Vox tendrá acceso finalmente a los datos de los trabajadores de las unidades contra la violencia de género y protección de menores en Andalucía, tal como solicitó la formación de Santiago Abascal. El Parlamento, con el respaldo de PP y Ciudadanos, ha admitido la petición.
La demanda chocaba con la Ley de Protección de Datos, al requerirse los nombres de psicólogos, médicos y asistentes sociales. La solución que ha permitido el visto bueno es que Vox pueda conocer la capacitación de los empleados y el tipo de contrato que los une a la Junta, pero no sus nombres y apellidos.
El presidente autonómico, Juanma Moreno, ha defendido este jueves a estos "profesionales cualificados y preparados" y ha dicho que confía en que con esta decisión pueda Vox "resolver sus dudas" sobre ellos. A la oposición no le sirven estas explicaciones y acusan a PP y Cs de "permitir la infamia de la ultraderecha".
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha anunciado un plan de choque urgente de 700.000 euros para dotar a cada provincia de un equipo más contra la violencia machista.