Iglesias pone a prueba la "cooperación" que ofrece Sánchez y empieza por las leyes antifranquistas

Las reuniones que está manteniendo Unidas Podemos con diferentes colectivos mientras espera la llamada de Pedro Sánchez para una negociación "que, en realidad nunca empieza" empiezan a dar sus frutos. Pablo Iglesias advirtió ay la semana pasada de que que no se iban a quedar quietos y que iban a iniciar una ronda de encuentros con "diferentes grupos sociales, profesionales e institucionales" para avanzar en la concreción de su programa de gobierno.

No cuentan ya con recibir esa llamada de Moncloa. En realidad, a fecha de este miércoles ni siquiera habían sido citados para la nueva ronda en la que Sánchez quiere hablar con Casado, Rivera e Iglesias sobre su investidura. "Es que es eso, sólo quieren hablar de un cheque en blanco... en realidad no quieren pactar programa", explican fuentes parlamentarias de Unidas Podemos.

"Esta mañana Pablo Iglesias ha hecho una propuesta muy razonable y realista a Pedro Sánchez, aún no nos han respondido nada, estamos esperando", contestaba la dirección de Podemos a este periódico, en referencia a la carta publicada por el secretario general morado en La Vanguardia. En ella invitaba al presidente del Gobierno en funciones a acudir al debate de investidura en julio con un acuerdo para un gobierno de coalición, y se ha comprometido a renunciar a la exigencia de entrar en el Ejecutivo si no sale adelante en el Congreso.

Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos, reunido con colectivos antifranquistas y de Memoria Democrática en el Congreso. ADP

El caso es que este miércoles uno de los diputados del grupo confederal se citó con los 12 colectivos más importantes de antifranquismo y Memoria Democrática de España. Enrique Santiago, integrante de Izquierda Unida, fue el encargado de "intercambiar pareceres" con ellos y de recibir sus quejas.

Nuevo movimiento táctico

Y además, según pudo saber EL ESPAÑOL, les informó de las primeras iniciativas de Unidas Podemos para la legislatura que arranca. Santiago comunicó a los representantes de estas asociaciones que Iglesias sacará del cajón las leyes de Memoria Democrática y de Víctimas del franquismo que quedaron paralizadas por la convocatoria anticipada de elecciones.

Esto se encuadra en un nuevo movimiento táctico de la formación de Pablo Iglesias, harta de que el PSOE "no se haya sentado a negociar desde que hace más de dos meses se celebraron las elecciones generales". Si la semana pasada cambió el tono discreto con el que afrontaban las citas en Moncloa por una muestra de evidente enfado en la primera de esas reuniones con colectivos "para armar el programa" -con los líderes sindicales de UGT y CCOO-, en ésta salen a la luz las primeras conclusiones de esos encuentros.

Podemos quiere pruebas de la "cooperación" que ofrece Pedro Sánchez. Así que a partir de ya la formación morada y su grupo confederal en el Congreso comenzarán a desempolvar las leyes negociadas con el PSOE en la pasada legislatura y que se quedaron a medio tramitar por mor de la caída de los Presupuestos y la consiguiente convocatoria electoral. 

Los Presupuestos rechazados, como base

Fuentes de la dirección de Podemos confirmaban a este periódico que "lo mismo ha hecho Iglesias ya en sus reuniones con Sánchez en Moncloa, en las que el presidente no concretaba nada, le ofreció comenzar por el acuerdo de Presupuestos firmado el pasado 11 de octubre en Moncloa". No ven mejor manera en el seno de la formación morada de pasarle la prueba del algodón al PSOE.

El mismo Enrique Santiago lo deslizaba en su comparecencia ante los medios a la salida de su encuentro con los colectivos antifranquistas. "En ese documento rubricado por Podemos y el PSOE había muchas medidas políticas, que no eran meramente presupuestarias, como la recuperación de derechos y libertades y el reconocimiento de las víctimas". Y por eso éstas leyes serán las primeras en salir del cajón.

En esta semana en la que la polémica del desentierro de Franco ha vuelto a la actualidad por las declaraciones del nuncio del Vaticano en las que acusaba al Gobierno de haber "resucitado" al dictador con sus intentos de sacarlo del Valle de los Caídos, Unidas Podemos recuerda que la Ley de Memoria Democrática era la base para "solucionar todo el problema con la exhumación e inhumación de Franco", según explicó a EL ESPAÑOL uno de los dirigentes de IU, formación impulsora del texto. Y contaban con el impulso del PSOE, ya en el Gobierno, para negociarla y poder sacar adelante este texto.

La Proposición de Ley, con su sello de registro de entrada en el Congreso.

Lo que preveía la proposición legislativa -a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, con 63 artículos, 13 disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales- es la desacralización de la basílica Valle de los Caídos a través de la derogación del decreto de 1957 que creó la fundación que lo gestiona y de la denuncia del Concordato con la Santa Sede del año 1953. 

La ley que ahora se vuelve a poner en marcha tiene también otras particularidades: fija el fin del franquismo en 1983, ya que reconoce la existencia de "víctimas de la Transición" y establece , textualmente, "la pervivencia de algunas de sus estructuras en el paso de la Transición a la Monarquía Parlamentaria", rasgo que "dificulta" acotar el final del régimen.

Reparación "económica" al PSOE, PCE, UGT...

Fuentes de Izquierda Unida explicaron que la fecha se eligió por "consenso de los historiadores", que fijan en 1982 "los últimos coletazos de la violencia política" heredada del régimen franquista. Sin embargo, el texto sí establece, en la disposición adicional 11ª, una fecha muy relacionada con la llegada de la izquierda al poder, pues prevé "hacer públicos" todos los secretos oficiales "con fecha de expedición anterior al 28 de octubre de 1982".

Además, el texto fija -en el artículo 6.1 apartado m- un reconocimiento específico a "las entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron ilegalizadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que fueron doblemente castigadas con la represión sobre sus miembros y con la incautación o expropiación de sus bienes". Es decir, PCE -integrante de IU-, el PSOE, la UGT...

Y por esta razón el artículo 7.3 les otorga el derecho a la "reparación moral y económica", mientras que en el 23 y en el 24 se detalla que ésta debe ser "adecuada a la vulneración padecida" y el "resarcimiento proporcional y actualizado" en el caso de víctimas de sentencias del Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo.