“Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol: (…) un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado (…) un tiempo para demoler y un tiempo para edificar (…) un tiempo para callar y un tiempo para hablar…” (Eclesiastés 3: 1-8); hay un tiempo para hacer Presupuestos y un tiempo para ir a elecciones.
El tiempo de Presupuestos lo marca el artículo 134.3 de la Constitución: el Gobierno debe presentar el proyecto de Presupuestos antes del 30 de septiembre del año siguiente. El tiempo de las elecciones es cada cuatro años o simplemente cuando un Gobierno no puede gobernar, porque carece de programa, de votos, de equipo y de liderazgo. No han pasado cuatro años, pero el Gobierno del doctor Sánchez tiene todas esas carencias, y eso no lo compensa ni el márketing ni los viajes en helicóptero o en Falcon.
Cuando el domingo, en una nueva declaración sin admitir preguntas, Pedro Sánchez anunció que esta semana haría públicas “las líneas generales del Presupuesto 2019”, lo que quedó claro es que para este Gobierno siempre es tiempo de márketing y nunca de hacer cuentas. El Gobierno debía haber remitido al Congreso un proyecto de Presupuestos en lugar de hacer públicos compromisos de gasto que no sabe cómo va a financiar. En realidad, lo que Sánchez pretende es que se deje de hablar de todas las subidas de impuestos a las que se ha comprometido -y son muchas- y se empiece a hablar de derechos y prestaciones.
Este jueves, Podemos y el PSOE han anunciado un “acuerdo presupuestario”, en el que se incluyen todo tipo de medidas, algunas presupuestarias -como tres semanas de paternidad adicionales- y otras extrapresupuestarias -como el aumento del salario mínimo a 900 euros-. En realidad, este acuerdo no establece cómo se van a pagar las medidas, ni, sobre todo, tiene los votos suficientes para materializarse en las leyes correspondientes.
Derogar artículos del Código Penal sólo puede hacerse por ley orgánica, y los Presupuestos, obviamente no lo son
Por supuesto, hay cuestiones que son una auténtica chapuza, como por ejemplo, el aumento de un punto a los titulares de patrimonios superiores a 10 millones de euros. El impuesto de patrimonio está cedido a las Comunidades, y si no se modifica el régimen de financiación autonómica, este aumento sólo afectará a los no residentes en España que tributen por patrimonio.
Otras cuestiones, como derogar artículos del Código Penal, sólo se pueden hacer por ley orgánica, y los Presupuestos, obviamente no lo son. Y prohibir amnistías fiscales por ley -que se deroga por otra ley- no sirve para nada… En este acuerdo hay mucho más márketing que cuentas.
Sin embargo, en Presupuestos, como en todo en esta vida, lo que no son cuentas son simplemente cuentos. Y el Gobierno del doctor Sánchez lleva contando cuentos en materia económica desde el mismo día de la moción de censura. En primer lugar, el único compromiso de Sánchez en esa moción fue con la “estabilidad presupuestaria”. Naturalmente, lo primero que hizo fue presentar una senda de déficit de más relajación, traduciendo, de más déficit, que es exactamente lo contrario de la estabilidad presupuestaria. Después, todo el Gobierno pregonó a los cuatro vientos que Bruselas había aprobado la nueva senda presupuestaria, lo que no era cierto.
Esa senda presupuestaria fue rechazada por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de julio con el doble de votos en contra que a favor. El Gobierno de Sánchez se ha hartado de decir que el Senado no le deja gobernar, porque la mayoría absoluta del PP no le aprueba la senda de déficit: el famoso "veto del Senado". Sin embargo, la realidad es que al Senado no ha llegado nunca la senda de déficit por la sencilla razón de que la rechazó el Congreso. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga al Gobierno a volver a presentar el techo de gasto en el plazo de un mes. Por supuesto, en medio de acusaciones a todo el mundo de incumplir la ley -particularmente al PP y a Ciudadanos-, el Gobierno no lo ha hecho.
