A Bruselas no le van a gustar los Presupuestos Generales del Estado pactados entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. En particular, porque todo apunta -la ministra de Hacienda, María Jesús Montero no ha querido dar los datos- a que el esfuerzo de reducción del déficit público será inferior al comprometido, con un fuerte aumento del gasto público (que la formación morada cifra en más de 5.000 millones de euros) y nuevos impuestos con recaudación incierta.
Y es que España sigue siendo el país de la UE con mayor desfase presupuestario (el 3,1% en 2017) y el único sujeto a un procedimiento sancionador por déficit excesivo. También inquietan medidas concretas incluidas en el plan presupuestario, como vincular las pensiones a las subidas del IPC o el gran incremento del salario mínimo, que ya fueron censuradas la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, es muy improbable que la Comisión Europea vaya a tumbar los Presupuestos de Sánchez, como ha reclamado este jueves el líder del PP, Pablo Casado. Un escenario que no ha ocurrido nunca hasta ahora con ningún país. Y que podría pasar por primera vez en las próximas semanas, pero no con España sino con Italia.
Desafío al Ejecutivo de la UE
El Gobierno populista de La Liga de Matteo Salvini y el M5E de Luigi di Maio ha desafiado al Ejecutivo comunitario y ha dinamitado las reglas de la UE con unos Presupuestos que disparan el gasto público y triplican el déficit comprometido. En contraste, el Gobierno español garantiza, al menos de boquilla, que respetará las normas comunitarias, aunque quiera exprimir al máximo sus márgenes de flexibilidad, estirarlas al límite, hasta su punto de resistencia. La Comisión no puede permitirse dos guerras simultáneas con los dos grandes países del sur de Europa.
"Las situaciones de España e Italia son muy diferentes. El crecimiento es mucho más alto en España, la deuda y el déficit están ya en una senda decreciente. Además, la relación del Gobierno italiano con Bruselas es muy conflictiva, les da igual saltarse las reglas. En contraste, el Gobierno español quiere demostrar que intentará cumplir las normas, que la deuda y el déficit seguirán reduciéndose, aunque sea menos de lo que la Comisión querría", explica a este periódico Grégory Claeys, experto en política europea del think tank económico Bruegel.
Tomás Serrano
De momento, Bruselas guarda silencio sobre el acuerdo entre Sánchez y Podemos. "La Comisión examinará los planes presupuestarios para 2019 de todos los países de la eurozona, incluyendo España, una vez que se hayan presentado formalmente el 15 de octubre y antes de finales de noviembre", ha dicho a EL ESPAÑOL un portavoz. El Ejecutivo comunitario ni siquiera levantó la voz cuando la ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció unilateralmente en julio la revisión al alza de la senda de déficit. Una indulgencia que contrasta con las críticas abiertas a Roma desde el primer día que anunció que elevaba el déficit al 2,4%.
Medidas criticadas
En la presentación del acuerdo con Podemos, la ministra Montero ha evitado desvelar datos fundamentales. Todavía no se conocen las previsiones de crecimiento en que se basa el plan presupuestario, o la senda de déficit que pretende seguir el Gobierno. Tampoco se sabe en qué medida las subidas de impuestos anunciadas cubren el aumento del gasto público previsto, uno de los parámetros a los que más atención prestará Bruselas. Lo que está claro es que tanto a la Comisión como al FMI les preocupa que Sánchez relaje los esfuerzos de reducción del déficit, y así lo han hecho saber en sus últimos informes.
"España debe proseguir la consolidación fiscal con el objetivo de garantizar una reducción decisiva de su ratio de deuda pública y construir los colchones presupuestarios necesarios para superar cualquier posible shock negativo", señala el último informe de los inspectores de la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) que visitaron Madrid el 4 y el 5 de octubre. Es decir, hay que aprovechar los todavía buenos tiempos actuales para acumular reservas de cara a la próxima crisis, que podría llegar antes de lo previsto.
