Si las próximas elecciones generales arrojan un resultado similar al de las andaluzas y Vox tiene la llave del Gobierno, Santiago Abascal exigirá “la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales” y la ilegalización de las “formaciones separatistas” a cambio de sus escaños. Esa es su “lista de prioridades”.

“El candidato a presidente deberá comprometerse ante notario, Parlamento y por escrito”, advierte Javier Ortega, secretario general de Vox y mano derecha de Abascal. “No entregaríamos la llave del Gobierno a alguien incapaz de asumirlo”, concreta. Esas condiciones de investidura las ha concretado en una entrevista con el suplemento periodístico “Azul oscuro, la sombra de la ultraderecha se cierne sobre Europa”.

Ortega plantea una modificación de la Ley de Extranjería en busca de “la devolución inmediata de los inmigrantes ilegales”, “acabar con sus subvenciones” y, así, “romper el efecto llamada”. “Ni vivienda social ni paguita; expediente de expulsión”, zanja Ortega en la mencionada entrevista.

El secretario general de Vox, también abogado e impulsor de la acusación contra los políticos presos separatistas,dice no estar de acuerdo con aquellos jóvenes que huyen de los países atacados por el ISIS: “Te tienes que quedar a defenderlo. Si una situación pone en riesgo la patria, hay que quedarse a pelear”.

En el caso de la ilegalización de los partidos independentistas, y repreguntado por la periodista, Javier Ortega enarbola la ley fundamental alemana como ejemplo y también menciona el caso de Portugal, donde –según explica– “no pueden presentarse a las generales aquellos partidos sin intereses nacionales”.

Más duros que en Andalucía

Las dos exigencias no son una sorpresa si se coloca en el espejo las cien medidas para España con las que Vox lleva haciendo campaña el último año, pero sí sorprende que vayan a ser condición sine qua non para investir un Ejecutivo de centroderecha. En Andalucía, en cambio, los requerimientos son de mucho menor calado. Se han comprometido a facilitar “el cambio” y dejarán para más adelante las cuestiones programáticas.

Vox mantiene con el Partido Popular una relación más cordial que con Ciudadanos. Casado apuesta por reabsorber a la militancia perdida: muchos dirigentes conservadores siguen considerando a los de Abascal una escisión de su partido. Rivera, en cambio, sitúa a Vox como una organización populista en el extremo, con la que no pactará ni a corto ni a largo plazo.

Por tanto, una hipotética negociación no sería nada fácil porque Rivera no está por la labor. Ciudadanos, en el caso de los partidos independentistas, apuesta por establecer un umbral del 3% del voto total nacional para obtener representación parlamentaria. Eso habría dejado fuera a todos los partidos nacionalistas tras los comicios de 2016. Casado sí ha mencionado la “ilegalización” y la circunscribe a retirar la financiación a las formaciones con acusados de rebelión o sedición. Algo que, a día de hoy, no afectaría a EH Bildu o PNV, dos organizaciones que sí incluye Vox en su exigencia.

A tenor de la encuesta publicada la semana pasada por EL ESPAÑOL, PP, Cs y Vox no sumarían los 176 escaños necesarios para gobernar. De celebrarse hoy las elecciones, alcanzarían 169. Pero la tendencia del centro derecha es al alza, y tanto Casado como Rivera o Abascal confían en sumar más que la izquierda. Si logran repetir las cifras andaluzas, Vox pondrá inmediatamente –palabras de Javier Ortega– sus condiciones, más duras sin duda de las que está planteando ahora en Andalucía.