La solución que se les ocurrió a PSOE y Podemos fue modificar por decreto la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
En lugar de presentar la senda de déficit, lo que ha presentado el PSOE es una proposición de ley para modificar el trámite de la senda de gasto. Con un sorprendente cinismo, la nueva redacción del PSOE obliga al Gobierno a volver a presentar la senda de gasto en el plazo de un mes, si se la rechaza el Congreso. Además, el PSOE, Podemos y los independentistas vascos y catalanes pretenden que el Senado, cámara de representación territorial, no tenga nada que decir sobre el reparto del déficit entre Administraciones Territoriales, que es una parte esencial del contenido de la senda de déficit.
La razón de que el Senado no pinte nada es sencilla: lo que propone el PSOE es que el Congreso pueda levantar cualquier mayoría en contra del Senado por mayoría simple, es decir, un voto más a favor que en contra. Ahora bien, si no hay mayoría simple en el Congreso, entonces la senda no llega el Senado, sino que se rechaza. Si llega al Senado, la misma mayoría que lo envió levantará el “veto” del Senado en 24 horas. Para ese viaje, sería recomendable que simplemente se suprimiese el trámite en el Senado, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
La solución "urgente" para cambiar las reglas de juego que se les ocurrió al PSOE y a Podemos fue modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria por decreto ley. Esa ocurrencia solo puede calificarse de disparate. La razón es sencilla y hasta cabe en un tuit: "Un decreto ley no puede modificar una ley orgánica, porque así lo establecen los artículos 81 y 86 de la Constitución, y así lo declaró el Tribunal Constitución por unanimidad en 1986 (STC 60/1986)." (Tuit del 23 de agosto a las 11.04 de mi cuenta, para que luego digan que no se puede ser breve en los argumentos jurídicos).
A todo esto ha seguido un espectáculo patético sobre la urgencia de la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Por una parte, el Gobierno de Sánchez quería que esta iniciativa se tramitase por vía urgente y en lectura única, es decir, sin enmiendas. Lo que resulta lamentable es que el Gobierno puede declarar la urgencia de un proyecto de ley, pero no de una proposición de un grupo parlamentario.
Los impuestos previstos por Podemos y el PSOE no recaudarán lo suficiente para pagar el incremento de gastos
El Gobierno de Sánchez decidió no presentar un proyecto de ley para saltarse a los órganos consultivos, empezando por el Consejo de Estado. Por cierto, el Gobierno del doctor Sánchez no ha presentado ningún proyecto de ley, ninguno, hasta la fecha. Después, el Gobierno de Sánchez se queja de que la Mesa del Congreso funcione por mayorías y tenga un criterio distinto sobre la urgencia de cambiar las reglas de juego.
Ahora, el Gobierno enviará a Bruselas un “borrador de plan presupuestario”. A partir de aquí, habrá que ver si tiene algún apoyo parlamentario más, y sobre todo, cómo financia el incremento de gasto público, respetando -o no- los límites de déficit. De hecho, sigue pendiente la decisión de con qué límite de déficit enviará el borrador a Bruselas…
La presión sobre los ingresos se incrementa cuando, de momento, en materia de impuestos, todo han sido globos sonda. De hecho, los impuestos previstos en el documento firmado entre Podemos y el PSOE no recaudarán lo suficiente para pagar el incremento de gasto, ya que sus principales ocurrencias fiscales están descafeinadas o directamente se han caído. Hoy nos enfrentamos todos a mucha más incertidumbre económica que ayer, porque definitivamente el PSOE ha dejado la Hacienda Pública española en manos del populismo.
Ya no sólo estamos ante incertidumbre económica -que también, y mucha-, sino simplemente contable: con estos mimbres no hay forma de cuadrar unas cuentas, ni mucho menos de gobernar. No es tiempo de Presupuestos, es tiempo de elegir un Gobierno que pueda gobernar. Es tiempo de elecciones.
*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de Presupuestos del Congreso.