Decía Steve Jobs, el fundador y CEO de Apple hasta su muerte en 2011, que no es trabajo del cliente saber lo que quiere: "No le puedes preguntar a la gente lo que quiere y empezar entonces a construirlo. Para cuando esté acabado, querrá algo diferente". No aprendió la lección ayer el Gobierno de Pedro Sánchez, como no la aprendió en su momento el Gobierno de Mariano Rajoy ni tampoco ninguno de los restantes Gobiernos de la democracia que han debido lidiar con el llamado "problema catalán", eufemismo con el que denominamos en España a ese viejo nacionalismo contra el que se construyó la UE.
Apenas habían pasado diez horas desde que el Gobierno central y el de la Generalidad hicieron público un comunicado en el que se aludía a "las demandas de la sociedad catalana" –como si todos los ciudadanos de la comunidad fueran independentistas– y en el que se apostaba por "una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana" –eufemismo de 'referéndum de autodeterminación no vinculante'– cuando los CDR convirtieron el centro de Barcelona en el escenario de una batalla campal que se alargó durante toda la mañana del viernes.
A quien no sabe adónde va ningún viento le es favorable y de ahí esas imágenes en las que puede verse a manifestantes independentistas peleándose entre ellos por el grado de violencia necesario para "la defensa de la república". En uno de los vídeos viralizados en las redes sociales puede verse a un grupo de CDR empujando unos contenedores de basura contra los Mossos. Otro grupo de manifestantes le afea la acción a los CDR y empuja los contenedores de vuelta a su posición original mientras acusa a los primeros de "infiltrados". La paranoia reina ya por doquier entre las huestes independentistas.
Es el reflejo callejero de la guerra civil entre facciones independentistas que se libra en la actualidad en el Parlamento autonómico catalán, en el palacio de la Generalidad, en las celdas de la prisión de Lledoners y en los platós de TV3. En otro de los vídeos grabados durante la jornada, un mosso d'esquadra se encara a un guardia forestal que intenta apaciguar los ánimos entre policías y manifestantes y le espeta la frase "si eres funcionario como yo, ¿por qué defiendes a estos hijos de puta?". El guardia le contesta "yo defiendo la república" y el mosso le replica con la frase estelar del día: "Qué república ni qué cojones. La república no existe, idiota".
Ni los nombres ni los 112 millones
Aún no se habían disipado las nubes de polvo de los bastonazos entre CDR y mossos d'esquadra cuando de una de ellas emergió la consejera de la Presidencia del Gobierno autonómico catalán Elsa Artadi para afearle al Gobierno de Pedro Sánchez su presencia en Barcelona. Era la enésima vez que lo hacía durante la última semana. Sólo unas horas antes, Artadi se había reunido con Carmen Calvo y Meritxell Batet en el Palacio de Pedralbes con un formato similar al que habrían utilizado los ministros de Macron y Merkel para debatir acerca de las políticas comerciales europeas postBrexit. "Para acuerdos menores quizá no hacía falta venir" dijo Artadi, antes de negarse a descartar "cualquier mecanismo [para alcanzar la independencia]".
Y eso después de haber obtenido de Pedro Sánchez una reunión "de igual a igual" con formato de cumbre entre Estados soberanos y retórica "bilateral". A Artadi le supo a poco el reconocimiento "de la plena dignidad del presidente Companys" por parte del Gobierno central. Una medida estrictamente retórica y sin mayor trascendencia práctica que, si algo consigue, es revivir el debate sobre el Franco catalán. Es decir sobre una de las figuras históricas más siniestras de la II República.
También le dejó indiferente a Artadi el cambio del nombre del aeropuerto de El Prat, que pasará a llamarse Josep Tarradellas. Algo, por otro lado, lógico: Josep Tarradellas es la némesis política e intelectual de la actual casta dirigente nacionalista. Sólo hay que leer lo que Tarradellas opinaba de Pujol durante los años del caso Banca Catalana para intuir lo que diría hoy de los Rufián, Junqueras, Sánchez, Torra, Puigdemont y Artadi. Es probable que se sintiera tentado de sumarse a los Mossos d'Esquadra para poder repartir bastonazos entre las elites nacionalistas.
Artadi desdeñó finalmente los 112 millones aprobados por el Consejo de Ministros de ayer para carreteras catalanas. Según la consejera catalana, se trata de obras ya previstas por los Presupuestos Generales del Estado y que acumulan una década de retrasos. Consumado el desprecio a lo que para el Gobierno catalán son bagatelas del Estado, Artadi defendió la actuación de los Mossos d'Esquadra durante el día de ayer, aunque no se ahorró el ya habitual capote a los CDR: "Algunos de los manifestantes que se han enfrentado a los policías podrían ser infiltrados". Por supuesto, de la Policía Nacional.
Las cartas de Sánchez
Nadie aprende en culo ajeno, pero la incapacidad de los distintos Ejecutivos de la democracia española para aprender de la experiencia catalana de sus predecesores en el cargo empieza a ser llamativa. Como ocurre con el comunismo, cada nueva generación de gobernantes, sean del PP o sean del PSOE, aterriza en la Moncloa convencida de que si la estrategia apaciguadora de sus antecesores falló con Cataluña en el pasado es porque no se aplicó correctamente. Con el suficiente tacto, con el necesario cariño, con el ángulo de genuflexión correcto.
Y así se nos va gastando la democracia en este país. Intentando contentar a un cliente que para cuando recibe la transferencia, el Estatuto, el préstamo del FLA o la competencia que decía desear hace unos años ya se ha encaprichado de un juguete nuevo: la reforma de la Constitución, el referéndum, la república o la libertad de los presos.
Sánchez cuenta, sin embargo, con una ventaja. La de que cualquier alternativa a él –es decir un Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox– será peor para el nacionalismo. Pero esa carta ya la tenía en la manga antes de aterrizar el jueves en Barcelona para desplegar todo su repertorio de reverencias hacia el nacionalismo. No hacían faltan tantas alforjas, en fin, para el viaje del alargamiento de la legislatura.