Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Esa es una de las máximas de la seguridad privada en las grandes corporaciones españolas. El trabajo en compartimentos estancos que limita las responsabilidades de los grandes directivos y que deja sobre determinadas personas con grandes sueldos la necesidad de hacer el trabajo sucio. La información es poder. El poder de saber si un gobierno aprobará una ley contraria a tus intereses, si apoyará una opa hostil a tu empresa o si alguno de sus miembros esconde un trapo sucio que le hará especialmente vulnerable cuando empiecen los navajazos entre bastidores.

En el BBVA, ese hombre era Julio Corrochano; el excomisario general de Policía Judicial que tiene ahora la llave para salpicar a dos de las grandes figuras de la banca española. Por encima de él, la sombra de la sospecha, de las maniobras que el banco encargó para conocer incluso la vida sexual de ministros españoles, pesa primero sobre Francisco González, máximo responsable de la entidad durante años. Y por ósmosis, el foco se extiende a José Ignacio Goirigolzarri, entonces director general del BBVA y actual presidente de Bankia.

Ambos han negado tener conocimiento de cualquier actividad ilegal en nombre del banco. Ahora, será la Audiencia Nacional la que determine el grado de responsabilidad de todos ellos en los espionajes a políticos españoles encargados al excomisario José Villarejo en la llamada operación Trampa. No es lo mismo no saber, que no querer saber. 

Según las informaciones del portal Moncloa.com, Corrochano era el nexo de unión entre el banco y el excomisario. El hombre que encargaba los trabajos y disponía el dinero. Como jefe de seguridad del BBVA en todo el mundo, Corrochano era el máximo responsable de controlar estos encargos. Según las actas de trabajo elaboradas por Villarejo,su excompañero era identificado con la letra T, de Tomy, el sobrenombre con el que muchos le conocían mientras ejercía en el cuerpo. 

Quienes trabajaron con él durante años, recuerdan a Corrochano como un policía "de casta". Una persona comprometida con sus subalternos que siendo jefe superior de Policía de Madrid todavía se desplazaba hasta el lugar del crimen para compartir información con sus operativos aunque fuera de madrugada. Corrochano era uno de esos jefes que siempre estaba ahí y en los momentos duros daba la cara por sus compañeros. 

De la fe, a la ley y el orden

Sin embargo, el Cuerpo Nacional de Policía no fue su primera vocación, ya que el excomisario, hijo de guardia civil, ingresó joven en un seminario. Sin embargo, seis años después cambió la fe por la ley y el orden, y los hábitos por un zeta, un coche patrulla en San Sebastián que fue su primer destino.

De allí, su carrera creció con otros destinos como Canarias, hasta convertirse en el jefe de la Unidad Central Operativa de Información en el País Vasco. Un puesto especialmente sensible en pleno auge de la banda terrorista ETA.

En esa época forjó lazos con otro de los salpicados en el caso Villarejo: el comisario Enrique García Castaño, máximo responsable durante años de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía. Corrochano controlaba las redes de Información en el País Vasco y García Castaño era el encargado de facilitar a sus hombres los medios técnicos en la lucha contra ETA.

Con el Gobierno del PP de Aznar, el jefe de seguridad del BBVA fue nombrado en 1998 jefe superior de Policía de Madrid. Allí tuvo que lidiar con los repuntes de violencia contra el gremio de joyeros, los alunizajes, la acampada de los trabajadores de Sintel en el paseo de la Castellana o la proliferación de las mafias colombianas en la capital.

Quienes le conocen bien recuerdan que una navidad, mientras Jaime Mayor Oreja era ministro del Interior, los sindicatos plantearon una acampada frente a la puerta del ministerio por una subida salarial. En plena nochebuena, Corrochano -siendo ya el máximo responsable policial de Madrid- dejó a su familia y se acercó hasta allí para cenar con los agentes que secundaban la propuesta. 

Gran relaciones públicas

El excomisario es además un gran relaciones públicas. Son recordadas sus partidas de mus con el coronel Juan Ramos -que entonces controlaba todos los operativos de la Benemérita en 163 municipios de la Comunidad de Madrid-, sus cenas periódicas con los periodistas -a las que se unieron miembros de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, instaurando un clima de confianza y confidencialidad mutua- y su excelente relación con los distintos cuerpos y autoridades que tenían relación con la Seguridad en la capital.

También mantenía una relación cordial con la jueza María Tardón, que entonces controlaba la Policía Municipal de Madrid bajo el mandato de José María Álvarez del Manzano. Da la casualidad de que Tardón, en su papel de jueza de guardia como magistrada de la Audiencia Nacional, ha sido la última en denegar la salida de prisión del comisario Villarejo, detenido en diciembre de 2017.

