La oportunidad que ofrece Andalucía para reconstruir el consenso constitucional

Aunque con un resultado notablemente mermado respecto a todas las anteriores elecciones, el PSOE repitió victoria en Andalucía. Su candidata ha reclamado este triunfo como un derecho y casi un deber de presentarse a la investidura. Sin embargo, ha sucedido después un hecho más notable de lo que supone la hegemonía del proyecto socialista que no ha sabido o no ha querido reivindicar.

Se trata del programa que este martes han presentado Partido Popular y Ciudadanos como eje de un posible gobierno “de cambio”. ¿Cómo es que el acuerdo de quienes precisamente quieren desalojarlo de la Junta puede ser valorado por el PSOE como algo positivo? La respuesta no está en la motivación que llevó a las otras dos formaciones a entablar conversaciones “contra el PSOE” sino en el contenido que ha resultado de esas negociaciones.

En efecto, las 90 propuestas constituyen un perfecto compendio de propuestas socialdemócratas. En España, dos partidos constitucionalistas, conservador uno y liberal el otro, que se sientan a definir una hoja de ruta para una legislatura acaban estableciendo un largo catálogo de extensión de servicios públicos y consiguiente aumento del gasto social. Hasta las escasas propuestas de moderadas reducciones de impuestos no se justifican por una apelación a un “Estado mínimo” sino que se busca la homogeneidad territorial (el perjuicio o agravio que supone que se apliquen tipos menores en otras comunidades autónomas), sin cuestionar que es necesaria una presión fiscal acorde con un amplio Estado del bienestar.

Y no es la primera vez que ocurre. Las 150 medidas que convinieron en 2016 estos dos mismos partidos para desbloquear la investidura de Rajoy seguían ese mismo patrón y de hecho muchas coincidían con las 200 que medio año antes habían rubricado Sánchez y Rivera en el “Pacto del Abrazo” de la interrumpida XI Legislatura.

¿Qué debe concluirse? Ni falta de imaginación, ni superioridad moral de unos ni otros, ni radical cinismo, ni siquiera debe asumirse la intención de no cumplir nada de lo prometido. Creo que la razón principal es que lo que se suele denominar (y en general elogiar) como “consenso constitucional” no se resume al momento fundacional de la Transición sino también a la larga consolidación de un modelo socioeconómico que arrancó en los Pactos de la Moncloa pero que sobre todo se hizo realidad y amplió durante las cuatro legislaturas de González como presidente. Cuando Aznar lo sucedió, aplicó obviamente su derecho de inventario y buscó presentarse como un gestor más eficaz y honrado, pero no cuestionó el paradigma: el Estado del bienestar contemporáneo había llegado para quedarse. El innovador adjetivo “social” que nuestra Constitución recogía en su primer artículo, al mismo nivel que “democrático” y “de derecho”, se había convertido en una realidad protegida en cientos de leyes y garantizada por unos presupuestos suficientes. Visto con perspectiva europea, se trata de un ejemplo de la crisis de la socialdemocracia explicada como un caso de “morir de éxito”.

Si se acepta este esquemático razonamiento, ¿cómo puede aplicarse a la intrincada situación actual? En primer lugar, no se debe pretender reducir las cuatro décadas de mayoría socialista en Andalucía a los réditos del clientelismo. Sin duda, tanta permanencia en el gobierno de un mismo partido habrá creado demasiados reductos en la administración poco acostumbrados a cambios ni a rendir cuentas, que en algunos casos habrán degenerado en casos de corrupción, pero probablemente la mayoría y más graves se encuentran ya en sede judicial y los votantes podrían haberlo penalizado más severamente. Si el PSOE ha seguido ganando aun con resultados mermados se puede explicar por el perfil socioeconómico y por el carisma de los distintos candidatos, pero también porque los socialistas se identifican con ese legado socialdemócrata –que además un sevillano lideró para toda España–, que los demás asumen pero no reivindican.

No obstante, debe tomarse conciencia de que ese Estado del bienestar como parte del consenso constitucional no es irreversible. Corre el mismo riesgo que si ignoramos el aire que respiramos por ser invisible y lo contaminamos irresponsablemente. La izquierda y la derecha dentro de ese espacio pueden pugnar por extender o limitar el alcance de las prestaciones, pero deben ser prudentes, manteniendo la voluntad de pactar, evitando acusarse desaforadamente de quebrar el sistema o desmontarlo.

