Compromís pidió listas de docentes de Religión como las que ahora niega a Vox de LGTBI

Vox quiere saber el nombre de los miembros del colectivo LGTBI que acuden a las escuelas valencianas a dar charlas a los alumnos. El pasado 1 de julio, el partido de Santiago Abascal registró la petición en las Cortes Valencianas para que estas reclamasen la información a la Generalitat.

La respuesta de la Cámara autonómica fue tajante. Su presidente, Enric Morera (Compromís), anunció que la petición de Vox no se tramitaría y la envió a la Fiscalía por si podía ser constitutiva de un delito de odio, algo que la fiscal descartó este miércoles. El portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano, Fran Ferri, fue más allá y calificó la solicitud de "indecente", a la vez que dijo que “genera odio”.

La actitud del partido nacionalista no se corresponde con la que tuvo en 2014, cuando su líder, Mónica Oltra, solicitó las nóminas de más de 1.500 profesores de Religión. En aquella ocasión, en cambio, las Cortes Valencianas, presididas por el Partido Popular, tramitaron las exigencias de la actual vicepresidenta y consellera de igualdad, pese a las quejas de la Consejería de Educación.

Tal y como informó Las Provincias, Oltra presentó en noviembre de 2014 una serie de iniciativas en el Parlamento entre las que se encontraba solicitar la “copia de las nóminas de la totalidad del profesorado de Religión retribuido a cargo de la Conselleria”. Una petición, mutatis mutandis, muy parecida a la que hoy critica su partido a Vox.

1.546 profesores

¿En qué consistía exactamente la petición de Compromís? La coalición nacionalista pidió conocer los datos personales de todos los docentes de Religión de la Comunidad Valenciana, 1.546 según las estimaciones. La solicitud presentada por Oltra significaba disponer de información detallada de su sueldo, sus retenciones... Es decir, disponer de la nómina.

La propuesta se justificó alegando que garantizaba "el derecho de reserva respecto de los datos de carácter personal". La Cámara, presidida entonces por Juan Cotino, tramitó la petición para que llegase a la Consejería de Educación, dirigida por María José Catalá.

La petición de Oltra resultó tener fundamento y derivó en una investigación judicial que esclareció que una veintena de profesores de Religión percibía remuneración por dar clases a la vez que prestaban sus servicios en distintas diócesis.

A grandes rasgos, la petición de Compromís fue de nóminas, mientras que Vox quiere los datos de quienes imparten talleres o conferencias en colegios públicos como miembros del colectivo LGTBI. La diputada de Vox en las Cortes Valencianas, María Ángeles Criado, registró una solicitud de documentación por la que su grupo pedía la "acreditación de que las personas del colectivo LGTBI que entran en los colegios cumplan con los requisitos legales, como la solicitud de antecedentes penales y que acrediten la formación que tienen para estar con nuestros niños".

El PP tramitó la petición

En 2014, se tramitaron las iniciativas de la líder de Compromís -continuadas después por la también diputada Isaura Navarro- para que fuera la Consejería de Educación la que se pronunciara. El criterio empleado entonces fue el de entender que la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión debían de prevalecer sobre otros fundamentos.

En su día, Oltra justificó su petición alegando que buscaba “una información que la Conselleria de Educación no nos da”. Además, aseguró que “hay irregularidades y la única manera que tenemos de averiguarlo es cotejando las nóminas”.

Ahora, sin embargo, la vicepresidenta de la Generalitat considera que la petición de Vox va "en contra de la ley" y defiende que no se tramite porque el gobierno autonómico "tiene la obligación de preservar la seguridad y la intimidad de las personas anónimas” (sic). Además, recordó que en la pasada legislatura, el PP pidió "expedientes completos de mujeres en situación de violencia de género" y que se le denegó.

"Una persecución"

Fuentes populares de la pasada legislatura hablan de "obsesión" de Oltra y confiesan a EL ESPAÑOL que "durante toda la legislatura llevaron a cabo una persecución hacia los profesores de Religión".

“Era una barbaridad. Primero pidieron saber cuántos profesores había por centro y cuántas horas impartían. Al final, terminaron exigiendo sus nóminas. Tuvimos que llevar a cabo una tarea ingente de recopilación de datos”, recuerdan.

Oltra presentó 3.576 peticiones de documentación sobre la asignatura de Religión entre septiembre de 2012 y marzo de 2014. En 2012, hizo 2.183 solicitudes de identificación para saber cuántos alumnos había en cada centro público, cuántos recibían Religión, cuántos profesores impartían la asignatura y cuántos eran a tiempo completo y parcial. En 2014, reiteró 1.393 peticiones con el mismo contenido.