Sin embargo, la gran catapulta de Julio Corrochano, el caso por el que todo el mundo le recuerda en el Cuerpo, fue el robo de obras de arte en casa de la empresaria Esther Koplowitz. En agosto de 2001, tres individuos entraron en casa de la aristócrata española y se llevaron 19 cuadros de alto valor entre los que se encontraba, por ejemplo, El Columpio de Goya, tasado en 12 millones de euros. 

Meses después del robo, la Policía Judicial de Madrid, con Corrochano al frente, consiguió dar con la banda que asaltó la vivienda y recuperó también las obras de arte. Así cayó la banda de Cásper, sobrenombre con el que era conocido Ángel Suárez, que lideró una de las organizaciones delincuenciales más activas de la España a finales de los 90. Había dado golpes como el del Banco Popular de Yecla, donde reventaron 90 cajas de seguridad y se hicieron con un botín nunca confesado, estimado a la baja en más de cinco millones de euros.

Tras ser detenido por el robo de los cuadros, la banda de Cásper pactó con la Fiscalía y con los abogados de la empresa un año de prisión por el asalto a la vivienda. Por su parte, Corrochano fue ascendido a comisario general de la Policía Judicial. Es decir: se convirtió en el hombre del que dependen todas las investigaciones bajo control judicial en España.

El salto a la empresa privada

Sin embargo su papel como comisario general fue efímero, ya que a los pocos meses de ser nombrado llegó la propuesta para marcharse como máximo responsable de la seguridad del BBVA en España. Para decidir sobre su fichaje, el banco pidió informes sobre él a varios responsables del Partido Popular que lo habían tratado en las distintas administraciones madrileñas. Todos afirmaron que aquel era el hombre que necesitaban. Serio y bien relacionado.

Así fue como Corrochano cambió -en septiembre de 2002- 30 años de servicio a la Policía por un puesto en la empresa privada. El excomisario pasó entonces a depender del director general de Medios del BBVA, José Antonio Fernández Rivero, pero terminó siendo el máximo responsable del servicio de Seguridad Corporativa del banco en 32 países.

Tres años después de su llegada a la entidad bancaria, el BBVA ya contrataba los servicios de Cenyt, la empresa de investigación vinculada al comisario Villarejo. A preguntas de El Independiente, Corrochano asegura que desconocía la vinculación directa del contratista con su excompañero en la Policía, y que los encargos se realizaron siempre con contratos que estipulaban de forma explícita que los trabajos de investigación debían hacerse siempre dentro de la legalidad. 

Entonces ¿quién recibía los informes de Villarejo sobre el control ilegal de más de 3.000 líneas de teléfono? ¿Dónde terminaban las transcripciones sobre supuestos pinchazos a la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega o los informes sobre los hábitos sexuales de varios políticos españoles?

Como norma general, y según ha podido conocer EL ESPAÑOL, los empleados de Villarejo y el equipo de seguridad del BBVA se comunicaban por medio de un servidor remoto. Un disco duro en la nube donde Cenyt subía sus informes y el equipo de Corrochano podía recibirlos en modo de lectura. Sin embargo allí no figuraban estos documentos tan sensibles. Queda en manos de la Audiencia Nacional conocer ahora en qué manos terminaron y el uso que se le hizo de esos datos. 

Otros encargos comprometidos

De hecho, el espionaje a Sacyr y a distintos miembros del Gobierno no fue el único encargo comprometido que Villarejo recibió del BBVA. El excomisario se encargó además de elaborar una extensa investigación sobre el entorno, el patrimonio y las relaciones con más de un centenar de jueces de Luis Pineda, director de Ausbanc y con el que el banco mantenía una importante batalla desde hacía años.

Aquello fue el germen de la operación policial que terminó con la detención de Pineda y el máximo responsable de Manos Limpias, el abogado Miguel Bernat. Ambos fueron acusados, entre otras cosas, de presionar presuntamente al banco para conseguir dos millones de euros a cambio de abandonar la acusación contra Cristina de Borbón en el caso Noos. 

Entre 2012 y 2017, el BBVA pagó a las empresas de Villarejo más de cinco millones de euros. Parte de ese dinero fue para sufragar los llamados informes de riesgo-país, unos análisis de inteligencia que las empresas de Villarejo realizaban para el banco sobre todos los lugares donde el BBVA tiene presencia.

El último pago sobre estos servicios, de más de 200.000 euros, llegó cuando Villarejo estaba ya detenido. Fue entonces cuando cesó la relación entre el BBVA y el excomisario. Ahora, la Justicia debe determinar el nivel de profundidad de esas vinculaciones, si fueron de carácter ilícito y el grado de responsabilidad del personal del banco.