Los críticos a la gestión de Pablo Iglesias que quieren desalojarlo de la secretaría general de Podemos tienen tres herramientas reglamentarias para intentar conseguir ese fin a través de un consulta revocatoria que le destituyese de ese cargo.

La primera sería convencer a la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Estatal -que se reúne este sábado-. Como segunda opción tienen reunir al 20 por ciento de los inscritos en la formación. Para ello deberían convencer al menos a unos 103.482 inscritos.

Una tercera posibilidad para convocar esa consulta sería convencer al 25 por ciento de los círculos activos. Así se recoge en el documento organizativo aprobado en la última Asamblea Ciudadana (Vistalegre II). De fracasar esa consulta revocatoria, las reglas internas de Podemos contemplan que ninguna persona puede ser sometida a una segunda consulta revocatoria durante el periodo en el que ejerza su responsabilidad.

No obstante, hasta el momento nadie ha planteado estas vías en público, sino que más bien han pedido que se adelante la Asamblea Ciudadana (el equivalente al congreso de otros partidos). Así lo han exigido por ejemplo el exlider de Podemos en Madrid Ramón Espinar o el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi'.

Un 25% de los inscritos

Según el reglamento interno, para adelantar la Asamblea Ciudadana se necesita una mayoría cualificada de los tres quintos del Consejo Ciudadano o el refrendo del 25 por ciento de los inscritos o contar con el beneplácito del 30 por ciento de los Círculos activos.

Ese Consejo Ciudadano al que deberían convencer está compuesto por el secretario general, 62 miembros elegidos por la asamblea de Vistalegre II, los secretarios generales autonómicos y de las ciudades de Ceuta y Melilla, un representante de las personas inscritas en el Exterior y cuatro representantes de los Círculos.

Según el documento de Podemos, esta asamblea podría ser también activada en su vertiente 'permanente' para decidir "sobre elementos de gran relevancia política" por decisión de una mayoría simple del consejo ciudadano, por el 10 por ciento de los inscritos o por el 20 por ciento de los Círculos.

Por norma, la asamblea se debe reunir cada dieciocho meses (como mínimo), y como máximo cada cuatro años, y en ella se decide, entre otras cosas, quien ostentará la secretaria general del partido, la composición del Consejo Ciudadano y la línea estratégica a seguir. Todas las personas inscritas en Podemos "tendrán derecho a participar, con voz y voto, en la Asamblea Ciudadana ordinaria", reza el documento.

Así, los críticos a la gestión de la dirección actual están en tiempo de poder reunir apoyos para esa asamblea puesto que han pasado 29 meses desde Vistalegre II (febrero de 2017), pero deberían lograr los apoyos necesarios para esa convocatoria. Desde el Consejo de Coordinación no hay intención hasta la fecha de adelantar la asamblea que se deberá celebrar en todo caso en febrero de 2021, cuando termina el plazo de cuatro años de máximo.