Ciudadanos tiene la llave para propiciar el cambio político en Canarias y desalojar a los nacionalistas, anclados en casos de corrupción y con líderes en la cárcel tras más de un cuarto de siglo de gobiernos de Coalición Canaria(CC), cuyo presidente, Fernando Clavijo, está imputado en el denominado caso Grúas. Su grupo político es socio inicial de los senadores de Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya, junto con ERC, al prestarle su escaño para que forme grupo propio en la Cámara Alta.

Hace cuatro años, el líder de Coalición Canaria y presidente en funciones, Fernando Clavijo, ya estuvo imputado en el denominado caso Corredor junto al abogado y empresario de negocios nocturnos Evaristo González, que fue detenido la semana pasada y está en prisión acusado de haber ordenado el asesinato a tiros de un exsocio hace un año.

Clavijo fue desimputado entonces y Evaristo González se defendió, negando haber sustraído el tomo del sumario donde figuraba el auto judicial que autorizaba unas escuchas telefónicas que implicaban precisamente a Clavijo. El caso se juzga en la actualidad, pero Clavijo quedó sorpresivamente a salvo de la investigación. No así del denominado caso Grúas, donde está imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los dos escaños obtenidos por Ciudadanos en el Parlamento regional el pasado 26 de mayo resultan providenciales para hacer presidente al socialista Ángel Víctor Torres, vencedor en las elecciones, en un pacto a dos o con otras fuerzas moderadas y progresistas. Albert Rivera es reacio a apoyar las listas perdedoras, lo que, junto a la citada imputación judicial del nacionalista Clavijo y el hecho de que Coalición Canaria  gestione una de las comunidades con más tiempo en manos de un mismo partido en España, convierte a Canarias en otra Andalucia llamada a caer.

El PSOE ganó las elecciones canarias con 25 diputados de un total de 70, seguido de Coalición Canaria (20), PP (11), Nueva Canarias(5), Podemos (4), ASG (3) y Cs (2). Vox no entró en la cámara autonómica. Coalición Canaria también se expone a perder, además de numerosas corporaciones insulares y locales en todo el archipiélago, el Cabildo de Tenerife -su joya de la Corona- y los ayuntamientos de la capital, Santa Cruz de Tenerife, y La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esta última es uno de sus fortines favoritos y más polémicos por los escándalos de corrupción.

Ciudadanos, con los socialistas y el PP

Además del caso por el que está imputado el hoy presidente y exalcalde lagunero, Fernando Clavijo, le aguarda en el juzgado de instrucción número 4 de La Laguna una macrodenuncia impulsada por el concejal de la oposición Santiago Pérez (Avante La Laguna). Tiene que ver con el levantamiento sistemático de reparos de la intervención municipal por contratos vencidos y renovados durante años, mediante un largo centenar de decretos, sin convocar el preceptivo concurso, contraviniendo la legalidad (uno solo de los contratos irregulares asciende a 150 millones de euros).

Tras un dilatado periodo de hegemonía en el archipiélago, plagado de escándalos de corrupción y con cargos públicos en la cárcel, CC se ve abocada ahora a pasar a la oposición y ver caer el castillo de naipes de su poder aplastante durante estos años. El papel de Cs es capital, una vez definido el nuevo mapa político.

Si el partido de Albert Rivera, que se incorpora por primera vez a la cámara autonómica, opta por la regeneración en Canarias, CC caerá sin remedio, pues los nacionalistas necesitan esos dos votos para intentar una complicada investidura a la que, además, deberían sumarse obligatoriamente otros dos partidos, el PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

El previsible rechazo de Cs a participar en ese hipotético tetrapartido liderado por CC arruinaría todas las esperanzas de los nacionalistas de seguir perpetuándose en el poder local, insular y autonómico. Con los dos votos de Cs se vendría abajo un entramado de intereses político-mercantiles y se entraría en una nueva era de transparencia y regeneración, como invocó Ciudadanos antes de abrirse las urnas.

Desde el día después de las elecciones, el PSOE y Cs comenzaron a sondear la posibilidad de promover el cambio político en Canarias, como sucedió en Andalucía tras el 2 de diciembre de 2018, cuando la alternativa conservadora precipitó la despedida de Susana Díaz en el Palacio de San Telmo y puso fin a 36 años de dinastía socialista. La sombra de corrupción y el lastre de una eternidad en el poder justificaron la regeneración, que Rivera enarbola como auténtica declaración de fe.

