La intervención de la fiscal Consuelo Madrigal por la mañana, durante su interrogatorio a un Josep Rull muy soberbio e incluso impertinente contra las acusaciones y el Tribunal Constitucional, provoca estupor. Tantas son sus vacilaciones, sus dudas, sus titubeos, sus errores y sus lapsus que las redes sociales, a diestra, a siniestra y a separatista, estallan contra ella. El diario catalán La Vanguardia escribe incluso un artículo sobre Madrigal con el título Los lapsus y dudas de Consuelo Madrigal durante el interrogatorio a Rull. 

El escepticismo respecto a Madrigal, que tiene además el molesto tic de abusar de los diminutivos, llueve sobre mojado. Porque también la fiscal Rosa María Seoane ha sido criticada en sesiones anteriores por lo que parece, a ojos de muchos legos en derecho procesal, una deficiente preparación del caso. Ciertamente, el lenguaje corporal de algunos de los acusadores ha parecido rozar en determinados momentos la apatía. Pero las apariencias también engañan en el Tribunal Supremo. 

"No le prestes tanta atención a las formas" me recomienda una buena conocedora del Ministerio Fiscal. "Madrigal ha armado una acusación impecable y es ella la que ha más ha trabajado para que los acusados sean finalmente condenados por rebelión. Es cierto que ha tenido algún error muy llamativo desde un punto de vista televisivo y que dialécticamente ha titubeado, pero eso es intrascendente a efectos jurídicos. Ten en cuenta que esta fase del juicio es aquella en la que los procesados pueden lucirse, y mentir, y contestar lo que quieren y como quieren. Sólo los acusados más torpes meten la pata en ella. La fase estrella de las acusaciones es la de pruebas. Ahí se desmontarán todos los argumentos de los acusados. Además, hoy ha quedado demostrado el delito de malversación. Ese se lo llevan ya los procesados para casa". 

Le planteo la misma duda, pero referente a la abogada del Estado Rosa María Seoane, a un abogado con amplia experiencia en procesos penales. "Sólo puedo darte mi impresión, y es que, al margen de su mejor o peor facilidad de palabra, sus preguntas están siendo en muchos casos muy certeras y han hecho daño a los acusados que las han contestado. Además, está introduciendo líneas muy interesantes sobre la credibilidad de la versión de los acusados de que intentaron cumplir las resoluciones de los tribunales. Hay que recordar, además, que al intervenir tras los fiscales, su actuación se ve dificultada, ya que aunque quiera introducir matices siempre se encuentra con que algunas de las cuestiones pueden haber sido parcialmente preguntadas por los fiscales". 

Golpe de Estado ponderado

Por la mañana, el primero en declarar es un Josep Rull que declama la ya rutinaria queja de todos los acusados sobre la denegación de la traducción simultánea, que afirma que el tribunal ve el catalán como "una amenaza" –una acusación que Manuel Marchena, un tanto innecesariamente, niega con mucho tacto– y que exige que el nombre de su población natal, Tarrasa en español, sea escrito en catalán, Terrassa.

Como el resto de acusados, Rull niega cualquier conocimiento del documento EnfoCATs, habla de "radicalidad democrática" como eufemismo de violación de la ley y afirma no haber cometido ningún delito con el argumento de que el programa electoral en el que los partidos separatistas prometían avanzar hacia la independencia no fue jamás impugnado por los tribunales o el Gobierno central.

Pero a Rull le ocurre lo contrario que a la fiscal Madrigal. Bajo unas formas agresivas y casi avasalladoras se ocultan unos argumentos de una llamativa debilidad. Y sólo hace falta un ejemplo de ello. Para justificar su desobediencia y la del Gobierno del que formó parte al Tribunal Constitucional, Rull afirma que este carece de la legitimidad moral de la que sí goza, en su opinión, la Corte Suprema canadiense. A renglón seguido añade que si no hizo caso del Tribunal Constitucional fue porque había sido "instrumentalizado" por el Gobierno del PP. 

Rull también alude, como Turull el día anterior, a la ponderación del "imperio de la ley" con un supuesto mandato o "principio democrático" emanado del pueblo catalán. Cuando la fiscal Madrigal le recuerda que en estos momentos los partidos separatistas sólo cuentan con el 47% de los votos de los ciudadanos catalanes, es decir, con apenas un 30% del censo electoral catalán total, Rull replica con ese mítico "70% u 80%" de ciudadanos catalanes que, según el exconsejero y de acuerdo a fuentes "demoscópicas", desean un referéndum de autodeterminación. O sea, que el mandato democrático que obligaba al Gobierno catalán a violar la ley, organizar un referéndum ilegal y declarar la independencia de la región catalana brotaba, según Rull, de las encuestas del diario Ara. 

¿Urnas? ¿Qué urnas?

Por la tarde empieza un nuevo partido. Las acusaciones parecen desperezarse, al menos desde un punto de vista estético, e interrogan con mayor agilidad y un talante bastante más incisivo del habitual durante las dos últimas sesiones a Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó. 

La principal coincidencia entre los tres acusados, más allá de la recurrente alusión a la "ponderación" entre la ley y un hipotético mandato democrático interpretado de acuerdo a vagos principios políticos y jurídicos, es el del desconocimiento de quién encargó, pagó o trasladó hasta los centros de votación las urnas y las papeletas para el referéndum del 1-O. Todos ellos sostienen también no haber invertido "ni un solo euro de dinero público" de sus respectivos departamentos en el referéndum. 

Rull dice desconocerlo todo al respecto y cuando es preguntado por la acusación acerca de cómo pensaba que iba a llegar este material a los centros de votación afirma no saber cómo, aunque añade haber estado seguro de que llegar, llegarían. "Era una confianza en mi país". Bassa tampoco sabe de dónde salieron las urnas y cuando se le pide que especule sobre quién pudo haber corrido con la responsabilidad, se niega a responder. Borràs, muy nerviosa, y Mundó apenas añade que, dado que ese material no se pagó con dinero público, "debió ser pagado con fondos privados".

La incoherencia es llamativa. Los acusados convocaron un referéndum ilegal y decidieron llevarlo adelante después de ser apercibidos por el Tribunal Constitucional con el argumento de no ser conscientes de estar haciendo nada ilegal. Pero no lo dotaron de fondos, a pesar de considerar que el plebiscito era legal y legítimo, y confiaron su celebración a la posibilidad de que se acabara organizando solo como por arte de magia y gracias al genio del pueblo catalán. 

El hallazgo jurídico-lingüístico de la jornada es de Dolors Bassa, que bautiza las órdenes del Tribunal Constitucional como "conflicto competencial jurídico transitorio". El hallazgo político es la afirmación de que el referéndum no tuvo nada que ver con la posterior declaración de independencia, que ésta fue simbólica y sin efectos en la realidad, y que nada de lo que se hizo tiene la menor trascendencia jurídica puesto que todo había sido declarado nulo por la Justicia española. Lo cual equivale a decir que robar bancos no es delito porque robar bancos es delito.