Dice Pedro Sánchez que no ha podido lograr unanimidad en los Estados miembros de la UE para reconocer a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela. Pero también dice que en un asunto como éste "hay que ir con cautela". Y no se refiere a crear un cisma en la Unión, pues alega que "España siempre ha estado liderando la posición europea en este asunto" y en todos los que tienen que ver con Latinoamérica.
Pero el liderazgo, en realidad, no está en Madrid, sino en Washington. Y en su pelea con Moscú y Pekín por la influencia en Venezuela. En la chavista -de la que EEUU es primer socio comercial, por mucha bronca política que haya entre el presidente Donald Trump y el tirano Nicolás Maduro- o en la nueva que salga tras la caída del régimen -que a los rusos y a los chinos tanto les da si se respetan sus inversiones-.
Con la "prudencia y el tiento" a las que apelaba este sábado el presidente del Gobierno se refería a lo que le pase a la "enorme colonia de españoles" que viven en Venezuela, unas 200.000 personas. Pero también a las 94 empresas de nuestro país que, según la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio -actualizado el dato este mismo sábado- tienen intereses y operan en el país caribeño.
Entonces, ¿con qué nos quedamos del análisis de Sánchez? Haciendo caso a su primera afirmación, en la que lamenta la poca efectividad de su propio liderazgo dentro en el seno de la Unión -recordemos que las decisiones de política exterior requieren de unanimidad en el seno del Consejo Europeo-, concluiríamos que él querría reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según su Constitución. Pero su lealtad a las instituciones europeas se lo impiden.
Sin embargo, si atendemos a su segunda puntualización, son las relaciones diplomáticas, sociales y económicas las que le impiden dar el paso. Fuentes de la oposición democrática venezolana y de la (poca) prensa libre que queda en el país que aún gobierna Maduro confirman a este periódico que sólo un país ha visto respetadas todas sus inversiones en Venezuela en estos años, España. Y que, aunque el mayor socio comercial de Caracas siga siendo Washington, son sólo las compañías españolas las que se mueven en el país con un grado respetable de autonomía.
Líneas aéreas como Air Europa o Iberia, bancos como el BBVA, aseguradoras como Mapfre, tecnológicas como Telefónica, energéticas como Repsol, o textiles como Zara... son sólo los ejemplos más conocidos de una exposición económica de miles de millones de euros, por mucho que haya caído el valor del bolívar, moneda venezolana.
Dónde se la juega Caracas
Pero este sábado la batalla se libraba en Nueva York. Allí, en el salón del Consejo de Seguridad de la ONU, se daban las primeras escaramuzas a la vista de una guerra soterrada hasta ahora entre Estados Unidos -y sus socios de la UE- por un lado y Rusia y China -además de otros Estados del polo alternativo a Occidente en el mundo-.
Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, defendió oficialmente en la mesa de Naciones Unidas que se reconociera a Guaidó como presidente. Y, aunque se topó con el veto esperado de Rusia y China, el mensaje real estaba fuera, en el corrillo con los periodistas: "Esperamos que cada país se asegure de desconectar sus sistemas financieros del régimen de Maduro y permitan que los activos que pertenecen al pueblo venezolano vayan a los legítimos gobernantes de ese Estado".
A buen entendedor, bastaban esas palabras para entender a quién iban dirigidas: Pekín ha tomado posiciones comprando deuda venezolana con la garantía de PdVSA, y Moscú se ha apropiado de explotaciones petroleras en la Faja del Orinoco y del 49% de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana... y mayor distribuidora de combustibles en EEUU.
España -y las más expuestas financieramente de las 94 empresas radicadas en Venezuela- tendrá que hacer frente a este nuevo paso, por ahora sólo sugerido, que anuncia el jefe de la diplomacia de Donald Trump. EEUU está dispuesto a pasar de los castigos quirúgicos a los gerifaltes bolivarianos a las sanciones financieras a los Estados que presten dinero para sustentar la tiranía de Maduro.
¿De ahí la prudencia de Sánchez estos días? ¿O sus dudas y vaivenes tienen un origen anterior? El presidente del Gobierno no está sólo atrapado por su debilidad parlamentaria, sustentada en Podemos, un socio nacido como partido al abrigo del chavismo. También lo está por haber pasado a defender los intereses españoles de un modo muy distinto al del anterior Ejecutivo. Ya no tiene fuerza, porque optó por contemporizar.
El día que cambió el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la política española dio un giro absoluto respecto a Venezuela.
La primera reunión de trabajo que mantuvo Josep Borrell con un canciller extranjero fue con Jorge Arreaza, ministro venezolano de Exteriores, el 17 de julio en la cumbre UE-Celac de Bruselas. De allí salieron sonriendo los dos. Uno por el "éxito de la diplomacia bolivariana" y el otro por cambiar la aproximación al conflicto con una voluntad de “contribuir activamente a que se generen las condiciones para una salida democrática, pacífica y negociada”.
Pero lo principal de aquel encuentro fue el compromiso de España de dejar de "liderar la política de sanciones" a los líderes chavistas. Hasta entonces, el Gobierno de Rajoy había marcado el paso en la UE. Primero, al recibir oficialmente en Moncloa a Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López y facilitando así que su caso cobrara dimensión internacional. Y después, impulsando desde el Parlamento Europeo el primer listado de siete líderes del régimen sancionados por la Unión.
Claro que es cierto que las decisiones en política exterior se toman por unanimidad en Europa. Pero la rebaja de la presión europea a la dictadura venezolana comenzó a vislumbrarse desde que Borrell abrazó en aquel encuentro con Arreaza una perspectiva "dialogante" más cercana a la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -las fuentes citadas le atribuyen el mérito del respeto a las empresas españolas-.
Ya este miércoles, cuando Guaidó fue nombrado "presidente encargado" por la Asamblea Nacional, los líderes opositores más reputados que además tienen nacionalidad española -como el ex alcalde Antonio Ledezma y el presidente del Tribunal Supremo en el exilio, Miguel Ángel Martín- no estaban manifestándose en Madrid, sino en Washington.