Porque hemos visto que en los márgenes acechan los populismos y nacionalismos que o bien niegan la legitimidad y el ser mismo de la nación, o intentan insuflarle valores cargados de egoísmo, cuando no ambas cosas. Urge reconstruir esos puentes, máxime cuando el propio Gobierno de España se está sosteniendo en una inaceptable equidistancia donde se equipara la Constitución a la mera “seguridad jurídica”, sabiendo que en ese término los partidos golpistas hacen encajar su antidemocrático “derecho a decidir” y que de hecho en otros países resulta compatible con dictaduras y violaciones de derechos humanos.

El resultado de las urnas en Andalucía (recordemos: PSOE, 33 diputados; PP, 26; Ciudadanos, 21; Podemos, 17; Vox, 12) ofrece una auténtica oportunidad para que España inicie otra Transición. Esta sería mi propuesta, que sé que requiere superar recelos y desconfianzas, pero sin duda menores a las que vencieron hace cuarenta años quienes se habían disparado desde trincheras enfrentadas.

Creo que es un paso prescindible, pero tampoco debería ser un obstáculo para un posterior acuerdo, el permitir a la formación más votada optar la primera a la investidura, aunque Díaz debe asumir que será infructuosa. Ha pactado en las dos anteriores legislaturas con IU y con Ciudadanos, pero ahora ya no sumaría suficiente más que son su más directo contendiente que es el PP; así que la primera lección de las elecciones es efectivamente que ha llegado el momento de una alternancia, que debe producirse de manera leal entre constitucionalistas.

La líder socialista se equivocaría deseando que Vox tenga algún protagonismo en ese relevo, aunque sea por pasiva, para así reprocharles el asimilar a “las tres derechas” (que ante todo es el pretexto de Sánchez para amparar sus diálogos entre esas “tres izquierdas” donde entran hasta los nacionalistas conservadores). PP y Ciudadanos errarían intentando montar una causa general contra el PSOE que empañara todo el camino recorrido por la sociedad andaluza estos años.

Por el contrario, Díaz puede intentar reforzar el entendimiento constitucional haciendo ver que ese contenido del acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos supone en muy alto grado una adhesión al modelo construido por Andalucía estas cuatro décadas, aunque se pretendan cuestionar sus desviaciones. Por eso, puede ofrecer a Ciudadanos abstenerse (o incluso los suficientes votos positivos si acaso se opusieran otros partidos) para favorecer un ejecutivo naranja en minoría a cambio de que –sin perjuicio de la labor de los tribunales– la acción política del nuevo gobierno mire hacia delante. Sería un reflejo del apoyo constructivo que Ciudadanos prestó a Díaz para ser investida en 2015, que no supone un acuerdo de legislatura sino que los apoyos deberían buscarse después para cada votación.

Respecto a la Mesa del Parlamento, creo que lo más razonable es entender que se trata de un órgano esencialmente técnico, y que por ello debe reflejar lo más fielmente la representación en la cámara. No hay una fórmula matemática indiscutible, pero teniendo en cuenta el tamaño relativo de los grupos, el siguiente reparto creo sería plenamente justificable: presidencia, PSOE; vicepresidencias, PP, Ciudadanos y Podemos; secretarías, PSOE, PP y Vox.

Estos acuerdos creo que supondrían un esperanzador giro a la pobre e inestable situación política en que nos encontramos. Por un lado, permitir un gobierno “a la Borgen” cuando el primero no consigue suficientes apoyos y no está en condiciones de revalidar su mandato, pero el segundo polarice aún más, de manera que un tercero centrista sea la solución más aceptable. También alejar el fragor político de la interpretación cotidiana de las reglas del juego, intentando que las mesas de las cámaras legislativas tengan composiciones previsibles y no formen parte de los acuerdos para el ejecutivo. Y, de manera general, cuidar la interlocución entre constitucionalistas para olvidarse del nefasto “no es no” practicado desde diversas posiciones, y así lograr que los extremistas que buscan desagregar España tengan una influencia en nuestros destinos colectivos e individuales que no merecen.

*** Víctor Gómez Frías forma parte de 'Socialistas & Liberales' y es consejero de El Español.