Jaime Ignacio del Burgo, exdiputado del Partido Popular y doctor en Derecho, ha denunciado ante la fiscal general del Estado, María José Segarra, que el expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, está siendo víctima de una "situación radicalmente contraria a la ley". Del Burgo entiende que no está justificado que la jueza que instruye su causa mantenga la situación de prisión provisional a pesar de su enfermedad terminal y de las pocas probabilidades de que se fugue o destruya pruebas.

Refiriéndose al derecho a la Vida y la Integridad Física sin tortura recogido en el artículo 15 de la Constitución Española, Del Burgo afirma que "no cabe ninguna duda de que haber permitido que la salud del señor Zaplana se fuera progresivamente deteriorando hasta llegar a la extrema situación actual y mantenerlo en el Hospital prácticamente incomunicado, supone que al sufrimiento físico propio de la enfermedad se una un padecimiento moral tan profundo que no contribuye precisamente a mejorar su salud".

"Si viviéramos en otras épocas no dudaríamos en pensar que es una forma despiadada de tortura que pretende el derrumbamiento del encausado que con tal de salir de esa situación tan vejatoria, humillante y tóxica acabe por confesar lo que no hizo", escribe con dureza Jaime Ignacio del Burgo.

 Valoraciones de los médicos

En el escrito remitido al Ministerio Fiscal el excompañero de partido de Zaplana recuerda que tanto el médico que le realizó el trasplante de médula en el Hospital La Fe de Valencia como la Sociedad Española de Hematología han advertido de que si vuelve a la cárcel su vida correría grave peligro. 

Del Burgo ya remitió un escrito a la jueza María Isabel Rodríguez en el que denunciaba que Zaplana estaba siendo "víctima de una gran injusticia con grave riesgo para su vida" así como afirmó que "es inadmisible que se mantenga el secreto de sumario en una investigación que dura ya tres años".

Peticiones a la Fiscalía

Ante la falta de respuesta de la jueza, el exsenador pone ahora en conocimiento de la Fiscalía que Zaplana está pasando la mayoría del tiempo de hospitalización solo, sin poder recibir acompañamiento de su familia, y que se le ha negado la visita de un capellán.

De ahí que se dirija a la Fiscalía General del Estado -cuya misión es velar por la defensa de los derechos de los ciudadanos- para pedirle que solicite a la instructora que deje sin efecto la situación de prisión provisional de Zaplana.

Con independencia de esta medida, también insta al Ministerio Público a que solicite a la jueza que se apliquen las medidas de vigilancia necesarias para Zaplana en su domicilio, puesto que el internamiento en una prisión entrañaría graves riesgos para su salud. 

Del Burgo considera que la situación de Zaplana es contraria a la ley porque no se ha decidido continuar la prisión preventiva en su domicilio para no empeorar su enfermedad, como prevé el artículo 508 de la LeCrim. Por otro lado, considera que la medida de la prisión provisional no está justificada por el riesgo de fuga o destrucción de pruebas, que ya no existen a su juicio.

Además, según Del Burgo, el Tribunal Constitucional tiene decretado que no se puede prolongar indefinidamente el secreto de sumario y la instrucción del caso de Zaplana se inició en el año 2015.