Cs, contra el "sistema clientelar"

El temor a que Cs fuera determinante sobrevoló la campaña electoral de CC, consciente de que su candidato, Clavijo, sería vetado por su imputación judicial y que el hecho de ser un partido nacionalista con estrechos lazos con el PNV (y ahora, por lo que se ve, con los separatistas catalanes en el Senado por la recurrente política de cortesía entre grupos parlamentarios de nueva formación) le alejaba de cualquier entendimiento con Rivera. A ello sumaban un estorbo no menor: la exagerada permanencia en el poder, que se remonta a 1993, cuando en una moción de censura al socialista Jerónimo Saavedra se hicieron con la comunidad autónoma hasta hoy.

Las peores pesadillas de CC, en este sentido, se hicieron realidad en la madrugada del  domingo 26 de mayo, con un líder muy cuestionado tras una legislatura en minoría. CC se las ingenió para gobernar con tan solo 18 de 60 diputados, con toda la oposición en contra pero incapaz de ponerse de acuerdo para censurar a un gobierno en la cuerda floja. Fernando Clavijo, candidato a la reelección, llegó a las urnas tras pasar por los tribunales en calidad de investigado por uno de los escándalos que manchan su gestión.

Los nacionalistas de CC no podían creerse, tras el escrutinio, que la aritmética les hacía depender, no ya de un pacto laborioso con PP y el citado partido de la isla de La Gomera, sino necesariamente de los dos diputados de Ciudadanos, Vidina Espino y Ricardo Fernández de La Puente, que durante la campaña agitaron el mensaje de que su partido llegaba para “regenerar y terminar con el sistema clientelar de enchufismo”, que caracteriza la era de CC. “Vamos a romper la burbuja política de Coalición Canaria y acabar con el reparto de sillones que se lleva haciendo durante 25 años en esta tierra”, auguró Espino, candidata a la presidencia por Cs en la víspera de las elecciones.

La incompatibilidad entre Ciudadanos y Coalición Canaria se plasma en la batería de reproches de los primeros al llamado ranking de la vergüenza provocado por CC tras 25 años en el poder sin que ningún pacto alternativo le hiciera sombra hasta ahora: 20% de paro y 40% de riesgo de pobreza y exclusión social, dos alarmantes signos de desigualdad que se ven acompañados de las mayores listas de espera sanitarias del país, un grave déficit de viviendas y de infraestructuras viarias y transporte público, origen de atascos y embotellamientos de tráfico que exasperan a la población.

El calvario de CC tras estas elecciones era previsible después de gozar de etapas de éxito politico como bisagra de gobiernos nacionales, tanto del PP como del PSOE. El diputado canario Luis Mardones ya salvó en 1989 a Felipe González fácilitando su investidura, y posteriormente Paulino Rivero llegó a presidir la comisión de investigación de los atentados del 11-M durante la presidencia de Zapatero. Tanto con Aznar como con Rajoy, CC desempeñó un papel de socio leal en Madrid, y en ocasiones tuvo grupo parlamentario propio.

Especialmente "feroces" con Sánchez

Pero fue en la pasada legislatura, ya con Ana Oramas como única representante en el Congreso, cuando la estrella de CC comenzó a apagarse por la influencia del llamado diputado 176, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, su competencia en el espacio nacionalista de las Islas. Quevedo arrancó las mayores conquistas recientes del archipiélago canario en los últimos Presupuestos Generales del Estado de Rajoy, entre ellas la bonificación del 75% para viajes de residentes entre las Islas y la Península. El ocaso del PP en las elecciones generales infló las expectativas de CC pese a que las encuestas no le otorgaban escaño, y finalmente obtuvo dos caídos del cielo.

Ana Oramas, diputada electa en el Congreso junto a Guadalupe González Taño en las filas de CC, trata ahora de distraer la atención incitando a Rivera a abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. En realidad, anhela que sus dos votos sean útiles para el socialista y que su partido resulte compensado como de costumbre por ello en las Islas. “Que Coalición Canaria no se haga ilusiones”, señalaron a EL ESPAÑOL dirigentes canarios del PSOE, afines a Sánchez desde los tiempos de la ofensiva de Susana Díaz. Este núcleo de nuevos líderes socialistas, que suceden al histórico Jerónimo Saavedra, considerado uno de los padres de la autonomía, aseguran que Sánchez no va a ceder a ningún “chantaje” de CC como ocurría en tiempos del PP en la Moncloa.

Los nacionalistas canarios han sido “especialmente feroces” con Sánchez y el PSOE, según tienen presente, y enumeran las vallas con que recibieron al presidente en la campaña electoral con el lema "paga lo que debes", usando colores y logos oficiales de la imagen socialista, como denunciaron a la Junta Electoral.

Clavijo (CC), su partido y su Gobierno acusaron a Sánchez de "robar" a Canarias y llevaron a los tribunales al candidato socialista regional, Ángel Víctor Torres, por la gestión de un pabellón deportivo en Gran Canaria, sembrando la confusión de que el único dirigente con problemas con la justicia no era sólo el nacionalista. Esto hace que los puentes entre PSOE y CC hayan quedado rotos, con el recuerdo aún reciente de la última vez que los socialistas aceptaron el abrazo del oso con CC, y el idilio duró apenas año y medio, hasta que Clavijo los echó del Gobierno y engulló todas las consejerías para su partido en diciembre de 2016.

Si Ciudadanos da el paso que prometió en campaña electoral, la regeneración y el cambio político de Canarias, protagonizará el gesto del que no ha sido capaz el Partido Popular, que ha contado con escaños suficientes para ello en el Parlamento regional y ha amagado sin atreverse. Los dos votos de Cs pueden tumbar todo un régimen político salpicado de casos de corrupción y clientelismo, como denunció la hoy diputada de Cs Vidina Espino al referirse con acritud a “los chiringuitos de Coalición Canaria” y comprometerse a poner fin a una “maldición de 25 años de Coalición Canaria”.

El PP no se quiere quedar fuera

El posible descalabro de los nacionalistas en gobierno, cabildos y ayuntamientos si Cs presiona ese botón, ha animado estos días al PP, que desea no quedarse fuera de la operación derribo de CC. El martes, el líder de los populares canarios, Asier Antona, se reunirá en Génova con Pablo Casado para contar con su aval ante lo que se avecina en Canarias. El PP, con 11 diputados, quiere hacer valer sus efectivos para sellar un pacto con el PSOE en el Parlamento y restantes instituciones. Un pacto constitucionalista en las Islas con el PSOE, PP y Cs daría un vuelco al mapa político canario, dejando atrás dos décadas y media de monopolio nacionalista, que se ha revelado infructuoso para una población de más de dos millones de personas con los salarios más bajos del Estado y uno de los mayores índices de paro y pobreza, pese a la innegable expansión turística.

Esa flagrante desigualdad es la que preocupa a los partidos del cambio, que hasta ahora impulsaban el PSOE, Podemos y Nueva Canarias, el llamado bloque de izquierda (que cuenta asimismo con opciones para gobernar) pero que desde el pasado 26 de mayo es una posibilidad en manos de los partidos constitucionalistas.

Además de la imputación del principal exponente político de CC, el actual presidente en funciones Fernando Clavijo, involucrado en un feo asunto de trato de favor a una empresa concesionaria del servicio municipal de grúas durante su anterior etapa de alcalde de La Laguna, los nacionalistas han visto con amargura cómo ingresaba en prisión el pasado mes de abril su ex senador Miguel Zerolo por el denominado caso Las Teresitas, un entramado para obtener una plusvalía en la compra de unos terrenos de la playa tinerfeña del mismo nombre que en realidad eran de titularidad pública. El Ayuntamiento de la capital de la isla, en manos históricamente de CC, pagó 52 millones de euros por 11 parcelas del frente de playa, pese a que el informe de la arquitecta municipal cifraba el valor real en 30 millones menos.

El entonces alcalde, exconsejero del Gobierno y exsenador de CC Miguel Zerolo, un político icónico en las filas nacionalistas, cumple ahora una condena de siete años de reclusión, la misma pena que su compañero de partido y corporación Manuel Parejo, ex concejal de Urbanismo. También están en prisión con condenas más bajas los dos empresarios implicados, Antonio Plasencia e Ignacio González, y dos funcionarios municipales.

El pasado viernes, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos dieron luz verde al secretario general de los socialistas canarios y candidato a la presidencia, Ángel Víctor Torres, para negociar este lunes el cambio en Canarias con las distintas opciones, entre ellas de modo preferente Ciudadanos.