Cs pide a la Eurocámara que impida entrar a Puigdemont a la sesión inaugural por "seguridad"

Durante los primeros meses de su fuga en Bruselas, la Eurocámara fue territorio vedado para Carles Puigdemont. El Parlamento Europeo le prohibió la entrada por temor a que utilizara su sede para atrincherarse y tratar de escapar de la acción de la Justicia belga. Una medida que limitaba su margen de maniobra y complicaba su propósito de internacionalizar la crisis catalana. 

La situación cambió radicalmente cuando el juez Pablo Llarena decidió retirar la euroorden contra el ex presidente catalán y sus exconsellers. Desde entonces, Puigdemont puede entrar y salir libremente de la sede de la Eurocámara en calidad de visitante como cualquier otro ciudadano. Sólo necesita que le acredite algún eurodiputado.

Puede incluso dar ruedas de prensa en sede parlamentaria, como hizo la semana pasada para quejarse de que la Junta Electoral Central no le haya reconocido como eurodiputado. El escaño que obtuvo el 26-M ha sido declarado vacante porque Puigdemont no se presentó a la ceremonia de acatamiento de la Constitución celebrada el 17 de junio en Madrid, donde habría sido arrestado porque sobre él pesa una orden de detención nacional.

Ciudadanos quiere impedir que el ex presidente catalán siga utilizando el Parlamento Europeo como plataforma para defender las tesis independentistas y atacar al Estado español. Por eso, los eurodiputados de la formación naranja han pedido por carta al todavía presidente de la Eurocámara, el conservador italiano Antonio Tajani, que no le deje entrar a la sesión inaugural de la nueva legislatura que se celebra el 2 de julio en Estrasburgo.

Para ese día, varias organizaciones separatistas catalanas han anunciado una gran manifestación ante la sede de la Eurocámara con el objetivo de reclamar que se reconozca como eurodiputados a Puigdemont, a su exconseller Toni Comín y al líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras. Junqueras, en prisión provisional a la espera de la sentencia del juicio al procés, tampoco ha logrado la acreditación porque el Tribunal Supremo no le autorizó a salir a recogerla.

La Eurocámara duda de que pueda intervenir 

"En ocasiones previas hemos podido comprobar que, desgraciadamente, este tipo de concentraciones frecuentemente derivan en situaciones donde se ha visto comprometida la seguridad de diputados nacionales y europeos, mediante vejaciones, insultos e incluso agresiones físicas", avisa la misiva, que lleva la firma de Luis Garicano y los otros seis eurodiputados de Ciudadanos.

"Es por ello que le ruego redoble las medidas de seguridad e impida el acceso al edificio a los instigadores, y en especial a Carles Puigdemont, por encontrarse fugado de la Justicia y por presentarse bajo una titulación falsa que supone una usurpación de funciones", escribe Garicano.

"La mera presencia de estas personas en la sesión inaugural de la novena legislatura puede poner en riesgo la seguridad de todos y el buen desarrollo, la imagen y el prestigio de la actividad política de nuestra institución", concluye el escrito.

El presidente Tajani todavía no ha recibido la carta de Ciudadanos, aunque responderá cuando llegue a su poder. En la Eurocámara dudan de que se pueda impedir ahora la entrada de Puigdemont si sobre él no pesa ninguna euroorden.

El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, sigue sosteniendo que Puigdemont y Comín podrán participar en el pleno del 2 de julio como eurodiputados. Boye ha dicho que su objetivo es recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que declare ilegales las restricciones que impone la legislación española y reconozca a ambos como eurodiputados de pleno derecho con su correspondiente inmunidad.

Sin embargo, de momento no hay ni rastro de un recurso de Puigdemont ante el TJUE, que en todo caso sería difícilmente admitido a trámite. El que sí que ha anunciado que consultará a Luxemburgo es el Tribunal Supremo para que aclare el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras. Sin embargo, en el TJUE ven "imposible" una decisión a tiempo para el 2 de julio. Como mínimo, una respuesta por el procedimiento de urgencia tardará dos meses.