procesamiento contra el profesor -que ya había abandonado la docencia-, por los delitos de abuso sexual y abuso sexual continuado. El magistrado describió con detenimiento los tocamientos y otras vejaciones sufridas por el menor en un contexto de "dominación–sumisión" durante las reuniones que el preceptor mantenía con el alumno a puerta cerrada en su despacho. Estas reuniones tenían lugar hasta tres veces por semana y por espacio de una hora de duración. Esta citación inusual motivó en gran parte las burlas y el acoso del que fue objeto por otros estudiantes, mientras el tutor lo "aislaba" de sus compañeros y permitía que estos le "ridiculizaran", según anotó el juez.

Acusación y Fiscalía coinciden en la existencia del delito continuado de abusos sexuales, pero la abogada de la familia hace constar además los agravantes de minoría de edad y el abuso de superioridad ejercido por el profesor, que cuenta hoy con 42 años. El Ministerio Público solicita además el pago de 40.000 euros, del que hace responsable subsidiario al colegio, mientras el denunciante se reserva para más adelante el ejercicio de la acción civil.

Proclamación de inocencia

La defensa niega de forma categórica las acusaciones y pide la libre absolución del profesor, que a lo largo de estos años ha rehuido los medios de comunicación. Sólo quebró su silencio al conocer el auto de procesamiento. En una carta dirigida al centro se proclamó "totalmente inocente" y "condenado de antemano" por la opinión pública. "Me siento arrollado y atropellado por un tren que parece que nunca se vaya a detener", señaló

Un año después su abogado, a través de un comunicado, manifestaba "su absoluta convicción" de que el juicio finalizará con sentencia absolutoria. En la nota desvelaba una de las bazas de la estrategia que desplegará durante la vista, centrada en el informe y testimonio de Antonio Manzanero, profesor titular de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Aseguraba que el peritaje de "la mayor autoridad en España en casos de testimonios de abusos sexuales a menores" pondrá de manifiesto los "errores" y "manipulaciones" cometidos por otros profesionales que han atendido al menor.

Entre esos profesionales aludidos genéricamente se encuentran los psiquiatras contratados por la familia para tratar al adolescente y los forenses que estudiaron el asunto a instancias del juez instructor y concluyeron que su relato era compatible con un caso de abusos. Además están citados como testigos profesores del centro y excompañeros de estudios del denunciante.

Reconocimiento como víctima

También la familia Cuatrecasas confía en alcanzar con el juicio el que ha sido su principal objetivo desde el principio: "el reconocimiento como víctima y un resarcimiento moral a través de la petición de un perdón público y sincero".

"Ojalá podamos enterrar este tema porque está siendo un calvario para toda la familia", comenta su portavoz desde Haro (la Rioja) donde los padres del denunciante fijaron la residencia familiar para huir de las presiones, e incluso "amenazas", recibidas desde que decidieron hacer público la situación vivida por el menor.

Juan Cuatrecasas responde además a quienes consideran que acudir a los tribunales sólo contribuye a "estigmatizar" a la víctima. "Para cerrar el círculo de la victimización tiene que haber un reconocimiento y es al contrario, el estigmatizado tiene que ser quien ha cometido los abusos, no quien da la cara y los denuncia. A nosotros no nos ha quedado más remedio, acudí al Colegio pero no nos hicieron caso", señala. Su decepción se extiende a algunos estamentos de la Iglesia y al Opus Dei, "un ente etéreo que no ha existido en este caso".

Respecto a Gaztelueta mantiene que, tras un primer momento en el que la dirección del centro mostró preocupación e interés, su gestión ha sido "deficiente y tramposa y hasta encubridora, porque hay pruebas que demuestran que el profesor reconoció ante ella gran parte del relato que hacía mi hijo, dando razones descabelladas de por qué le quitaba la camisa o le enseñaba fotos de contenido sexual".

El colegio cree al profesor

En la página web abierta por el Colegio no hay ningún reconocimiento de que esas situaciones se produjeran. Por el contrario, se destacan hechos que obran a favor del profesor y se eluden otros.

Así, por ejemplo, en una cronología que inicia con las ausencias escolares del niño en 2006 se incluye la carta en la que el docente proclamó su inocencia tras su procesamiento pero no se aporta el contundente auto del juez Lamo de Espinosa. Sí recoge en cambio un archivo anterior del caso y las conclusiones de la investigación canónica que no avalaron la denuncia del adolescente.

Se incide en que más de medio centenar de profesores y compañeros de clase "contradicen la versión" del joven sobre la actuación pública del acusado y se hace hincapié en que su relato sobre lo sucedido se ha ido agravando a lo largo del tiempo. Para la familia Cuatrecasas esa evolución tiene que ver con las dificultades de asumir y verbalizar lo ocurrido, un comportamiento "frecuente" en las víctimas de abusos sexuales.

El colegio Gaztelueta, dirigido por Imanol Goyarrola, asegura que se investigó al profesor y "no se encontró ninguna prueba que acreditara las acusaciones". El centro afirma regirse por criterios de transparencia y máxima colaboración con la justicia y defiende su "interés máximo" por el esclarecimiento de lo sucedido. A lo largo de los seis últimos años ha sido muy activo en la emisión de comunicados y cartas a las familias de los alumnos, que ha volcado ahora en Internet. En ellas ha censurado las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación e insistido en las bases citadas como fundamento de su postura.

También recoge en su web un comunicado de los profesores de Gaztelueta, fechado en marzo de 2016, donde el colectivo defendió la presunción de inocencia de su excompañero y cuestionó la versión del joven; las "contradicciones" de su relato con la realidad y la imposibilidad de que fuera objeto de abusos en un despacho "siempre abierto, de uso común". Dejaron constancia de su posición ante notario. El centro presentó una querella criminal contra un periodista de eldiarionorte.es que publicó que se trataba de una maniobra del colegio para encubrir al docente.