El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo dependiente del Gobierno de España y encargado de promover la transparencia de la actividad pública, niega el acceso a un documento oficial sobre el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña.
El texto, elaborado por la Alta Inspección del Estado, fue encargado por el anterior Ejecutivo, pero ni el Ministerio de Educación del Gobierno de Rajoy ni el de Sánchez han querido hacerlo público.
A pesar de ello, se sabe que en el informe, donde se analizan 102 libros de Geografía, Historia y Lengua Catalana de Bachillerato, Primaria y Secundaria, los expertos afirman que algunos de estos manuales utilizados en las aulas catalanas "incitan al separatismo" y "contravienen la Constitución".
El pasado 17 de septiembre, tras la publicación en medios de comunicación catalanes de parte del contenido del informe, la ministra Isabel Celaá explicó en una rueda de prensa las razones del Gobierno para mantenerlo en secreto: lo encargó el Ejecutivo anterior, no sabe quiénes fueron sus autores y tampoco la metodología que utilizaron. "Dada la falta de rigor de los textos -afirmó Celaá ante los medios de comunicación-, el Gobierno no puede asumir su contenido ni los hará públicos, como tampoco los asumió ni hizo públicos el Ministerio anterior, que fue quien los encargó".
La batalla de un abogado extremeño
Ante tal negativa, un día después, el 18 de septiembre, el abogado de Plasencia (Cáceres) Isaac Ibáñez García presentó ante el Ministerio de Educación una solicitud de acceso al informe al amparo de la Ley de Transparencia de 2013, como puede hacer cualquier persona ateniéndose a su derecho a acceder a la información pública.
Inadmisión de la solicitud de Isaac Ibáñez al Ministerio de Educación.
El Ministerio inadmitió su solicitud porque consideró que el documento "contiene opiniones personales de los autores" y "no se trata de un informe preceptivo". "El documento no tiene relevancia para conformar la opinión del Ministerio sobre este asunto ni se ha incorporado como motivación de una decisión final", contestaba el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ateniéndose también a la Ley de Transparencia.
Tras la negativa del Ministerio, Isaac Ibáñez presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -paso previo a la presentación de un recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales- alegando que el informe tiene "un evidente interés público que justifica la publicidad o el acceso al documento". En dicha reclamación recordó que otro documento de similar contenido sí ha sido publicado. Se trata del informe El pluralismo en las escuelas de Cataluña como garantía del no adoctrinamiento, del Síndic de Greuges de Cataluña.
Inadmisión de la solicitud de Isaac Ibáñez ante el Consejo de Transparencia.
El pasado viernes, 11 de enero, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno también denegó el acceso al documento. Sus razones, que el documento tiene una naturaleza auxiliar y que las competencias en materia de Educación corresponden a las comunidades autónomas.
Así se expresó en la desestimación de la solicitud, firmada por el subdirector general de Transparencia, Javier Amorós: "Dicho informe es más un instrumento de gestión interna y de toma de contacto con la realidad educativa en un determinado territorio español que información relevante para el proceso de toma de decisiones, que finalmente no han tenido lugar, especialmente cuando las competencias en materia de educación corresponden a las Comunidades Autónomas".
Una explicación que no ha convencido al solicitante, que considera que tanto la decisión del Ministerio como la del Consejo "suponen un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información".