El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha reiterado este jueves en el Congreso de los Diputados que no tiene ninguna confianza en la justicia española en la causa que está a punto de ser juzgada en el Tribunal Supremo por el 'procés' independentista, ni tampoco en el indulto que puedan conseguir los acusados si son condenados. Por ello, ha alejado la posibilidad de su regreso a España asegurando que ha recomendado al líder independentista huido en Bélgica que "aprenda el flamenco", la lengua de la zona de Flandes donde está afincado.
Así lo ha manifestado a los medios de comunicación a su salida de la Comisión de Justicia que estudia la reforma de la Ley de Indultos, en la que ha comparecido como experto por su condición de doctor en Derecho y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Durante su intervención se ha mostrado contrario a que se incorpore a la norma un listado de delitos por los que no se puede conceder esta medida de gracia, entre los que podrían estar el de rebelión o sedición, tal y como pretende el PP.
Preguntado por si ha recomendado a su cliente, el expresidente catalán que vuelva a España para ser juzgado por el delito de rebelión ante la posibilidad de que posteriormente pueda ser indultado, el letrado ha insistido en que no tiene "ninguna confianza ni en el sistema judicial español, ni en el indulto en este asunto". "Como buen abogado le he recomendado a Carles Puigdemont que aprenda el flamenco", ha añadido.
Informe de más de 100 páginas
De hecho, Alonso-Cuevillas ha dudado de la "transparencia" con la que se ha llevado a cabo la instrucción de todos los hechos relacionados con el proceso independentista en Cataluña y ha recordado que su equipo está realizando un informe, del que ya tienen redactadas "100 páginas", sobre si el Tribunal Supremo han respetado las normas de reparto de las causas para que el juez Pablo Llarena fuese el instructor de la misma, algo que previsiblemente las defensas de los 13 acusados por el 'procés' podrán exponer en la fase inicial del juicio para intentar anular el procedimiento.
En este sentido, ha explicado que aunque las normas de reparto del alto tribunal está publicada, no hay "transparencia" porque es "complejísima" y no existe ningún portal que muestre con "claridad" si se han cumplido. "Llevamos varias semanas trabajando y tenemos sospechas fundadas de que no se siguió el orden de designación del magistrado instructor", ha dicho al tiempo que ha recalcado que en Cataluña hay una denuncia por este mismo aspecto relacionado con la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Con todo ello, el abogado de Puigdemont ha vuelto a decir que todos los encausados por el proceso soberanista deben ser absueltos de los delitos por los que se les acusa porque "no hay rebelión, no hay sedición ni malversación". "Lo han dicho la mayoría de catedráticos de Derecho penal de España, de todas las tendencias políticas, de todos los rincones de la geografía española", además de los tribunales europeos que rechazaron la extradición de los investigados huidos, ha recordado.
Asimismo, ha recordado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy dijeron "en sede parlamentaria que no se había gastado ni un solo euro del presupuesto en nada que tuviera que ver con el referéndum".
Alonso-Cuevillas también ha sido preguntado por la posible citación como testigos de Rajoy, Montoro o la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría en la vista oral por el 'procés', después de que fuentes jurídicas apuntasen que el tribunal no descarta admitir estos testimonios si las defensas lo solicitan. Sobre esto, el letrado simplemente ha dicho que él y los abogados de otros acusados están aún debatiendo "todos los aspectos", ya que hasta principios de la semana que viene tienen tiempo para presentar los escritos de defensa.
"No hay nada que esconder"
Por último, el abogado, que también defiende al ex secretario general de la Consejería catalana de Interior César Puig, que se enfrenta a 11 años de prisión por el delito de sedición, en la causa que se sigue contra él y contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional, ha celebrado que el juez de Barcelona que investigaba las querellas presentadas por un presunto espionaje político por parte de la policía autonómica a sindicalistas, periodistas y abogados haya archivado esta causa.
"Ahí se pretendió crear un caso donde no lo había, con filtraciones a los medios mucho antes de que llegaran los documentos al poder de las defensas", ha lamentado. Asimismo, ha asegurado que sobre este asunto ha habido tranquilidad porque "no había nada que esconder".
"Los documentos que se llevaron a la incineradora responde a un protocolo habitual, se hace con periodicidad, se hace además con luz y taquígrafos. Si se hubiera querido destruir documentación para esconderla no se hubiera llevado a una incineradora a plena luz del día", ha concluido.