El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto Ley con el que pretende clarificar que serán las entidades financieras y no los clientes quienes paguen el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (IAJD). El cambio normativo se publicará el viernes en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el sábado, un día después de su publicación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en rueda de prensa que los bancos no podrán deducirse el gasto en el impuesto sobre sociedades. Para evitar que los bancos abusen en las cláusulas de las nuevas hipotecas, el Gobierno creará a través del ministerio de Economía una autoridad para que defienda al cliente de que los bancos puedan imponerle cláusulas abusivas a partir de ahora al firmar una hipoteca. "Es una figura que velará por el derecho de los consumidores y prevendrá que se introduzcan cláusulas abusivas", añadió.
En su exposición, la ministra portavoz, Isabel Celaá, afirmó "con toda contundencia y claridad que el IAJD lo abonará el banco. A continuación, la ministra de Hacienda descartó eliminar el impuesto en un futuro por su contribución a las arcas públicas. "Es un impuesto que aporta 2.000 millones de euros a las comunidades, que son las responsables de proveer a la sanidad, educación, acceso a la vivienda... necesitan recursos para poder hacer efectivo estos derechos".
A partir del sábado: Paga la banca
Celaá también ha explicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha solicitado la tramitación de urgencia de la ley de contratos de Crédito Inmobiliario que ahora está en el Congreso para que pase al Senado y así se regule "en veinte días" la seguridad de aquellos usuarios que firmen sus hipotecas, cumplir con la exigencia de la transposición europea y evitar cualquier multa.
Las dos ministras han coincidido en el diagnóstico de que el Ejecutivo ha tomado estas medidas para "devolver la certidumbre a los ciudadanos" después de que el Tribunal Supremo cambiara de opinión y forzara a que fueran los clientes y no los bancos quienes pagaran el polémico impuesto. "Ante este escenario, el Gobierno actúa con responsabilidad y desde sus competencias. Primero, mandando un mensaje de tranquilidad a los miles de ciudadanos perjudicados. Segundo, asumiendo estas competencias", destacó la ministra Montero.