Las cintas del 'Villarejo de OHL' hacen peligrar el apoyo del PP a Coalición Canaria

Los casos de corrupción embadurnan a Coalición Canaria (CC), un partido nacionalista que gobierna en la comunidad autónoma desde hace 26 años y controla los principales cabildos y ayuntamientos. El último escándalo que salpica a la formación pone en peligro el apoyo del Partido Popular para que se mantenga en los ayuntamientos a cambio de la presidencia insular.

Se trata de una de las piezas del caso Lezo, en la que la Audiencia Nacional investiga presuntos sobornos de exdirectivos de la constructora OHL a funcionarios y políticos de distintas regiones (también Canarias) a cambio de adjudicaciones de contratos. El instructor Manuel García Castellón se apoya en un informe de la Guardia Civil en el que se ha volcado el contenido de hasta 23 grabaciones donde se escucha el reparto de las presuntas mordidas y que fueron encontradas en casa de Paulino Hernández, exdirector general de Obra Civil de la compañía y conocido como el 'Villarejo de OHL' por la mediateca que atesoraba.

Entre los popes de Coalición Canaria que aparecen en dichas grabaciones están Antonio Castro Cordobez, expresidente del Parlamento canario -al que se iba a entregar la medalla de Oro de la Cámara y ha quedado bloqueada al salir a la luz los audios-, Luis Suárez Trenor, ex tesorero de Coalición Canaria y expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el exconsejero de Presidencia Julio Bonis, a quien presuntamente habrían depositado los incentivos exdirectivos de la constructora OHL en Baja California (México), donde vivía. 

Según las grabaciones que obran en el sumario y ha difundido Canarias Ahora (Eldiario.es), los directivos de la empresa habrían aportado presuntas comisiones del 3% del total de la adjudicación de la obra del puerto de Granadilla (Tenerife) y de otras obras en las islas de Tenerife y El Hierro. De la documentación se desprende que las grabaciones apuntan al corazón de Coalición Canaria.

"Se lo soltamos en México"

En las cintas, exdirectivos de OHL comentan el presunto reparto de mordidas entre al menos los tres altos cargos de CC mencionados por obras relacionadas con Puertos del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: El Bufadero y Granadilla (Tenerife) y La Estaca (El Hierro). 

Uno de los interlocutores de la conversación que más implica a los exaltos cargos y reproducimos es Paulino Hernández. Los otros dos son el también exdirectivo Feliciano Ramos, conocido como 'el Bárcenas de OHL' por las notas que tomó y Rafael Martín de Nicolás, ex director del departamento de Construcción. De Bonis, según afirman en la grabación, habría recibido la presunta mordida en su residencia de la Baja California, donde lleva instalado desde que abandonó la vida pública. "Se lo estamos soltando en México, en la Baja California", se escucha en los audios.

He aquí la transcripción:

-"¿Es el dos y medio lo de Granadilla?"

-"El tres" (3%).

-"¡Ah, el tres! Me había dicho Andrés que era el tres, pero salió el otro día el dos y medio..."

-"¡No!, Joaquín comentó que había hecho el número. Y, claro, Joaquín lo dividiría sobre el total, no sobre nuestra parte".

-"Sí, seguramente".

-"En Granadilla... Hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo de si lo hablé. ¿Tú has confirmado ese tema con Luis? ¿Te ha dicho algo?"

-"Sí, como siempre. Sabes que con Luis no hay variaciones..."

(Risas)

-"A Luis, la verdad es que solamente le hemos dado en una ocasión, que fue por lo del Bufadero..."

-"Y en La Estaca. Le dimos el tres. ¡Y La Estaca!"

(...)

-"Julio Bonis"

-"Bonis. Y estamos soltándoselo en México"

-"En Nueva California, Baja California"

-"A través de las facturas..."

-"Tiene allí unos tinglados... Es que ya Bonis es a título... Porque Bonis ¿tú crees que representa otros intereses?"

-"Sí... En Madrid está interviniendo como representante de..."

-"¿De Coalición Canaria?"

(...)

-"Sería fantástico, lo que pasa es que Antonio Castro..."

-"No le mezcles, no le mezcles con otros... Son muy reacios"

-"Luis, sí, es posible; porque son muy reacios. Además, me consta que Antonio reparte incluso al PSOE"

El palmero Antonio Castro ha negado cualquier vinculación con las comisiones de empresa alguna. "Lo he visto en la prensa", ha alegado en COPE Canarias.

En riesgo los pactos con PP

Las grabaciones sobre las presuntas mordidas han salido a la luz en medio de las negociaciones de un nuevo Gobierno en la comunidad autónoma. Coalición Canaria (obtuvo 20 escaños en un Parlamento de 70), que se arriesga a perder casi todo el pastel de su dilatada hegemonía en instituciones municipales, insulares y autonómicas, ha lanzado un órdago al PP para evitar su desaparición en las administraciones de las Islas. Las elecciones las ganó el PSOE (25 diputados), que había proclamado un pacto de progreso con Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG).

La oferta de CC al PP es el caramelo envenenado de la Presidencia de Canarias. Los nacionalistas, sabedores de la necesidad del PP de Pablo Casado de obtener trofeos en el mapa autonómico, le regalan la presidencia al líder popular canario Asier Antona (su partido, el PP, es la tercera fuerza, con 11 escaños), a cambio de salvarle este sábado los ayuntamientos en que está a punto de ser desalojado, como es el caso de Santa Cruz de Tenerife.

