El Partido Popular está dispuesto a boicotear los Presupuestos Generales del Estado y utilizará todos los mecanismos que tiene a su alcance para evitar que el Parlamento tramite las cuentas públicas. Fuentes del partido conservador reconocen que solicitarán a la Mesa del Congreso que no admita a trámite este proyecto de ley por ser, a su juicio, "ilegales".
Con este movimiento y el beneplácito de Ciudadanos, el PP pone en serios aprietos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, cuya posición en este órgano rector debe ser imparcial y evitar la confrontación partidista. PP y Cs suman mayoría en la Mesa y, por lo tanto, una alianza de las dos formaciones podría tumbar las cuentas antes incluso de debatirse. Un hecho insólito en el parlamentarismo español.
Los conservadores intentan ser prudentes y circunscriben al borrador que el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas como un texto "ilegal" porque contempla una senda de déficit del 1,8% a pesar de que Sánchez no la aprobó previamente en el Congreso, un paso previo necesario para aprobar posteriormente las cuentas.
Si finalmente el PSOE consigue superar el trámite en el Congreso, el PP está dispuesto a hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para boicotearlos una vez que las cuentas públicas lleguen a la Cámara Alta. El portavoz del PP en la cámara de representación territorial, Ignacio Cosidó, reconocía este viernes que su Grupo Parlamentario estudiará la posibilidad de recurrir las cuentas al Tribunal Constitucional si llegan tal y como están ahora porque el texto, insiste, es "ilegal". De hecho, reconoció que sentía "dudas" sobre si la Mesa del Congreso ya debe admitirlos a trámite porque, como insiste el PP, "primero hay que aprobar el techo de gasto y después los Presupuestos".
El Gobierno de Sánchez mantiene que no es un paso imprescindible para aprobar los Presupuestos porque sus cuentas de 2019 están basadas en la senda de déficit que aprobó el PP, el del 1,3%. Los conservadores, sin embargo, piensan lo contrario: que es una condición innegociable y, por lo tanto, no haberlo hecho invalida las cuentas de Sánchez.
La respuesta del Gobierno
Moncloa se ha adelantado ya a la maniobra que ya ha deslizado el PP. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, deslizó tras el consejo de ministros que "cómo es posible que la Mesa, que es un órgano de naturaleza jurídica, actúe políticamente". A su juicio, esa actuación supondría "entrar en las actuaciones institucionales del Congreso y del Senado, que son dos instituciones. Las Mesas forman parte de esas instituciones".
Celaá afeó a la oposición que "cuando se quiere perjudicar al Gobierno se perjudica la reputación jurídica de ambas Cámaras y están imposibilitando la capacidad del Gobierno para hacer prosperar la ley de Presupuestos, que es la ley que representa las políticas de un Gobierno".
Tampoco Bruselas se los cree
Fue Ciudadanos el primer partido que tildó las cuentas públicas que Sánchez envió a Bruselas de "ilegales" por plantear una senda de déficit del 1,8% a pesar de que el PSOE no la aprobó antes en el Congreso. De hecho, Albert Rivera calificó de "fake" el documento que España envió a Bruselas el lunes con el argumento de que se elaboró con la senda de déficit del 1,8% que autorizó la Comisión Europea pero que bloqueó el Parlamento.
Este viernes por la tarde, era Bruselas quien no se creía los Presupuestos para 2019 pactados por el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos: ve un aumento excesivo del gasto público, duda de que vayan a cumplir el objetivo de déficit prometido y teme que el desfase empeore durante su tramitación parlamentaria. La Comisión Europea ha enviado este viernes a última hora su carta de advertencia formal a Madrid y reclama una respuesta con explicaciones antes del lunes.