Un juez venezolano asegura que Chávez financió partidos en España con operaciones que investiga Interpol

El Senado recibió este lunes al presidente del tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Miguel Ángel Martín Tortabú, juez de carrera desde 1985 y hoy exiliado en Washington a causa de la persecución del "régimen tiránico" de Nicolás Maduro Moros". Su comparecencia ante la Comisión de investigación de financiación de partidos políticos ha sido casi un alegato, jurídico y documentado eso sí, pidiendo ayuda a gritos ante la "tragedia inabarcable" que vive su país. Pero sí entró en detalles sobre aquello para lo que había sido citado: la supuesta "conexión venezolana" de la financiación de Podemos en los orígenes de este partido. 

"La fiscal general, Luisa Ortega", que también está en el exilio -ella en Bogotá-, "ya ha entregado a la Interpol un informe que entra en detalles muy concretos sobre los 1.000 millones de dólares entregados por el régimen chavista para fundar partidos en otros países, entre ellos España".

El magistrado Martín ha explicado cómo "todos los venezolanos veíamos en televisión al señor Pablo Iglesias y al señor Juan Carlos Monedero, porque Chávez era un histriónico y le gustaba presumir de ellos". El presidente del Supremo venezolano ha explicado que ambos fundadores de Podemos hicieron "labores de imagen" para la petrolera estatal PDVSA y para la propia campaña del mandatario.

El magistrado Martín Tortabú, en la Comisión de financiación de partidos políticos del Senado. ADP

Después ha detallado que parte de esos 1.000 millones fueron a parar, entre otros destinos, a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), germen de Podemos y vehículo que utilizaron Iglesias, Errejón, Monedero y otros para facturar algunos de sus trabajos en Caracas. "Claro, entonces no eran partido político, pero por eso hay que seguir la pista, y la Interpol está en ello".

"Tremendamente impresionado"

Quien le estaba preguntando era Luis Aznar, portavoz del Partido Popular en la comisión y quien quedó "tremendamente impresionado" por la revelación. Sin embargo, el juez Martín ha aclarado en varias ocasiones que sólo hace falta que España se decida a investigar. "Senadores de Estados Unidos, de Chile, de Colombia y de Brasil ya están impulsando esta investigación en colaboración", ha dicho.

Luis Aznar, senador y portavoz del PP en la comisión de financiación de partidos políticos en la Cámara Alta. ADP

De hecho, durante su comparecencia ha citado como ejemplos y posibles contactos para los parlamentarios españoles al senador Marco Rubio, exaspirante presidencial por el Partido Republicano, y en el corrillo que mantuvo después con los senadores citó al senador Álvaro Uribe, expresidente de la República de Colombia, y a su correligionaria Paloma Valencia, quien también compitió con el hoy presidente, Iván Duque, por la candidatura del Centro Democrático al Palacio de Nariño.

Martín ha instado a los senadores españoles a que tomen las riendas "porque éste es un Gobierno mafioso que forma parte de un entramado internacional". A lo que se refería es al llamado Foro de Sao Paulo, una entente entre la dictadura de los Castro en Cuba, el régimen bolivariano de Hugo Chávez de Venezuela y el por entonces aspirante a presidir Brasil, Lula da Silva, para impulsar la toma del poder en países de Latinoamérica "y de Europa también".

Un tribunal legítimo

Martín preside un Tribunal Supremo que ejerce en el exterior, pero que reivindica su legitimidad. "A nosotros, los 33, nos eligió la Asamblea Nacional". Claro que entonces era -y es, pese a su ninguneo por la dictadura- un Parlamento en manos de la oposición democrática, que el 6 de diciembre de 2015 logró por fin imponerse de una manera tal -dos tercios de los escaños- en unos comicios que el régimen no tuvo manera de manipular el sistema -"que está corrupto, eso también lo tenemos probado", advirtió el magistrado-. Inmediatamente, Maduro los destituyó, detuvo a varios de ellos y los que pudieron solicitaron asilo en países del entorno. Finalmente, lograron huir.

El juez Miguel Ángel Martín Tortabú atiende las preguntas de los senadores. ADP

"Ahora, investigamos las denuncias que nos hacen llegar los ciudadanos venezolanos, pero nada penal, claro, porque no estamos dentro del país". Se limitan, que no es poco, a investigar los crímenes de lesa humanidad, contra los derechos humanos y de corrupción transnacional del régimen.

"El problema es que la Justicia va muy lenta y los criminales muy rápido", ha dicho Martín, "y si el delito viaja de una país a otro, su persecución debe hacer lo mismo". Por esa razón, el TS venezolano en el exterior ha invocado la Convención de Palermo -de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada- para facilitar la colaboración entre sistemas judiciales y fiscales de diferentes países. "La Justicia debe ser más pragmática, porque aquí los delitos no se cometen en un solo país, son a la vez en varios", ha dicho.

Y es que el dinero, esos miles de millones de dólares "por ejemplo del caso Odebrecht", la enorme constructora brasileña, se justificaban por "enormes obras de ingeniería que luego nunca se han llevado a cabo", ha explicado. "El dinero venía de Irán, de China, de Venezuela, de Rusia..." Pero si las obras no se hacían, ¿dónde acababa ese dinero? "Se lo llevaban, los que nosotros llamamos 'boliburgueses' o 'bolichicos'". ¿Y qué hacían con él? "Se lo llevaban para su disfrute, pero ¡no se puede disfrutar tanto! El dinero es para conquistar el poder político".

Una de las conexiones televisivas entre Hugo Chávez y Juan Carlos Monedero en Venevisión. E.E.

El juez Martín ha descrito la compra de inmuebles enteros en Madrid y otras ciudades españolas. "Hacen la obra por dentro, con mármol de Carrara, pero lo dejan por fuera como estaba... nadie sabe qué obra se ha hecho, y luego venden a precios enormes". Así lavan el dinero estos "nuevos ricos" venezolanos "con contactos en el régimen".

El caso es que ese dinero, "les insisto, miles de millones de dólares", deja un rastro que precisa de la colaboración entre las Justicias de varios países. Y la española anda parada en este asunto. El magistrado se ha comprometido con el senador Aznar y la presidenta de la Comisión, Rosa Vindel, a hacerle llegar documentos "para estimularles a que impulsen la investigación". Ahora sólo falta que los parlamentarios la reciban y la comisión a la que habitualmente sólo acuden senadores del PP y de UPN sirva, quizás, para algo.