El Gobierno califica a Vox de "partido conservador" en un texto oficial contra la propaganda 'indepe'

La Secretaría de Estado de España Global, que dirige la biógrafa de Pedro Sánchez y periodista Irene Lozano, parece haber tomado las riendas de la contrapropaganda al independentismo. Así, ha empezado a utilizar en sus contactos con representantes y periodistas extranjeros un detallado dossier, de cerca de 70 páginas, con argumentos que rebaten el relato de los independentistas catalanes sobre el proceso separatista.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye un listado de 45 mensajes habituales del independentismo calificados de "fakes" -falsedades- y enfrentados a sus correspondientes "facts" -hechos-, junto a información detallada sobre los acontecimientos de 2017 y sobre el juicio en el Tribunal Supremo y el sistema judicial español, multitud de datos y una sección de preguntas y respuestas.

Uno de los apartados es el dedicado a explicar la figura de la acusación popular en el juicio del procés. Esta figura, poco habitual en otros sistemas judiciales, dice el texto que es objeto de un "debate importante", pero que pretende que los ciudadanos contribuyan a la administración de Justicia. Pero lo más curioso es cuando el dossier valora el ejercicio de esta acusación por parte de Vox, ya que se refiere al partido de Santiago Abascal como "partido conservador" y justifica que podría haberse personado otra formación.

Así, el documento elaborado por el Gobierno evita referirse a la formación más a la derecha del tablero político como "ultraderecha" o "extrema derecha", términos que con beligerancia utilizan habitualmente los miembros del propio Ejecutivo. 

El apoyo de la "ultraderecha"

Por ejemplo, en la campaña electoral de las generales, el propio presidente Pedro Sánchez, apelaba en Córdoba "a la gente que ha votado a la ultraderecha" y les conminaba a abandonar este camino. Según dijo, formaciones como Vox viven "de los problemas, de la confrontación y de la polarización, es decir, no son opciones políticas que arreglen nada, porque, precisamente, viven de los problemas", ya que "no creen en la política, sino en la antipolítica, que es la que les hace encaramarse a las instituciones".

Ahora, sin embargo, los legitiman ante los socios europeos, principales destinatarios de este argumentario contra la propaganda separatista.

Y precisamente en el contexto del debate político alrededor del golpe separatista, y mientras José Manuel Villegas pedía impulsar nuevamente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo arremetía hace una semana contra Ciudadanos por sus pactos políticos que incluyen a Vox: "Se decían de centro pero en poco tiempo se han apoyado en la ultraderecha para formar gobiernos", dijo.

El trabajo de Lozano

La secretaria de Estado de la España global tiene como atribución principal la de "adoptar las medidas para la mejora de la imagen exterior de España", según el artículo 16.1) del Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El documento se elaboró antes de que concluyese el juicio en el Tribunal Supremo -así se desprende de su redacción- y se utilizó ya, por ejemplo, en el viaje que Lozano realizó a Berlín el pasado mes de mayo. No obstante, no es el primer material que utiliza esta Secretaría de Estado.

El pasado febrero, este periódico informaba de que las embajadas españolas se quejaban de que Lozano no había coordinado su trabajo para contrarrestar la propaganda independentista hasta que ya se había iniciado el juicio en el Supremo.

Todo coincidía con el inicio de la vista en el Supremo y con la polémica pública en la que se vio inmersa la secretaria de Estado cuando explicó sin mucha fortuna desde Moncloa en la cadena británica Sky News la ilegalidad del falso referéndum con una metáfora sobre la violación: "La cosa es que querían hacer un referéndum pero no tenían el permiso. El sexo no está prohibido, y votar no está prohibido, pero no puedes hacerlo de manera forzosa, tienes que tener el permiso, de lo contrario es una violación".

Argumentario para embajadas

Al día siguiente, se disculpaba en Twitter tras las críticas recibidas: "Trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados. El referéndum del 1-O se hizo sin el acuerdo de la mitad de la sociedad catalana y la ha dejado dividida". Y añadía que, en cualquier caso, no había sido "la mejor de las comparaciones".

El lunes 11 de febrero, ya sí, España Global distribuyó un esbozo del dossier que se usa ahora, un argumentario de uso interno para las embajadas para -especialmente en los países socios de la Unión Europea y Estados Unidos- tratar de combatir la desinformación separatista. A saber, que "España no es una democracia", que "la Justicia no es independiente", que los procesados por el golpe independentista son "presos políticos"... Pero lejos de construir un relato propio, el documento, de cinco folios, se limitaba a negar la realidad alternativa independentista.

Los propios representantes diplomáticos lamentaban entonces la tardanza de España Global en afrontar el asunto, cuatro meses desde la llegada de Lozano a la secretaría de Estado. Esta dilación quedaba plasmada en la propia nota, que preveía la entrega de "un kit de información básica sobre el sistema jurídico español" el mismo día del inicio de la vista oral en el Supremo. Además, el retraso queda al descubierto también por la nota informativa que, con celeridad y diligencia, distribuyó la Embajada española en Bruselas a la mañana siguiente [léalo aquí, en francés], justo el día del juicio, el martes 12 de febrero.

"Discrepancias" entre Fiscalía y Abogacía 

El texto actual elaborado por este departamento -un desarrollo del anterior- trata de dar una explicación a las "discrepancias" entre Fiscalía y Abogacía del Estado, ya que la primera ha acusado a los políticos de rebelión y la segunda de sedición.

Además de explicar la diferencia entre ambos tipos penales -que exista "alzamiento público y violento"- señala que la discrepancia, en lugar de explicitar una incoherencia interna en el Gobierno, "obligará al Tribunal a un debate más profundo antes de dictar sentencia" y que es "una garantía más de la independencia de criterio y actuación" de las partes.

Pero nada dice de que esa discrepancia se produjera nada más llegar el PSOE a la Moncloa y que, como consecuencia, el abogado del Estado que se negaba a ese cambio de criterio, Edmundo Bal, haya acabado entrando en política como portavoz adjunto de Ciudadanos.

El documento justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que "tuvo el efecto de recuperar la legalidad constitucional y estatutaria". Con todo, también dice que "el Gobierno actual del presidente Pedro Sánchez (PSOE) está apostando por un diálogo en Cataluña y por restaurar la convivencia en una sociedad dividida, así como por un diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno catalán canalizado a través de los mecanismos constitucionales y estatutarios".

Las falsedades

Uno de los 11 capítulos del dossier es El precio que Cataluña paga por el 'procés', con varios apartados titulados: Una economía asustada, Una sociedad enfrentada, Acoso a los políticos y Malos tiempos para la libertad de prensa.

"No fue un referéndum democrático", dice antes de argumentar la falta de garantías del 1-O; "la ley es igual para todos", añade para explicar que un cargo electo pueda ir a prisión. Se trata rebatir que los independentistas sean "presos políticos", que se les acuse por "poner urnas" o que en España no haya "verdadera democracia".

"No es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado en España", dice el texto. "Pero sí es delito desobedecer al Tribunal Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatuto de autonomía, celebrar un referéndum ilegal y después proclamar la independencia unilateralmente", señala.

Es más, añade que "tan conscientes de esto eran algunos líderes secesionistas que huyeron de España". De paso, pone como prueba de lo garantista que es el sistema español que no es posible el juicio en ausencia -que sí existe en otros países-.

Fuentes de España Global consultadas por Europa Press han confirmado que utilizan este documento, en castellano y en inglés, aunque han señalado que es uno de los muchos materiales que se enmarcan en su labor de información para hacer frente a las amenazas a la reputación de España.