El Vaticano no tardó ni veinticuatro horas en desmentir al Gobierno español. Poco después de que la vicepresidenta, Carmen Calvo, confirmara en los pasillos del Congreso haber alcanzado un acuerdo con el Papa para evitar la inhumación de Francisco Franco en La Almudena, la Santa Sede negó la mayor: de eso nada.
Jorge Bergoglio sí ha exteriorizado que no se opondrá al desentierro en el Valle de los Caídos, pero no mediará en la elección del nuevo destino. Por tanto, la Iglesia española se ha convertido en el único actor que puede evitar la llegada del dictador a los subterráneos de la catedral de Madrid. Según ha sabido este periódico, la Conferencia Episcopal teme decir "no" a los Franco y ser corregida en los tribunales.
Un portavoz autorizado relata a EL ESPAÑOL que las indagaciones jurídicas de los eclesiásticos ilustran una posibilidad nada desdeñable de que los tribunales revoquen la negativa a los descendientes del general africanista. Por eso esta opción, a día de hoy, no se encuentra sobre la mesa. En el arzobispado madrileño conciben que el presidente Sánchez intenta endosarles "un problema que no es suyo".
La tensión ha sacudido los cimientos de la Iglesia española desde que los Franco apostaron por La Almudena como nueva ubicación. Con la quiniela inicial -el camino iba a ser Valle de los Caídos-Cementerio de El Pardo- los sacerdotes respiraban tranquilos. Ahora, son conscientes de que las peregrinaciones franquistas serán inevitables mientras dure el impacto de la noticia. Tal y como reveló este diario, el arzbobispo madrileño, Carlos Osoro, se muestra contrario en privado a la acogida de Franco, pero de momento se pliega a la opinión dictada por la Conferencia Episcopal: "La familia dispone de un nicho y debemos acogerlo como un cristiano más".
Entrados los ochenta, los Franco se hicieron con una lápida con capacidad para cuatro féretros en la cripta de La Almudena, que cuenta con su propio culto. Se trata de una parroquia distinta a la de la catedral. El espacio perteneciente a los nietos del dictador, casualmente, se encuentra junto al altar. Allí ya esperan orquídeas frescas al dictador. La Fundación Franco, por otro lado, prepara una movilización con su liturgia correspondiente para el día de la mudanza.
El símil con las misas del 20-N
La Iglesia traza un símil entre la inhumación en La Almudena y las misas celebradas el 20-N: "Mientras no se conviertan en un acto político, nosotros estamos obligados a celebrar los sacramentos por cualquier alma cristiana". Además, la negativa a los Franco, insisten las fuentes consultadas, es muy arriesgada también en términos jurídicos, más allá de lo ideológico.
¿Realmente permiten el derecho canónico y el ordinario cerrar La Almudena a los propietarios de un nicho? ¿No es peor jugar la carta en contra y luego recibir el varapalo de la Justicia? Estas preguntas capitalizan el debate en la Iglesia española después de que Roma haya confirmado que no intervendrá en la elección del destino.
En ese "problema" que, a ojos del sacerdocio, les endilga el Gobierno juegan un papel fundamental las relaciones mantenidas entre el régimen franquista y los obispos desde 1936 hasta 1975, lo que acuñó el nacionalcatolicismo. Sánchez pretende situar a la Iglesia al borde del abismo, generando en su seno interno la siguiente disyuntiva: o acoge a Franco y vuelve a hincar la rodilla ante la dictadura; o le cierra las puertas y se separa definitivamente de él.
Los obispos prefieren obviar este empujón y rechazan afrontar el debate con esas coordenadas. "Deben gestionarlo entre el Gobierno y la familia. Nosotros no debemos intervenir".
Pedro Sánchez se ha comprometido a sacar a Franco del Valle de los Caídos antes de que muera 2018. A falta de dos meses de esa fecha, no existe ninguna novedad que haga probable el pronóstico. Ni siquiera ha habido una reunión formal entre los benedictinos -que gestionan la Basílica de Cuelgamuros- y el Gobierno.