Coalición Canaria, envuelta en escándalos judiciales y temerosa de una hecatombe política tras un cuarto de siglo de existencia, alardea de tener en su mano a Ciudadanos y a ASG, una escisión del PSOE que lidera Casimiro Curbelo, con cuyos votos sumarían los 36 escaños de la mayoría absoluta en un Parlamento de 70 diputados.

Si el PP pica y acepta el obsequio, Fernando Clavijo, actual presidente en funciones y máximo exponente de CC, envuelto en una cascada de denuncias judiciales, podría continuar en el Gobierno como vicepresidente. Cs es reacio a ello, al estar imputado, concretamente, en uno de los escándalos, el caso Grúas, que ha destapado Diario de Avisos a lo largo de los últimos tres años.

CC, en su huida hacia adelante, confía en ganarse la complicidad de Teodoro García Egea, secretario general del PP proclive a aceptar el ofrecimiento de los nacionalistas aunque ello suponga renunciar a plazas tan importantes como el Cabildo de La Palma quitando al virtual presidente, Mariano Hernández Zapata, del PP, para cederle la plaza a Nieves Lady Barreto, de CC. El propio Asier Antona, presidente regional del PP que asumiría la jefatura del Gobierno canario en tándem con Clavijo, es de La Palma y debería pasar por ese mal trago.

Los nacionalistas vienen de ver entrar en la cárcel, semanas atrás, a exdirigentes de la talla de Miguel Zerolo a causa de otro escándalo, el caso Teresitas, por el que varios políticos, empresarios y funcionarios municipales de la capital tinerfeña han sido condenados a penas de prisión.

La corrupción es uno de los grandes males de Coalición Canarias, al cabo de una dilatada permanencia en el poder. Ahora, en vísperas de constituir los nuevos ayuntamientos, se le acumulan los escándalos. 

Anteriores escándalos

El controvertido puerto de Granadilla se inauguró el 2 de marzo de 2018 con la presencia de Mariano Rajoy y de su ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El 8 de octubre acogió su primera operativa de carga: la estiba de 1.000 toneladas de chatarra a bordo del buque Y. Dadayli, atracado en el dique exterior. Un año después aún estaba lejos de un funcionamiento a pleno o siquiera a medio rendimiento. Este proyecto se diseñó y desarrolló rodeado de polémica, en un conflicto que básicamente enfrentaba a dos partes antagónicas: las administración autonómica, insular y local (Coalición Canaria, en definitiva), al abrigo de las patronales, frente a ecologistas, científicos, sindicatos, pescadores y demás. Aunque las competencias corresponden a Fomento, los presidentes de las autoridades portuarias los proponen las comunidades autónomas y estas administraciones autorizan o deniegan los permisos para las grandes infraestructuras.

No solo el barro de las aguas de Granadilla han salpicado a Coalición Canaria. El Tribunal Supremo ratificó el 28 de marzo de 2019 la condena de siete años de cárcel al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador Miguel Zerolo por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, en la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, y confirmó igual pena para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo; cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes; otros cuatro para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, y cinco años y tres meses para los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González como cooperadores necesarios. Ya están cumpliendo condena.

Tras perder el aforamiento, eliminado por el Estatuto de Autonomía aprobado el año pasado, Clavijo declaró el 17 de abril ante la juez de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco, sobre si vulneró la ley en decisiones que adoptó en 2014 como alcalde de ese municipio tinerfeño, Patrimonio de la Humanidad (su casco histórico). "Fue un expediente de éxito de los funcionarios del Ayuntamiento", proclamó acerca de la intervención temporal de la concesión del servicio municipal de retirada de vehículos. "Habríamos tenido que asumir el desequilibrio económico con los recursos de todos los laguneros", arguyó. "La actuación fue acertada, correcta, y la prueba es que el servicio se sigue prestando y no le cuesta un euro al Ayuntamiento de La Laguna". El concejal Santiago Pérez celebró irónicamente el "gesto de valentía" del compareciente, que "rehusó contestar a las preguntas de la acusación popular".

Las elecciones del 26 de mayo han propiciado una alianza de tres fuerzas que lidera el PSOE y que incorpora a los dos grupos denunciantes: Tenerife-Nueva Canarias, con Pérez (hoy en Avante), y la confluencia de Podemos, con Rubens Ascanio. La suma de 14 votos mandarán este sábado a la oposición a CC, que sacó 9 actas (dos más que el PSOE). Se han cobrado la primera pieza. Clavijo también deberá defenderse en una macrodenuncia impulsada por Santiago Pérez a propósito del levantamiento sistemático de repartos de la intervención municipal por contratos vencidos y renovados durante años mediante un largo centenar de decretos sin convocar el preceptivo concurso (uno de los contratos irregulares supera los 150 millones de euros).

Antes de los comicios de 2015, Clavijo fue desimputado en el caso Corredor, en el que estaba metido el abogado y empresario de negocios nocturnos Evaristo González, recientemente detenido y en prisión provisional por haber ordenado presuntamente el asesinato a tiros de Carlos Machín, uno de sus hombres de confianza y encausado en ese proceso. Hace unos días, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial condenó a su exsocio Evaristo González a tres años de prisión por dos delitos de estafa y uno por presentación de testigos falsos a un juicio. Castigan al letrado por una pieza separada del caso Corredor, sobre una trama de estafas. De momento, Fernando Clavijo está sentado en el banquillo azul. Aguarda la sentencia.