La crisis migratoria que está sufriendo el sur de Europa ha provocado una creciente preocupación en el Gobierno de Emmanuel Macron y el aumento de los controles en la frontera española. En lo que llevamos de año, Francia ha impedido pisar su territorio a 10.500 personas sin papeles procedentes de Marruecos, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2017. El año pasado, Francia rechazó a 11.400 inmigrantes.
La mayor presión se observa en los pasos fronterizos del País Vasco, ya que en el departamento de los Pirineos Atlánticos el incremento con respecto al mismo periodo de 2017 ha sido del 62%, según el departamento de Interior vasco. En el Puente de Santiago (Irún), uno de los puntos colindantes entre España y Francia, se han producido en las últimas horas, al menos, dos devoluciones de inmigrantes.
Imágenes difundidas por ETB muestran a la Germandería francesa identificando a los indocumentados en la frontera y, posteriormente, transportándolos a territorio español sin ningún tipo de escolta o contacto con la Policía Nacional y en una furgoneta sin distintivos oficiales. Algo que contradice los procedimientos "en asociación con las autoridades españolas y conforme a la reglamentación en vigor en el espacio Schengen" que argumenta el Ministerio del Interior de Francia.
Por su parte, los inmigrantes denuncian que no son casos aislados y que las devoluciones de la policía francesa son constantes, sobre todo los fines de semana.
Superados por el fenómeno
El delegado del sindicato policial francesa, Frédéric Ivanier, que trabaja en la frontera de Hendaya, ha afirmado en declaraciones a Le Figaro que se ven "superados" por ese fenómeno y que mientras "hace cuatro o cinco años se nos pedía que detuviéramos al menos a 15 irregulares al mes por equipo, ahora hay 15 arrestos de clandestinos por hora".
Francia ha tenido múltiples fricciones con Italia, especialmente desde la llegada del nuevo Gobierno y del ministro del Interior, Matteo Salvini, por los controles que realiza en la frontera común. En particular por el uso de procedimiento supuestamente irregulares para expulsar a inmigrantes que acaban de entrar a su territorio.