El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Comité Federal del PSOE que "antes de que termine el mes" llevará al Consejo de Ministros la reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos a políticos. La primera vez que anunció el fin de este privilegio para sus señorías fue en septiembre. En un principio, Moncloa quiere que este cambio solo afecte a cargos públicos por hechos que nada tengan que ver con su actividad política. 

En un principio, el Gobierno deslizó la idea de que esta modificación solo afectará a altos cargos, a diputados y senadores y a los miembros que compone el Gobierno. El objetivo es acabar con el privilegio que supone que los políticos sean juzgados por un tribunal especial, distinto al que juzga a los ciudadanos, por delitos que nada tengan que ver con la actividad que desarrolla. 

Si los planes del Ejecutivo se cumplen, Sánchez aprobará la medida, que obliga a modificar la Constitución, en el Consejo de Ministros del 16, 23 o 30 de noviembre. Una vez que el Gobierno le dé el visto bueno, la medida debe pasar obligatoriamente por el Parlamento. Cualquier reforma de la Carta Magna necesita el apoyo de tres quintos de la Cámara, por lo que el PSOE necesita consensuar la modificación exacta que pretende llevar a cabo con el Partido Popular, que siempre se ha mostrado reacio a introducir cambios en la Constitución. Podemos siempre ha mostrado su simpatía por abrir esta cuestión, aunque siempre se mostró a favor de que hay que aprovechar una reforma constitucional para abordar otros asuntos de mayor envergadura.  

Sánchez ha hecho el anuncio de este nuevo propósito en la presentación de los candidatos del PSOE a las elecciones de 2019. "Vamos a ser la primera fuerza política en las elecciones europeas, en las municipales y en las autonómicas", animó el jefe del Ejecutivo antes de sacar pecho de todos los cambios implementados en los 150 días que lleva en Moncloa: "Hemos luchado contra la explotación laboral, hemos subido a 900 euros el Salario Mínimo Profesional, hemos defendido a los trabajadores autónomos y tenemos un compromiso con los jubilados, a quienes blindaremos las pensiones, que se revalorizarán con el IPC en 2019". El presidente hizo mención también al cambio legislativo que ha ejecutado su Gobierno para que sea  la banca y no los clientes los que paguen el impuesto cuando se contrata una hipoteca. "La sociedad española fue solidaria con la banca. Y la solidaridad es recíproca". 

En un cónclave en el que faltaron destacados dirigentes autonómicos como Susana Díaz (Andalucía), Javier Lambán (Aragón) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura), el presidente estuvo arropado por más de medio gabinete. En primera fila se sentaron la vicepresidenta, Carmen Calvo; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; la de Defensa, Margarita Robles; la de Industria, Reyes Maroto; la de Sanidad, María Luisa Carcedo y la de Justicia, Dolores Delgado, además del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Cultura, José Guirao.