Han pasado siete días desde la manifestación del sindicato policial Jusapol que recorrió el centro de Barcelona y la pintada sigue ahí, frente a la Jefatura Superior de Policía y a apenas unos pocos cientos de metros del palacio de la Generalidad y del Ayuntamiento de la ciudad: "CHUSMAPOL". La rodean decenas de lazos amarillos, también pintados en el suelo.

La alcaldesa Ada Colau no ha mostrado excesiva prisa por borrar las pintadas del pavimento, como tampoco la ha tenido durante el último año para eliminar o, al menos, reducir la proliferación de lazos amarillos que los CDR han pintado, por miles, en las aceras, las paredes, los puentes y las fachadas de Barcelona.

La anécdota no es menor. Hoy se cumple un mes desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, y el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, se comprometieron a "garantizar un espacio público neutral" durante la última reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña.

El acuerdo no contemplaba medidas concretas ni especificaba los obligaciones de la Generalidad o de las Administraciones públicas catalanas en ese sentido, pero sí le sirvió al Gobierno de Pedro Sánchez para defender las virtudes del "diálogo" con Torra. "De lo que todos somos conscientes", dijo ese día Grande-Marlaska, "es de que las calles no pueden ser monopolizadas por nadie".

El propio Marlaska aceptó que fueran los Mossos los que se encargaran de garantizar la neutralidad del espacio público y aseguró que este cuerpo le merece toda la confianza. "Los espacios de convivencia tienen que ser de convivencia y de encuentro y no de desencuentro. ¿Cómo? Los Mossos d'Esquadra tienen los parámetros para garantizar el orden y la seguridad pública", manifestó.

La realidad demuestra que las calles catalanas siguen, sin embargo, ocupadas un mes después por el independentismo. Y, de forma muy especial, por los CDR. Han sido los CDR, militantes y simpatizantes en su mayoría de la CUP y Arran, los que han intentado reventar las dos últimas manifestaciones constitucionalistas que se han organizado en Barcelona: la mencionada de Jusapol y la convocada por el colectivo Los de Artós el pasado miércoles en el barrio de Sarrià. 

Fueron también los CDR los que el pasado lunes, aniversario del simulacro de referéndum del 1-O, intentaron asaltar el Parlamento catalán y se enfrentaron con los Mossos en el parque de la Ciudadela y frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Ese mismo día, por la mañana, otro grupo de CDR había irrumpido a la fuerza en la delegación de la Generalidad de Gerona para descolgar la bandera española que cuelga en su fachada y sustituirla por una estelada.

El acuerdo de Grande-Marlaska con Torra y Buch no ha tenido mayor efecto en las Administraciones públicas que el que ha tenido en los CDR. La pancarta a favor de los políticos catalanes presos por el golpe de los meses de septiembre y octubre de 2017 sigue en el balcón principal del palacio de la Generalidad, así como el lazo amarillo que la acompaña. Los lazos amarillos y las fotos de los presos siguen colgadas en las fachadas y en el interior de decenas de edificios oficiales, como la misma delegación de la Generalidad en Gerona. Algunos de ellos han sido, incluso, convertidos en altares independentistas a la vista de cualquier ciudadano que se vea obligado a realizar alguna gestión administrativa en esos edificios.

Los lazos amarillos y los símbolos independentistas no sólo han desaparecido de las calles y los edificios públicos catalanes sino que han llegado ya hasta Zaragoza y Fraga. En la capital aragonesa, el recién creado CDR de Aragón llenó puentes y calles de lazos amarillos "en solidaridad con el golpe secesionista catalán". También la cruz del Aneto, a 3.404 metros de altura, amaneció el 1 de octubre pintada de amarillo. La base de la virgen del Pilar que se encuentra a sólo unos metros de la cruz había sido pintada asimismo con lazos amarillos. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de daños cualificado y de otro contra el patrimonio natural y están siendo investigados por la Fiscalía de Huesca.

El compromiso de respetar la neutralidad del espacio público no sólo ha sido repetidamente violado por el independentismo, sino que ha encontrado aliados incluso en aquellos cuerpos del Estado de cuya lealtad a la Constitución no duda nadie. El pasado 28 de septiembre, el mando operativo de la Guardia Civil en Barcelona emitió un comunicado en el que amenazaba con sanciones disciplinarias a los agentes del cuerpo que fueran cazados retirando lazos amarillos de las calles, incluso fuera de su horario laboral.

El comunicado se produjo después de que trascendiera que un agente de la Benemérita fue identificado en agosto por los Mossos d'Esquadra junto a un grupo de trece personas más que retiraban lazos de las calles de La Ametlla de Mar. La Policía autonómica remitió entonces el atestado a un Juzgado de Instrucción de Falset, pero el juez desestimó los cargos al entender que retirar lazos amarillos no es delito. Sí lo es en otras localidades catalanas donde —constitucionalidad de la medida aparte— sus ayuntamientos, controlados por el independentismo, han dictado ordenanzas prohibiendo la retirada de simbología secesionista. 

El que sí ha cumplido su parte del acuerdo es el Gobierno del PSOE. Este martes, la Comisión Mixta de Seguridad entre el Gobierno y la Generalidad acordó, entre otras medidas, integrar de forma plena a los Mossos d'Esquadra en el Sistema de Coordinación de Investigaciones del CITC y activar todos los grupos de trabajo pactados por Marlaska y Torra durante su reunión del pasado 6 de septiembre. Entre ellos, el que debe estudiar la actualización del procedimiento para ampliar la dotación de los Mossos d'Esquadra.