Los partidos que conforman el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos tienen un plan. El objetivo es revisar la historia reciente de España. La estrategia pasa por "no hablar de reconciliación, sino de justicia". Y los movimientos tácticos para lograrlo están marcados en sus proposiciones de ley y en los documentos oficiales tanto de Podemos como de Izquierda Unida.
En la iniciativa bautizada como Exhumar el franquismo, el partido de Pablo Iglesias propone una "actuación integral" sobre el mausoleo del Valle de los Caídos e incluirlo "en un plan de actuación relativo al turismo y la enseñanza" para "ubicar este lugar en el marco europeo del fascismo y el nazismo".
La iniciativa, coordinada por el líder Anticapitalista del partido morado, Miguel Urbán, daría la vuelta al simbolismo del conjunto para asimilarlo al campo de exterminio nazi de Auschwitz o al cementerio de Benito Mussolini en Predappio, la localidad natal del Duce.
La formación liderada por Alberto Garzón, por su parte, reclama que por ley un juez pueda decidir qué publicaciones, libros o periódicas, deben ser sacadas de la circulación e incluso destruidas por no adecuarse a su concepto de memoria. Así consta en el la disposición adicional segunda de su "Proposición de Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición".
El texto, registrado en el Congreso el pasado 29 de junio, es un ingente trabajo legislativo, aunque mira el periodo histórico entre los años 1936 y 1983 desde un solo punto de vista.
De Memoria Histórica a "memoria democrática"
Y es que el revisionismo histórico bautizado ahora como "memoria democrática" forma parte del acervo de los españoles desde aquella ley de 2007 en la que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero reabrió el melón de la Transición. Quizá un poco antes, cuando el 17 de marzo de 2005 se celebró, de noche y a la vez, el final y el principio de algo: toda la clase política y periodística se reunía para celebrar los 90 años de Santiago Carrillo mientras 500 metros más abajo una grúa levantaba la estatua ecuestre que aún tenía Francisco Franco junto a los Nuevos Ministerios del paseo de la Castellana.
Lo ordenó el presidente en persona, sin ir de la mano del líder de la oposición, Mariano Rajoy, a cuyo partido descolocó y empujó una reacción con la que lo retrotraía a aquella Alianza Popular fundada por el exministro franquista Manuel Fraga, de la misma generación -de la guerra y la dictadura- que Carrillo.
Un valle sin caídos y con turismo
El caso es que la pretensión de Podemos busca reunir el actual Valle de los Caídos en una red de turismo antifascista dentro de un "plan de actuación integral" con dos ejes: el de las víctimas y el de lugar.
Además de exhumar al dictador Francisco Franco y al fundador de la Falanje, José Antonio Primo de Rivera, de los "preeminentes" emplazamientos de sus tumbas en la basílica benedictina -e instar al Gobierno a que evite "que los nuevos emplazamientos del cuerpo del dictador se puedan convertir en un punto de peregrinaje del franquismo", los de Iglesias quieren desenterrar todos los cadáveres que hoy alberga el mausoleo.
Tras identificarlos uno a uno se conformaría "un valle sin caídos" clasificándolos en tres categorías: los muertos en la guerra, las víctimas de la represión franquista y los que fallecieron durante la construcción del conjunto monumental.
Respecto a la construcción en sí, Podemos prevé que el proyecto esté dotado de un presupuesto amplio. El necesario para hacer frente al "plan de actuación estratégico en materia de comunicación relativo al turismo" que convierta a este "lugar simbólico, icónico y único en un Parque Memorial" y lo articule "con otros lugares de memoria europeos y cuyo objetivo sea explicar qué pasó allí y qué fue la dictadura". Todo porque el partido de Iglesias teme el alza de la ultraderecha y busca "una herramienta de concienciación acerca de la gravedad del actual auge del fascismo en Europa".
"Destrucción de libros" por vía judicial
Por su parte, los socios de Podemos en el Parlamento, Izquierda Unida, incluyeron en su citada proposición de ley la posibilidad de que un juez o tribunal acuerde "la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte" que fomenten, promuevan o inciten al odio; o que nieguen, trivialicen o enaltezcan "los crímenes del fascismo".
Es más, cuando el delito cometiera online, a través de tecnologías de la información y la comunicación, "se acordará la retirada de los contenidos", e incluso si un portal difunde "exclusiva o preponderantemente" este tipo de contenidos "se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo".
Pero el riesgo de intervencionismo ideológico no queda ahí en el texto. El artículo 56 de la proposición de ley presentada por la formación de Alberto Garzón describe las políticas a aplicar sobre los medios de comunicación. Los públicos "tendrán la obligación y responsabilidad" de promover los valores que preconiza la ley.
Además, ordena el establecimiento de convenios con las televisiones y radios de titularidad estatal, autonómica o municipal para la producción de "contenidos que valoricen la recuperación de la memoria histórica de la Segunda República, la represión de la dictadura franquista, incluyendo la represión cultural y lingüística de las distintas nacionalidades del estado, y la lucha por las libertades".