Minutos después de que Enrique Tenreiro (Coruña, 1969) profanara la tumba de Franco al grito de "por la reconciliación entre los españoles", monjes de la abadía benedictina cubrió la lápida con una sábana. Y en menos de veinticuatro horas borraron la paloma de la paz grafiteada en rojo.

Nunca había ocurrido algo parecido en la basílica del Valle de los Caídos: la fecha del 31 de octubre de 2018 queda marcada así en el calendario. Desde 1975, fecha del entierro, el mayor ataque había consistido en "algunos escupitajos", tal y como indican desde la orden de San Benito. Los religiosos que hoy viven en Cuelgamuros, en conversación con este periódico, no recuerdan un episodio similar.

El julio del año pasado, un arqueólogo, Alfredo Ruibal, fue expulsado del templo por retirar unas flores que alguien había dejado a Franco. Aquel revuelo y los escupitajos eran hasta este miércoles -y en más de cuarenta años- los únicos sucesos en torno al altar de la Basílica.

"Ya está todo limpio. Habrá denuncias", relata un monje residente en el Valle de los Caídos. La basílica dispone de su propio personal de seguridad. Tardaron casi un minuto en percatarse de que Tenreiro estaba dibujando sobre el nicho del dictador. Un vigilante lo interceptó y, según una testigo, le llamó "payaso". La Guardia Civil lo identifico y lo detuvo tras personarse en el mausoleo. Él, ya fuera de cámara -un fotógrafo captó el instante-, dijo: "Franco mató a mucha gente".

Un día después de pronunciarse el Vaticano

Tenreiro se define como escultor y hasta esta semana su nombre había quedado circunscrito a los círculos gallegos, principalmente a La Coruña, su ciudad natal. Esta profanación suscitó opiniones sin grises en las redes sociales. Unos  calificaron de héroe a su autor y otros, de vándalo. Patrimonio Nacional, propietario de los terrenos, se encarga de la tutela del Valle, salvo en términos religiosos. Ahí mandan los benedictinos. 

Lo que Tenreiro llama "performance" llegó sólo un día después de que el Gobierno fuera desautorizado por el Vaticano. La vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguró haber alcanzado un acuerdo con la Santa Sede para evitar la llegada del dictador a La Almudena, pero la Curia respondió con un comunicado desmintiéndolo.

Agotadas las negociaciones con la familia, la iglesia española y el Vaticano, Pedro Sánchez tratará ahora de interpretar la ley de la Memoria Histórica de modo que le permita vetar la inhumación en la cripta catedralicia. Un extremo que dará ocasión a los Franco de recurrir en los tribunales.

En concreto, el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica reitera que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". El texto matiza que esta premisa no será de aplicación "cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado". Y esa coletilla podría abrir un debate jurídico.

Del mismo modo que los benedictinos arguyen que la exhumación de Franco no puede hacerse sin su consentimiento -ellos ostentan el usufructo de la basílica-, el arzobispado madrileño podría oponerse a la intervención del Gobierno en algo que se enmarca en el interior de un templo.

Los entresijos legales obstaculizan el objetivo de Pedro Sánchez: trasladar a Franco antes de que acabe 2018. Primero insinuó que lo haría este verano, luego retrasó la fecha a diciembre. Ahora, quizá tenga que volver a posponer la fecha en el calendario. En los pasillos del Congreso, hasta sus socios de Unidos Podemos, que le han apoyado en su proyecto de Memoria Histórica, se muestran "pesimistas".