Pedro Sánchez conoce las razones que le han llevado a convocar las elecciones generales el 28 de abril. En cualquier caso, no son económicas. Decidido a dar por concluida la legislatura, tenía la oportunidad de sincronizarlas con las municipales, autonómicas y europeas el 26 de mayo, opción sensiblemente más barata para el erario.

Aún se ignoran las cifras que encierra la organización del 28-A, pero los precedentes más inmediatos, el 20 de diciembre de 2015 y el 26 de junio de 2016, dan pistas bastante fiables, ya que el coste de estos procesos apenas ha variado a lo largo de los años. En concreto, supusieron un gasto de 185 y 174 millones de euros, respectivamente.

La partida más cuantiosa es la dedicada a las administraciones públicas, superior a 55 millones (por ejemplo, para el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), seguida de la dirigida a servicios postales (voto a distancia y cartas de los partidos), de cerca de 50, y las previstas para telecomunicaciones (para la empresa contratada para el escrutinio y su difusión), próxima a 13, y logística (papeletas, colegios...), de en torno a 12,5. Además, se reservan 1,7 millones para imprevistos.

A estos 130 millones para la organización hay que sumar otros 45 en subvenciones a los partidos, invariables con o sin 'súperdomingo', en función de los escaños obtenidos en el Congreso y el Senado.

302,9 millones en los presupuestos rechazados

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que ha tumbado el Congreso de los Diputados esta semana contemplaba un generoso programa de gasto para procesos electorales de 302,9 millones -cinco veces más que los 62 millones de 2018-, justificada por el Ejecutivo como un colchón ante la posibilidad de elecciones generales o al Parlamento de Cataluña.

Lo mismo sucedía con los fondos para el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), al que los PGE de Sánchez concedían 11,4 millones, un 30 por ciento más que los 8.055.120 euros que recibió en 2018 o, por poner el ejemplo de un año electoral, los 8.361.510 de 2016.

Igualmente, la partida del Ministerio del Interior se abría a la posibilidad de una "ampliación de crédito" si se producía "una convocatoria anticipada en base a lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General".

Tomando como referencia de nuevo el 20-D y el 26-J, el departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska desplegó a 90.000 agentes. Separando las generales de las municipales, autonómicas y europeas, Interior tendrá que preparar y pagar dos dispositivos.