Vox vende que la Junta impulsará deportar a 52.000 'ilegales' pero no está en su pacto con el PP

Pasaban las 17.38 horas de la tarde de este miércoles cuando una nota de prensa de Vox anunciaba que en breve harían un anuncio importante. Era el anticipo de la oficialización del acuerdo con el Partido Popular para apoyar la investidura de Juanma Moreno Bonilla como primer presidente de la Junta de Andalucía no perteneciente al PSOE. Pero pocos minutos después, la página web del partido de Santiago Abascal afirmaba que "Vox ha logrado que el PP se comprometa a desarrollar 37 medidas que, entre otras, incluyen la colaboración de la Junta para la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales".

Sin embargo, eso no aparece en el acuerdo oficial que, con el sello de los dos partidos políticos, fue distribuido a los medios. [Léalo aquí completo] El texto simplemente hace dos referencias a la "inmigración ilegal". Lo hace en los puntos 27 y 28.

Concretamente, el apartado 27 del pacto dice textualmente: "Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada' y combatir a las mafias que trafican con personas".

Y en el 28, apunta: "Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral".

Y es ahí, precisamente, donde se agarran las fuentes oficiales de Vox para defender su afirmación de que "el PP ha aceptado" la expulsión de territorio español de esas 52.000 personas.

"Los sindicatos policiales han cifrado en esa cantidad los mayores de edad extranjeros a los que se les han concedido beneficios y ayudas en Andalucía a pesar de no tener derecho a ello, por estar en situación ilegal", asegura un portavoz del partido de Abascal. "Así que si el punto 27 habla de aplicar la legislación vigente, esto es así".

Por eso, el partido de derecha radical se ha empeñado en añadir, tanto en el "documento para la negociación" maximalista entregado a los representantes del PP en la reunión del martes como en el acuerdo sellado esta tarde, que todo se hará "en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y los jueces".

"Palabras firmadas"

Sin embargo, el líder del Partido Popular andaluz y el ya casi presidente de la Junta a efectos prácticos, Juanma Moreno, ha rechazado que el compromiso adquirido con los de Santiago Abascal vaya a nada más que las palabras firmadas. “Cada uno es libre de hacer la interpretación que quiera. Nosotros nos hemos comprometido a lo que pone en el acuerdo, nada más”, ha indicado en la rueda de prensa posterior.

Fuentes de la dirección nacional consultadas por este periódico han afirmado que la posición de los populares en cuanto a inmigración no ha variado ni un ápice. “Las competencias sobre admisiones y expulsiones son exclusivamente nacionales, y en buena medida son objeto de decisiones judiciales. Una comunidad autónoma no tiene nada que hacer ahí”, han detallado.

El presidente del PP, Pablo Casado, fue taxativo en las últimas visitas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: su remedio en la lucha contra la inmigración irregular va por un Plan Marshall para África y la cooperación de la UE, además de reforzar el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Los logros alcanzados por Vox

El Partido Popular ha aceptado varios de los puntos defendidos por Vox en su documento original, más allá de que se rebaje el tono en la redacción. Aunque el texto no se hace mención al cambio del Día de Andalucía desde el 28 de febrero al 2 de enero en honor al fin de la Reconquista con la Toma de Granada, ni tampoco se cite siquiera de lejos la ley de Violencia de Género, los de Abascal han arrancado algunas concesiones "en función del peso de nuestros 12 diputados", tal como dijo Ortega Smith.

La creación de la Consejería de Familia es lo más cercano que ha llegado Vox en lo tocante a los "chiringuitos de la ideología de género" que prometía eliminar. No se aclara que este nuevo departamento sustituya al de Igualdad y Políticas Sociales, pues la estructura de Gobierno había quedado cerrada minutos antes en el pacto anunciado por Juan Marín (Cs) y Juanma Moreno (PP).

Esa Consejería se hará cargo de las políticas nuevas de atención a mujeres con embarazos no deseados “que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas”, en la lucha contra el aborto que defienden los de Abascal.

Otra de las pretensiones más vendibles por los de Abascal es la derogación de la Ley de Memoria Histórica y su sustitución por una ley de concordia. Más allá de que es una medida fácilmente asumible por el PP, ha tenido que llegar la presión de Vox para que el partido de Casado se atreviera a abordarlo de manera explícita. En todo caso, eso chocará muy probablemente con los votos de los 21 diputados de Ciudadanos.

En cuanto a la Educación, el pacto “garantiza el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos” en todo aquello que esté fuera del currículo oficial, es decir las extraescolares.

El PP apoya, en cambio, eliminar las zonas educativas para “garantizar la libertad de los padres para escoger el centro escolar” aceptando la igualdad de condiciones entre la educación pública, privada, concertada... incluyendo la diferenciada.