Los acusados en un proceso penal tienen derecho a mentir y los doce procesados por el golpe a la democracia de septiembre y octubre de 2017 lo han ejercido a placer durante sus interrogatorios. Los acusados han mentido cuando han dicho no saber quién encargó, pagó o trasladó hasta los colegios electorales las urnas y las papeletas de voto. También han mentido cuando han aludido al mandato democrático de un supuesto 80% de los ciudadanos catalanes de cuya existencia no han dado prueba alguna más allá de una vaga alusión a remotas fuentes "demoscópicas".

Los acusados han mentido, con tirabuzón, cuando han dicho que el procés es un movimiento nacido en la sociedad civil catalana y del cual los líderes políticos autonómicos no han tenido más remedio que hacerse eco, solícitos ellos, ponderando el imperio de la ley y el de la voluntad del pueblo, ese concepto jurídico que tantas alegrías dio a los europeos entre 1939 y 1945. Han mentido, tras triple salto mortal, cuando han citado un derecho a la autodeterminación que ellos han interpretado de la forma más retorcida posible y siempre en sentido opuesto al original. Porque como sabe cualquier alfabetizado, Cataluña está autodeterminada desde 1978 y no le pertenece más a los catalanes que a los vallisoletanos o los gaditanos. 

Pero los doce procesados han mentido sobre todo, con grave riesgo para la vida del artista, cuando han dicho ser personas pacíficas, tolerantes, democráticas y dialogantes. Decenas de miles de catalanes constitucionalistas pueden dar pruebas de lo contrario. Mariano Rajoy y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también.

Santi Vila rompe la unanimidad

Los procesados, en fin, han ejercido su derecho a la mentira hasta desgastarlo. Tanto, de hecho, que a nadie le habría extrañado ver al presidente del Supremo, Manuel Marchena, implorar una miaja de verdad entre tanto aspaviento destinado a jueces europeos, observadores internacionales y periodistas berlineses obsesionados con los sanfermines, la Santa Inquisición y Francisco Franco. Queda para otro momento la duda de si los doce acusados se han acabado creyendo la épica de su propio relato o si son conscientes de lo artificial de sus fantasías de radicalidad democrática. La respuesta al enigma se encuentra, muy probablemente, a medio camino de ambas opciones.

Y de ahí que el interrogatorio de Santi Vila haya caído como un meteorito en el centro exacto de un campo de nabos. Primero, porque el exconsejero de Empresa no ha mentido, o ha mentido menos de lo que han hecho sus compañeros de banquillo. Preguntado por el material para el referéndum, Vila ha contestado "mi impresión es que esto se financió por mecenazgos, por empresarios catalanistas que estaban dispuestos a sufragar los gastos". También ha dicho Vila haber visto el referéndum como "algo instrumental" cuyo objetivo último no era justificar la declaración de independencia, sino desatascar "el diálogo" con el Gobierno. Es decir, como un acto de violencia política.

También ha reprochado Santi Vila, el traidor oficial del procés entre el público separatista, que el procés pretendiera enfrentar al Gobierno catalán con "un Estado moderno y democrático como España". Me abstengo de detallar cómo ha caído entre las redes sociales independentistas la afirmación de Vila, aunque es fácil imaginarlo. 

Luego, Vila ha afirmado no creer que el 1-O fuera un verdadero referéndum, sino sólo "una movilización ciudadana". Sin dar tiempo a recuperarse al independentismo, ha afirmado que el Gobierno autonómico debería haber sido de todos los catalanes y no sólo de los independentistas. También ha hablado de la declaración de independencia unilateral como de un "despropósito" y de la ley de la república como de "un disparate". 

Las afirmaciones de Vila tienen una explicación. El exconsejero, cuya declaración ha coincidido punto por punto con lo explicado en su libro De héroes y traidores: El dilema de Cataluña o los diez errores del procés, "sólo" se juega una condena por desobediencia y malversación de fondos públicos. El hecho de que abandonara el Gobierno horas antes de la declaración de independencia unilateral del 28 de octubre debería, además, jugar a su favor. 

 Jordi Sànchez

El interrogatorio de Jordi Sànchez, que se esperaba con interés por tratarse de uno de los personajes más llamativos del procés, ha defraudado las expectativas y devuelto a magistrados y acusaciones a la rutina habitual de las últimas sesiones. El presidente de la ANC ha achacado a "unos pocos" la violencia por la que le preguntaba el fiscal, ha defendido el carácter pacífico de la concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía de la Generalidad y ha sostenido que si la funcionaria judicial tuvo que escapar de la turba que rodeaba el edificio por el tejado fue porque no quiso hacerlo por la puerta, que él consideraba totalmente segura. El interrogatorio de Sànchez, en definitiva, ha sido irrelevante desde el punto de vista jurídico tanto para defensas como acusaciones.