El Gobierno ha lanzado 31.000 empleos públicos a treinta días de las elecciones. Se trata de un episodio más de lo que el propio Ejecutivo socialista ha bautizado como "viernes sociales". Un nuevo real-decreto para dotar de argumentos a la campaña de Pedro Sánchez.
No obstante, las plazas -cuyas oposiciones no llegarán antes del verano- no irán más allá de la reposición, teniendo en cuenta el envejecimiento del sector público y las jubilaciones pendientes. Además, el Gobierno de Rajoy, según constata uno de sus ministros, ya tenía previsto incluir estas vacantes en sus nuevos presupuestos. Para ello, acordó con los sindicatos los detalles del nuevo movimiento. Algunos de estos colectivos cifran precisamente en 38.000 los empleos perdidos desde 2010 hasta hoy.
De ahí que la creación de empleo no sea más que una "reposición". Así lo califican tanto en Génova como en la sala de operaciones de Ciudadanos. Tanto un asesor de Casado como un diputado de Rivera, en conversación con este diario, tachan de "irresponsabilidad" sellar una medida de tal calado con las Cortes disueltas. Arguyen que consiste en "hurtar" al Ejecutivo entrante -"recién salido de las urnas"- la posibilidad de aplicar su propia política.
"Siguen empleando las instituciones para hacer su campaña. Es antidemocrático", reitera un candidato del PP. "Una vez más, Sánchez saca brillo a su escaparate electoral. Otra falta de respeto. Los consejos que van desde la convocatoria hasta las elecciones deberían ser para despachar asuntos ordinarios", especifica otro dirigente de Ciudadanos.
Los ministros de Rajoy perciben con "estupefacción" este último lanzamiento de Sánchez. El Gobierno asevera que no supone un aumento del gasto público y lo enmarca en las partidas ya presupuestadas. "Nosotros lo teníamos en mente. No sé si la cifra hubiera sido exactamente la misma, pero para eso llegamos a un pacto con los sindicatos", presume alguien cercano al anterior inquilino de Moncloa. ¿Y por qué no lo hicieron antes de irse? "Necesitábamos aprobar los presupuestos de 2019".
Ahí está la clave de la gestión de Sánchez. El Gobierno socialista empleará la técnica del real decreto porque, al no tener cuentas públicas, necesita una nueva ley que sostenga la "creación" de esos 31.000 empleos.
Según ha trasladado el ministerio de Administraciones Públicas, la cifra superará el anterior lanzamiento, también obra de Sánchez el pasado julio: 30.844. La mayor acción de este tipo se produjo en 2008, justo antes de la crisis, y tiene el récord de la historia de la democracia.
Moncloa dice que, de no haberlo hecho ahora, las elecciones y las dificultades que supondrá la formación del nuevo Gobierno "paralizarían demasiado" el impulso de las plazas. Un argumento que no convence a la oposición: "Podrían haberse limitado a los puestos que realmente son urgentes, como los educativos, por el tema del comienzo del curso".
El Gobierno de Rajoy aprobó un plan que iría supliendo los puestos eliminados por la crisis y las jubilaciones, tasa de reposición mediante, hasta 2020. Lo que ha hecho Sánchez ha sido "empaquetar" algunas de esas actuaciones previstas.
España cuenta con dos millones y medio de funcionarios. Sólo 500.000 -aproximadamente- son gestionados directamente por la Administración central. Los nuevos empleos públicos se circunscribirán a este ámbito. Sólo el 10% de los funcionarios tiene menos de cuarenta años y, en los próximos diez, se jubilarán 70.000.