Podemos ha trasladado al Gobierno una nueva propuesta para subir el IRPF a rentas superiores a los 130.000 euros frente a los 140.000 que señala Hacienda, y advierte de que no hay avances en fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los 1.000 euros para 2019, ni en medidas concretas para pinchar la burbuja del alquiler.
La formación morada ha enviado un documento de más de 16 páginas al Ejecutivo, después de avisar ayer que las negociaciones presupuestarias no avanzan favorablemente y que actualmente el voto de Podemos a los presupuestos es "no".
Entre las medidas fiscales, cuyo grueso está prácticamente cerrado, destaca la insistencia de Podemos para subir el Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas (IRPF) a rentas de al menos 130.000 euros anuales y que el índice de precios de consumo (IPC) suba por Ley.
Podemos sigue urgiendo un impuesto a la banca y subir el 1 % en el impuesto de Patrimonio para personas con más de 10 millones de euros, al tiempo que critica que no se obligue a los grandes propietarios a sacar sus pisos al mercado del alquiler.
"En el documento enviado por el Gobierno no aparece ninguna medida concreta para conseguir este objetivo y, de nuevo, hablamos de medidas sin impacto presupuestario. Es necesaria la cesión obligatoria de viviendas vacías y las de propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que sean cedidas de forma gratuita", señala el texto, que también urge a que las comunidades autónomas (CCAA) puedan expropiar el uso de viviendas incursas en procedimientos de desahucio.
La burbuja del alquiler
Otro de los puntos claves que el Gobierno no ha aceptado de momento es la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler.
Para Podemos es "inviable" aceptar contratos de 5 años más tres de prórroga como estándar, ya que eso sería volver a 2013 e insisten en seis años más cuatro prorrogables, además de fianzas de 2 meses como máximo.
En materia laboral, piden al Ejecutivo ser "más valientes" y subir el SMI a 1.000 euros el próximo año y critica que el Gobierno no admita la ultraactividad indefinida del convenio colectivo a la conclusión en su vigencia y que sólo quiera ampliarla "algún año más", y acusa al Ejecutivo de no comprometerse a eliminar el arbitraje obligatorio en materia de descuelgue.