Varias de las medidas pactadas con Podemos fueron expresamente rechazadas en el informe sobre España que publicó la semana pasada el FMI, cuyas evaluaciones suelen coincidir con las de Bruselas. En particular, la decisión de ligar las pensiones a la subida del IPC, que según el organismo dirigido por Christine Lagarde pone en riesgo la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La Comisión también ha avisado reiteradamente de los riesgos de revertir las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.
Subida de impuestos
"Subidas fuertes en el salario mínimo legal -como la que ha anunciado el Gobierno- podrían poner en riesgo las oportunidades de empleo de los jóvenes y los trabajadores poco cualificados", alertaba el informe del Fondo. También pedía cautela con los aumentos de impuestos porque podrían tener un impacto negativo sobre el crecimiento y crear distorsiones económicas. Y avisaba del riesgo de sobreestimar la recaudación real que pueden generar las nuevas figuras impositivas.
Algunas de ellas serán bien recibidas en Bruselas. En concreto, la tasa a los gigantes tecnológicos y la tasa a las transacciones financieras, ya que ambas se basan en propuestas legislativas presentadas por la Comisión, aunque hasta ahora ha sido imposible llegar a un acuerdo en la UE. También caerá bien en la UE el anuncio de más inversión en I+D+i, una de las carencias que señalan sistemáticamente los informes europeos sobre la economía española.
Italia y el riesgo de contagio
El calendario de Bruselas para las próximas semanas es el siguiente. Todos los países de la eurozona están obligados a remitir a Bruselas sus planes presupuestarios para 2019 como muy tarde el próximo lunes 15 de octubre para que sean evaluados. Esta práctica se instauró en 2013 para prevenir nuevas crisis de deuda como la que estuvo a punto de hacer estallar el euro. El objetivo es coordinar las políticas económicas de los Estados miembros y detectar de forma temprana desfases presupuestarios que pongan en riesgo la estabilidad de la eurozona en su conjunto.
En caso de que la Comisión considere que los Presupuestos de un país incumplen descaradamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, enviará un primer aviso en una semana (es decir, alrededor del 22 de octubre). Si el Gobierno en cuestión no reacciona y no corrige voluntariamente sus cuentas, el siguiente paso es que Bruselas las rechace y pida otras nuevas. Para ello dispone de un plazo máximo de 15 días desde la presentación de los planes presupuestarios (aproximadamente el 29 de octubre).
Este parece ahora el escenario más probable para Roma. De materializarse supondría un choque sin precedentes entre Bruselas y un gran Estado miembro, cuyas consecuencias asustan a los mercados y también al Eurogrupo. El vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, le ha dicho este jueves al Gobierno italiano que aún está a tiempo de rectificar. "Nadie quiere una nueva crisis económica o inestabilidad en los mercados. Sería muy malo para los ciudadanos italianos y los otros países que puedan sufrir un contagio", ha avisado.
¿Aprobado raspado o necesita mejorar?
Para los Presupuestos que pasen esta primera criba, entre ellos previsiblemente los de España, la siguiente cita llega el 8 de noviembre, fecha en que Bruselas publicará sus previsiones económicas actualizadas. Una revisión a la baja del crecimiento de España, como acaba de hacer el FMI, dificultaría cumplir los objetivos de déficit.
Los dictámenes sobre los planes presupuestarios se publicarán alrededor del 21 de noviembre. Hay tres notas posibles: o bien cumplen las exigencias del Pacto de Estabilidad (el equivalente a un notable o sobresaliente); o las cumplen "en líneas generales" (aprobado raspado); o presentan un riesgo de incumplimiento (suspenso o necesita mejorar).
¿Qué nota le pondrá la Comisión a las cuentas de Sánchez? Bruselas calificó con un suspenso todos los presupuestos que evaluó del Gobierno de Rajoy, salvo los de 2018 que recibieron un aprobado raspado. De hecho, la UE estuvo a punto de multar a España por desviarse del objetivo de déficit de 2015. El nuevo Ejecutivo cuenta con la ventaja de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, que trabajó 12 años como alta funcionaria en la Comisión Europea, se conoce a la perfección las reglas presupuestarias de la UE, todos los márgenes de flexibilidad que ofrecen y cómo explotarlos. Pero todo apunta a que las malas notas serán similares a las del anterior Gobierno.