Los funcionarios de prisiones han retomado este sábado la huelga como medida de presión para que se atiendan sus reivindicaciones laborales y salariales y han iniciado un paro de cuatro días que secundan en su primera jornada el 65% de los trabajadores, según datos de Instituciones Penitenciarias.
La huelga está convocada por las cinco organizaciones sindicales -CSIF, Acaip, CCOO, UGT y CIGA- que ya protagonizaron dos jornadas de paro en octubre y que siguen denunciando que han sido "engañados" por el Gobierno con promesas no cumplidas de aumentos salariales.
A la espera de que concluya la entrada del turno de tarde, fuentes de Instituciones Penitenciarias han apuntado a Efe que el seguimiento de la huelga se sitúa en el 65 %, mientras que CSIF lo eleva a cerca del 90% y Acaip hasta el 100%, un "éxito", destacan desde ambas organizaciones sindicales.
En la primera jornada de huelga, celebrada el 24 de octubre, Instituciones Penitenciarias situó el seguimiento de la protesta en el 50,8%.
Los únicos incidentes reseñables registrados, según las fuentes de Instituciones Penitenciarias, son los retrasos en la entrada de los funcionarios en algunos centros al estar bloqueados los accesos por los piquetes informativos.
Las prisiones más afectadas por esos retrasos han sido las de Navalcarnero, en Madrid; y las de Puerto I y Puerto II, en Cádiz, pero la mayoría de los centros está funcionando con normalidad, según Instituciones Penitenciarias.
La adhesión a la huelga está siendo "un éxito similar al de octubre", destaca a Efe por su parte el portavoz de CSIF Prisiones, José Manuel Couso, quien califica de "leoninos" los servicios mínimos fijados de nuevo en esta ocasión.
Además de los retrasos en las entradas de los diferentes turnos, Couso apunta que se está viendo alterada la rutina habitual de las cárceles y que en varios centros, como el de Estremera o Aranjuez, se han visto afectadas las visitas de los familiares de los internos.
El objetivo de las dos jornadas de huelga protagonizadas en octubre y de las cuatro convocadas ahora en noviembre es exigir al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que "cumpla con lo prometido" y que se destine una partida de 123 millones de euros en el periodo 2019-2021 para la subida salarial de los 25.000 funcionarios de prisiones.
Los sindicatos esgrimen que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, les ofreció ese aumento - que supondría para cada funcionario 123 euros brutos más mensuales-, pero desde ese organismo se destaca que lo que se les presentó fue un estudio técnico sobre el que trabajar, que incluía la reforma de la clasificación de los funcionarios.