La juez de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez Martínez, ha iniciado una nueva investigación sobre los ERE de la Junta de Andalucía para analizar si otras consejerías del Ejecutivo del PSOE utilizaron durante una década el sistema con el que se malversó dinero público eludiendo todos los controles administrativos de gasto.
La nueva acción judicial tiene un radio superior a la anterior y superaría cifra del primer caso ERE, 855 millones de euros, alcanzando los 3.500 millones.
La instructora ha dado un plazo máximo de 45 días a la Consejería de Economía y Hacienda para que remita la certificación de "todas las transferencias de financiación de explotación o de capital" desglosadas por "Consejerías, anualidades y aplicaciones presupuestarias durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011".
La juez quiere así demostrar si el fraude sobre el dinero de los ERE, según informa ABC, contaba con estructura dentro de la Junta. Ordóñez Martínez sustituye a la jueza María Núñez Bolaños, apartada temporalmente del caso mientras se resuelve una recusación planteada por los letrados del PP andaluz.
La investigación llevaba dos años paralizada y formaba parte del Caso Transferencias de Financiación.