Como la gota que colma un vaso de por sí ya lleno. Así han sido las supuestas mordidas que presuntamente cobraron altos dirigentes de Coalición Canaria (Antonio Castro Cordobez, Luis Suárez Trenor y Julio Bonis) de la constructora OHL para la conformación de una nueva mayoría parlamentaria en el Archipiélago, este jueves cerrada gracias a un pacto de progreso que excluye a los coalicioneros tras 26 años ininterrumpidos en el poder autonómico y que, liderado por el PSOE de Ángel Víctor Torres, incluye a Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Ya de por sí, las posibilidades de CC para continuar eran escasas dado el perfil de su candidato, Fernando Clavijo, cuyos problemas con la justicia (está imputado por el caso Grúas en unas diligencias donde se ha personado la Fiscalía Anticorrupción provincial) ya le obligaban a dar un paso al costado ante la necesidad de contar con el apoyo de Ciudadanos, partido que lleva como norma no cerrar acuerdos que beneficien a quienes se encuentren bajo investigación judicial.

Pero el último intento de Clavijo, al parecer dispuesto a sacrificarse (suena como futuro senador por la comunidad autónoma) en aras de que CC conservase el poder cediendo la Presidencia a Asier Antona (Partido Popular) y sumando con Ciudadanos y la ASG los 36 escaños necesarios para la mayoría se quedó en aguas de borrajas, en buena parte por el escándalo que ha supuesto el caso OHL en las Islas.

Cerca de 3 millones en sobornos

No en balde, las mordidas de las que hablan los directivos de la constructora Rafael Martín de Nicolás y Paulino Hernández Ros, ya encausados, y una hoja de cálculo intervenida por la Guardia Civil a otro, Feliciano Ramos, han desvelado que, para la investigación policial, no hay dudas de que CC cobró cerca de tres millones de euros en sobornos por otras tantas obras, y que se desglosan así. Por el dique de abrigo del Puerto de Granadilla (Tenerife), 1.375.000 euros; por la ampliación del puerto de La Estaca (El Hierro), algo más de 360.000 euros; y por la carretera entre Santa María de Guía y El Pagador (Gran Canaria), 1.339.000 euros. Hay que tener en cuenta que, por aquel entonces (entre 2006 y 2008), Suárez Trenor era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Castro Cordobez era el consejero regional de Obras Públicas.

El efecto de estas informaciones en la opinión pública canaria ha sido devastador, especialmente en Tenerife, precisamente donde, hasta ahora, se encontraba el feudo natural de Coalición Canaria, por cuanto la construcción de un puerto en la costa de Granadilla de Abona siempre ha contado con un masivo rechazo de la sociedad isleña, ahora multiplicado al saber de lo espurio de los motivos de los coalicioneros. Hay que tener en cuenta que la obra causó un enorme impacto medioambiental en esta parte del litoral tinerfeño, el puerto no se puede utilizar al completo por causas naturales que ya eran conocidas con anterioridad al mismo y, para colmo, los ecologistas siempre han sostenido que, tarde o temprano, acabará afectando a la decantación de la arena en las playas más próximas, asestando así un duro golpe al motor económico de la Isla: el turismo.

De especial interés supone la metodología utilizada, según la Guardia Civil, para el cobro de dichas mordidas. Gracias a la grabación efectuada en 2007 al ya citado directivo de OHL Paulino Hernández, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado consideran que el sistema consistía en captar como colaboradores a empresarios locales a modo de subcontratas para que remitiesen a OHL facturas falsas. Es decir, sin contraprestación alguna, para así justificar las salidas de dinero desde la propia constructora.

Entierro político

Por lo que se escucha a Paulino Hernández en una conversación con otro directivo de OHL, Abelardo Genaro, este método para crear la caja B que sufrague las mordidas era el estándar, pero si las cantidades eran particularmente elevadas se prescindía de esta suerte de artificios contables para volver al clásico y, por lo que se ve, irradicable en la contratación pública nacional, maletín.

Sea como fuere, Coalición Canaria paga ahora con creces la factura. De controlar el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna (en algún caso, entroncando directamente con el franquismo aunque bajo otras denominaciones), solo conserva el poder en la Corporación Insular. Y eso, si no prosperan las negociaciones en curso entre el PSOE, PP, Ciudadanos y Sí Podemos para que la regeneración política también llegue a dicha institución. Todo un entierro político para la otrora todopoderosa Coalición Canaria.