El 28-A y el fin de la impunidad del separatismo

Las recientes declaraciones de Miquel Iceta no hacen más que corroborar que para el PSC la unidad de España no es un bien que debamos proteger como piedra angular de nuestra convivencia, sino una “contingencia histórica” que dejará de existir tarde o temprano. Así, los socialistas vuelven a demostrar que asumen el marco mental separatista y entran de lleno en la perversa lógica que nos ha traído hasta aquí, la ominosa contraposición entre Cataluña y España como si fueran dos realidades distintas y oponibles entre sí.  

Por si no había quedado suficientemente claro, las palabras de Iceta revelan que para el PSC-PSOE no vale la pena dar la batalla contra el nacionalismo, pues, como los separatistas, los socialistas de Sánchez e Iceta consideran que la secesión es el destino manifiesto de Cataluña. El PSC es la muleta del separatismo, la constatación de que se puede hacer separatismo sin reconocerse abiertamente como tal. Y el PSC ha hecho mucho separatismo. Empezando por el impulso de un Estatut manifiestamente inconstitucional (nada más empezar el proceso de reforma se lo dijo a Montilla el Consell Consultiu, ahora Consell de Garanties Estatutàries); encabezando la manifestación contra la consiguiente sentencia del Tribunal Constitucional; redoblando las multas a los comercios que no rotulan en catalán; consagrando la expulsión del castellano del espacio público, sobre todo en las aulas; apuntalando falacias dañinas como la del “expolio fiscal” y participando activamente de la deslegitimación de las instituciones de nuestro Estado de derecho.

El PSC prefirió adoptar una actitud vergonzante y asumir la demonización de España que promueven los nacionalistas, y cuando se quisieron dar cuenta ya era demasiado tarde. Ayudaron a crear un marco de confrontación con el resto España, asumiendo la premisa nacionalista de que la única manera de reivindicar la catalanidad es renegar de la españolidad. Hicieron, y siguen haciendo, el caldo gordo al nacionalismo.

Ciudadanos nació hace 13 años precisamente para intentar revertir la situación que los nacionalistas, con la inestimable ayuda del PSC, llevaban gestando desde el advenimiento de la democracia: la “dictadura blanca de Pujol” de la que hablaba Tarradellas. De hecho, Ciudadanos, Ciutadans, tiene en su nombre la defensa de la idea de ciudadanía frente a la exclusión y la imposición, y evoca además aquel discurso, integrador y leal, pronunciado por Tarradellas a la vuelta del exilio, del verdadero destierro y no la charlotada protagonizada por Puigdemont y compañía.

Por eso el otro día, mientras escuchaba la intervención de mi compañero Carlos Carrizosa contándole las verdades del barquero al director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos (sic), uno de los chiringuitos más impúdicos de la maraña tejida por el nacionalismo para poner a sus afines a promover el odio a España desde las instituciones, me decidí a escribir estas líneas. El titular de este chiringuito es el paradigma del comisario ultranacionalista colocado para blanquear los desmanes del separatismo y apuntalar su distorsión de la realidad, pues, a razón de ¡90.000 euros al año!, se dedica a perseguir a quienes retiran lazos amarillos de la vía pública, pero nada tiene que objetar a quienes destrozan a martillazos las sedes de partidos constitucionalistas.

Recordé el aplomo de Inés Arrimadas defendiendo nuestros derechos y libertades desde el atril del Parlament o en las calles de Vic, junto con el resto del grupo parlamentario, bajo una lluvia de insultos preñados de odio. Pensé en nuestros recursos al Constitucional; a la Fiscalía; a la Junta Electoral en defensa de la neutralidad del espacio público; pensé en Albert Rivera diciéndole a la presentadora estrella de TV3 que los medios públicos catalanes se han convertido en un mastodóntico aparato de agitación y propaganda separatista.

Pensé en nuestra visita a Amer -tildada de provocación por el PSC, siempre tan preocupado por la sensibilidad de los separatistas- para decirle al nacionalismo que la democracia liberal no ha de ser tiranía de la mayoría, y menos aún de la minoría autoerigida en mayoría gracias a una ley electoral injusta, sino en primer lugar respeto a la ley democrática (empezando por la Constitución votada masivamente por el conjunto de los españoles en 1978 y que el separatismo quiso liquidar los días 6 y 7 de septiembre de 2017) y a los derechos individuales.

No pude evitar recordar también al ministro Ábalos menospreciando a los ciudadanos que quitan lazos amarillos, llamándoles gorrillas; a la ministra Celaá comparando la inmersión lingüística obligatoria en catalán con “una familia que envía a sus hijos a Inglaterra” y a la ministra Batet acusando a Ciudadanos de “vivir cómodamente” en la confrontación por no claudicar ante el desafío constante del separatismo y su interpretación totalitaria de la democracia. 

Pensé en todo ello y en la cantidad de veces que durante estos años los partidos separatistas, Podemos, el PSC e incluso el PP nos han acusado de provocar y de romper consensos básicos en Cataluña, que en realidad son los dogmas del nacionalismo, y constaté con orgullo cuán importante ha sido y sigue siendo la existencia de Ciudadanos para romper la espiral del silencio en este rincón de España, salvaguardar nuestra democracia y acabar con la impunidad de la que hasta ahora había gozado el nacionalismo en Cataluña. 

A falta de menos de un mes para las elecciones generales del 28 de abril, conviene tener muy presente lo que significa la unidad de España para el PSOE de Sánchez e Iceta, un mero accidente histórico negociable, y lo que representa para Ciudadanos, nada menos que el fortalecimiento de una gran nación de ciudadanos libres e iguales, un país con una historia rica como pocos países tienen y un futuro lleno de oportunidades que debemos ser capaces de aprovechar.

*** Nacho Martín Blanco es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.