"No me jodas, Cristian. Aquí el tema es que los exconvergentes se están apuñalando como si no hubiera un mañana. Mete la nariz ahí" me recomienda un buen conocedor de lo que se cuece entre bastidores del procés.
A mediodía, un sencillo defecto de forma había amenazado con reventar la frágil tregua pactada por ERC y JxCAT a cuenta de la delegación de voto de Carles Puigdemont y los diputados presos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Una tregua que ya había sido tensionada hasta el extremo cuando Torra amenazó el martes, por su cuenta y riesgo, y sin haber medido bien sus fuerzas en el seno del bloque independentista, con retirarle su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados si este no presentaba antes de un mes una propuesta para la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña.
A media tarde de ayer, sin embargo, ERC y JxCAT alcanzaron un acuerdo para desbloquear el voto de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. El acuerdo fue rechazado posteriormente por los letrados del Parlamento autonómico catalán, pero avalado por la Mesa del Parlamento dado que el dictamen de estos no es vinculante. No es la primera vez, ni será probablemente la última, que la Mesa del Parlamento catalán desoye las recomendaciones de los letrados de la cámara.
La solución supone un trágala para ERC puesto que viola el acuerdo al que los republicanos llegaron con JxCAT tras una larga y muy tensa negociación, y que ellos sí han cumplido a rajatabla con sus diputados afectados, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Según JxCAT, sin embargo, sus diputados deben seguir votando como hasta ahora, mediante la delegación de su voto, ya que el pleno del Parlamento rechazó el martes la suspensión que reclamaba el juez Pablo Llarena. De fondo, un debate terminológico de profundas consecuencias jurídicas: no es lo mismo "delegar" el voto que "designar" diputados para que asuman las funciones de los suspendidos por Llarena.
En juego está la mayoría independentista en el Parlamento catalán pero, sobre todo, el estatus de Carles Puigdemont, que se niega a perder su condición puramente virtual de "legítimo presidente en el exilo". Es decir de macho alfa del procés en el exilio.
La atmósfera en el seno del independentismo es de una tensión extrema. El Gobierno del PSOE, que actualmente negocia en secreto con los fontaneros nacionalistas (el famoso "diálogo"), ve en ERC un socio más fiable que una Convergència escindida en varios grupos de intereses incompatibles entre sí. El PSC, por su parte, trabaja con un escenario ideal en mente: unas elecciones autonómicas que den una mayoría suficiente a un nuevo tripartito formado por el propio PSC, ERC y los 'comunes' (Podemos).
La crisis de ayer es consecuencia de las dos guerras civiles simultáneas que vive el independentismo en el Parlamento catalán. La primera de ellas, la que enfrenta a ERC con buena parte de JxCAT. La segunda, la que vive JxCAT en su seno y que ha escindido la antigua Convergència en dos grupos de intereses contrapuestos.
Uno de ellos, próximo a Carles Puigdemont y partidario de avanzar por la vía del enfrentamiento directo con el Estado. El segundo, más cercano al posibilismo de ERC, atrincherado en el PDeCAT y poco dispuesto a disolver de forma definitiva a la vieja Convergència en la Crida de Puigdemont ahora que esta, en abierta contradicción con lo que se afirmaba hace sólo unos meses, se prepara para dar el paso de "plataforma" a "partido político" con todas las de la ley.
En medio, un Quim Torra alineado con el primer grupo, el de Puigdemont, pero al que se da por amortizado en el independentismo. La soledad del presidente de la Generalidad se hace más evidente día a día y ni siquiera el apoyo explícito que el miércoles le prestó la diputada en el Congreso Míriam Nogueras, afín a Puigdemont y miembro del sector más radical de la derecha catalana, atenúa esa sensación. La solución al conflicto catalán, sea cual sea esta, no pasará en ningún caso por Torra.