Gaspar Llamazares se revuelve, devuelve el golpe y exige una rectificación a los "insultos e injurias" de Alberto Garzón. En declaraciones a EL ESPAÑOL, el excoordinador federal de Izquierda Unida ha considerado inaceptable que su sucesor lo haya llamado "tránsfuga" e incluso haya augurado su expulsión de la formación de izquierdas después de que este sábado el aún portavoz de IU en el Parlamento asturiano presentara Actúa su nuevo partido político.
Llamazares acusa a Garzón de "haber diluido IU en Podemos" e incluso de "incumplir sus compromisos" y deberle dinero. Según fuentes cercanas a Llamazares la dirección de Izquierda Unida "incumple sus pagos" a la plataforma Izquierda Abierta que él lidera: "Nos debe dinero".
El otro Garzón, el exjuez Baltasar Garzón, fue quien acompañó al político asturiano este sábado en la puesta de largo de Actúa. Tras su expulsión de la carrera judicial -condenado por las escuchas a los abogados del caso Gürtel-, el que fuera magistrado estrella de la Audiencia Nacional -y número dos del PSOE en las elecciones de 1993 por Madrid- ha ejercido la abogacía. De hecho, su despacho Ilocad ha representado al comisario Enrique García Castaño en el caso Villarejo contra las "cloacas del Estado en el Ministerio del Interior". Pero ahora quiere buscar hueco en la política de nuevo.
Alberto Garzón, junto a Pablo Iglesias, en la reunión Rumbo 2020 de Podemos y sus confluencias.
Actúa pretrende concurrir a las elecciones europeas, municipales y parte de las autonómicas que se celebran el 26 de mayo de 2019, con el objetivo declarado de "aglutinar a la izquierda descontenta y desmovilizada" y de "frenar a Vox". Esa izquierda "desmovilizada" es la que, según señala Llamazares a este periódico, ha provocado la debacle de Adelante Andalucía el pasado 2-D. "En vez de analizar el resultado electoral" y responder a "la necesidad de rectificación de la política y las alianzas, amenazan con expulsiones". Llamazares acusa al socio de Pablo Iglesias de buscar "el enemigo interno como cortina de humo".
Niega las acusaciones
Actúa, que nació como plataforma política a principios de 2017, se transformó en partido político ese verano, aunque fuentes cercanas a Llamazares precisan que "no se trata de un partido político al uso, con militantes", y que por eso la dirección federal de IU no puede sancionarle. "No he pertenecido ni pertenezco a ninguna organización que haya competido electoralmente con IU", responde a este periódico el diputado regional asturiano, antes de precisar que "otros miembros de la dirección federal sí han competido" con la formación de izquierdas.
Llamazares ha sido siempre muy crítico con la política de alianzas diseñada por Alberto Garzón. Antes incluso de asumir la coordinación federal de manera oficial, el joven político selló el llamado pacto de los botellines con Iglesias para concurrir a las elecciones del 26-J de 2016 en coalición bajo la marca de Unidos Podemos. El político asturiano vaticinó un mal futuro a la confluencia y advirtió de que "en política, las sumas no siempre dan".
Errejón, minutos antes de intervenir en un desayuno informativo.
Lo mismo hizo Íñigo Errejón, por entonces número dos de Podemos. Ambos fueron criticados por sus formaciones y después defenestrados. Pero antes los resultados electorales les habían dado la razón: juntos IU y Podemos cosecharon un millón de votos menos que por separado y sólo la ley d'Hont los salvó de caer en escaños: lograron exactamente los mismos que el 20-D, seis meses antes, 71 diputados.
La amenaza y la respuesta
Ahora, la dirección federal de IU se acoge a la letra escrita de los estatutos vigentes de la formación para abrir la posibilidad de sancionar a Llamazares. En la mañana de este lunes, Garzón, líder oficial de Izquierda Unida desde junio de 2016, pero de facto desde mediados de la X Legislatura (2011-2015), anunció que "la dirección de la formación analizará los hechos", pero anticipó que "los estatutos de IU penalizan este tipo de actitudes". Es decir, anticipó la posible expulsión de Llamazares de Izquierda Unida.
Alberto Garzón atiende a los medios ante la mirada de Pablo Iglesias.
Llamazares contesta que él cumple "puntualmente" con sus compromisos "programáticos y económicos" como diputado en IU Asturias. Y acusa explícitamente a la dirección federal de lo contrario: "Sin embargo, ellos incumplen sus compromisos con Izquierda Abierta", la plataforma interna que él comanda.
Finalmente, el comunicado de IU prefirió ganar tiempo al constatar que, efectivamente, Llamazares aún no se ha presentado por otras listas. Así, la nota advierte de que se requerirá a los "compañeros y compañeras que han presentado el partido político Actúa" que aclaren "si permanecen en IU" o no, cosa que la dirección dice que "lamentaría".
La respuesta, eso sí, la deberá dar Llamazares de manera "inmediata" ya que, lo contrario le"situaría fuera del proyecto y la organización de Izquierda Unida". Es más, la dirección de IU "mandata al responsable de Organización la elaboración de un informe en el que se valoren las medidas a tomar".
Falta "muy grave", de la suspensión a la expulsión
Los estatutos, cierto, son taxativos en este aspecto y contemplan como una "falta muy grave" la conducta del político asturiano. Su artículo 27.3.f) tipifica así el hecho de "concurrir en candidaturas electorales, o realizar de forma pública y notoria campaña en apoyo de las mismas, cuando éstas se presenten en competencia con las legalizadas por IU o sus organizaciones territoriales federadas".
Y según la dirección de IU fue eso precisamente lo que hizo de manera pública Llamazares el pasado sábado. Congregar a más de 300 personas en el Auditorio de la sede de la UGT en Madrid para presentar las bases de su programa político de cara a los comicios de mayo de 2019. Las sanciones que prevén las normas internas de IU son por un lado, la medida cautelar de la "suspensión temporal de los derechos como afiliado/a". Y posteriormente, la consolidación de esta suspensión por uno o dos años "o la expulsión de IU y el cese durante el mandato de los órganos de los que fuera miembro".
En principio, la dirección tiene un periodo de tres meses para instruir un expediente y tomar la decisión definitiva, pero la intención de IU es la terminar con esta crisis cuanto antes.