1. "Es el juicio del 1-O"

Falso. La causa por la organización del simulacro de referendo del 1-O corre a cargo del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y es independiente de la causa que se sustanciará en el Tribunal Supremo a partir del próximo martes 12 de febrero. El ámbito de la causa del 'procés' es mucho más amplio y comprende la creación de una legislación paralela para propiciar la ruptura con España y la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de octubre de 2017.

2. "El juicio cambiará la relación de Cataluña con España"

Es una de las amenazas habituales del separatismo catalán: la desafección de los ciudadanos catalanes por España se incrementará exponencialmente si los jueces del Tribunal Supremo condenan de forma severa a los líderes del 'procés'. En realidad, la desafección respecto a España de los catalanes independentistas, el 47% de la población, no tiene margen de empeoramiento porque ya ha llegado a su nivel máximo: el de la reclamación de independencia con argumentos racistas y de insolidaridad fiscal. Lo absurdo de la amenaza queda patente cuando se le da la vuelta a la frase. ¿Prometerán los catalanes separatistas lealtad a la Constitución si el Tribunal Supremo absuelve a los procesados? 

3. "Sólo queríamos votar"

Es una manipulación grosera de la realidad. En el juicio al 'procés' no se juzga "una votación". El referendo del 1-O forma parte de un íter en el que también se produjo el acoso a la comisión judicial del 20 de septiembre y las dos declaraciones de independencia del Parlamento autonómico catalán: la del 10 de octubre, que Carles Puigdemont suspendió tras apenas ocho segundos de vigencia, y la del 27 de octubre, que provocó su fuga y la de parte de su Gobierno a Bruselas. Una huida, por cierto, que reafirma las acusaciones contra los líderes del 'procés'. Si la declaración era meramente simbólica, ¿por qué huyeron al extranjero cuando ni siquiera se habían dictado órdenes de detención contra ellos? 

4. "Como mucho, hay desobediencia" 

Será una de las líneas argumentales de la defensa. Para sostener la tesis de que los hechos juzgados no encajan en los tipos penales de rebelión o de sedición, los abogados defensores de los líderes del 'procés' recordarán que el referéndum del 9 de noviembre de 2014 fue calificado como una simple desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y solventado con multas y muy leves penas de inhabilitación para sus responsables. Entre ellos, Artur Mas. Las diferencias entre ambos casos, sin embargo, son abismales. Entre otras razones porque, como ya se ha explicado en el punto 2, el simulacro de referéndum del 1-O es sólo uno de los muchos hitos que componen el 'procés', y ni siquiera el más importante de todos ellos. 

5. "No se puede criminalizar la política"

Como explica el diplomático Juan Claudio de Ramón en su libro Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña, "tomarse en serio este argumento equivale a retrasar el reloj tres siglos y volver al Estado absolutista". En un Estado de Derecho, los contrapoderes democráticos, como el de los tribunales de justicia, existen por varias y buenas razones. Y una de las principales, como ha sido el caso en Cataluña, es la de evitar que los líderes políticos de una comunidad cualquiera se sitúen fuera del ámbito de control del Poder Judicial alegando haber ejecutado "la voluntad del pueblo". La mejor prueba de que no se criminalizan ideas políticas, sino actos presuntamente delictivos, es que las fuerzas independentistas siguen gobernando Cataluña.

6. "El relato de la violencia ha sido impuesto por Vox"

En realidad, la querella contra los líderes del 'procés' fue interpuesta por el Ministerio Fiscal en el Tribunal Supremo antes de que Vox fuera aceptada como acusación popular en la causa. La línea dura de Vox, por ejemplo pidiendo el encarcelamiento masivo de los miembros de la Mesa del Parlament tras declarar por primera vez ante el juez Llarena, no fue acogida. 

7. "Las condenas del TEDH demuestran que la democracia española es una farsa"

España es uno de los países europeos con menos condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con una media de seis condenas al año, España se sitúa al nivel de países como Alemania, Holanda o Reino Unido, y por debajo de otros que son condenados con mucha mayor frecuencia que el Estado español, como Bélgica, Italia o Suiza. En cuanto al número de reclamaciones presentadas contra España –0,14 por cada cien habitantes–, esa cifra es muy inferior a la media europea de 0,64 demandas por cada cien habitantes y similar, por ejemplo, a la de Francia. 

8.  "No hubo violencia"

Lo determinará el Tribunal Supremo, pero la frase parte de una presunción falsa: la de que sólo es violencia un determinado tipo de violencia, la física. Lo explicó la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes hace un año en EL ESPAÑOL: "Jurídicamente, no es cierto que sea necesaria la violencia física para los delitos de rebelión. La palabra violencia implica desde la fuerza física hasta la violencia moral o el intento de marginar al otro de forma sistemática. (…) Para que haya delito de rebelión no hace falta necesariamente la fuerza física. Lo que hace falta es querer destruir las estructuras del Estado y emplear para ello cualquier método que implique esa destrucción. Y eso se puede hacer con fuerza física, pero también sin ella. Se puede deconstruir y reconstruir el concepto de resistencia pacífica para subvertir su sentido genuino de defensa de derechos legítimos y utilizarlo para finalidades que puedan comportar una amenaza de violencia física futura. La violencia no implica necesariamente el uso de armas sino estar en disposición de poderlas utilizar y estar decidido a utilizarlas en un momento determinado. Esta es la teoría del Tribunal Supremo que han reconocido los distintos autos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo".

9. "Golpe de Estado fue lo de Tejero"

Otra presunción falsa que parte del mito de que sólo los alzamientos militares son golpes de Estado. Como han argumentado juristas alemanes o pertenecientes a la tradición anglosajona, es factible un alzamiento contra un Gobierno democrático por parte de funcionarios de ese mismo Gobierno. Lo que convierte ese alzamiento en un golpe de Estado no es el color del uniforme del alzado o el hecho de que este porte armas, sino la voluntad organizada de violar el orden constitucional legal y legítimamente establecido para imponer coactivamente su sustitución, al margen de las vías democráticas establecidas para ello, por otro orden alternativo.

10. "En España no existe separación de poderes"

La acusación se desmonta fácilmente acudiendo a cualquiera de las decenas de índices y estudios internacionales en los que se clasifica a España, de forma sistemática, en lo más alto de la lista de países con mayor calidad democrática del planeta. Por ejemplo, este. La frase alcanza, sin embargo, el nivel de hipocresía cuando se recuerda que han sido los partidos nacionalistas catalanes los que han exigido reiteradamente al Gobierno español violar la separación de poderes para forzar la voluntad de la Fiscalía o del Tribunal Supremo en el sentido deseado por ellos.