El Open Arms no quiere ir a España para evacuar a los 107 inmigrantes que 19 días después de su rescate siguen en el barco. Dicen que un viaje de tres días más, ya sea al puerto de Palma de Mallorca o de Mahón (Menorca) es inviable. "Nuestro bote está a 800 metros de Lampedusa", insisten.
Para Óscar Camps, fundador de la ONG, sería más fácil desembarcar ahí y fletar un avión a España. O que uno de los barcos que se ofrece a escoltarlos sea el que lleve a todos los rescatados a España. Pero, aparte de las razones humanitarias, hay más razones: si llega a un puerto español, la ONG se enfrenta a amenazas de multas de hasta 901.000 euros y el posible bloqueo del barco.
Antes de partir hacia el Mediterráneo Central este verano, el Open Arms estuvo bloqueado en Barcelona más de 100 días. En el comunicado de esta decisión, firmado por la Capitanía Marítima, se explicaba que el barco había incumplido varios tratados internacionales. Entre otras cosas, el documento señalaba que en la última operación de salvamento (con fecha de diciembre) no se evacuó a los rescatados en el puerto seguro más cercano posible, sino en Algeciras. No obstante, en aquella ocasión, como en esta, tanto Malta como Italia se habían negado a permitir el desembarco del barco en sus aguas y fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien autorizó la operación.
Óscar Camps descarta poner rumbo a España.
Además, el documento por el que se bloqueó el barco afirmaba que el Open Arms solo tenía permitido navegar con un máximo de 18 tripulantes. Es decir, el buque no podía realizar "operaciones de salvamento que van acompañadas de un transporte por mar con un elevado número de personas, por un largo periodo de tiempo, incluso superior al plazo de una semana", puesto que operaciones así "comprometen la seguridad intrínseca del buque, de la tripulación y de las personas auxiliadas". Desde la ONG achacaron que sus evacuaciones se demoraron por el bloqueo de los puertos.
Aunque desde Proactiva Open Arms no tienen permiso para realizar búsquedas activas en la zona SAR de Salvamento, sí que pueden, de acuerdo con los tratados internacionales y la Marina Mercante, rescatar a aquellos personas "en peligro" que se encuentren en sus trayectos.
Prestar ayuda humanitaria
Con todos estos precedentes, el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, mandó una carta al capitán del Open Arms el 27 de junio en la que le advertía de que, si retomaba los rescates de inmigrantes, podía ser sancionado con multas de hasta 901.000 euros. Además, Núñez Quintanilla también avisaba de que podría ordenar su regreso a un puerto español "para hacer efectiva la paralización" del barco.
La Marina Mercante también señalaba que, si se cometían infracciones "graves o muy graves contra la seguridad marítima", el capitán del barco vería cómo su título profesional sería suspendido.
Así, el Open Arms recibió el permiso para zarpar desde el puerto de Barcelona en abril, pero con el único permiso de transportar ayuda humanitaria, no para recuperar las tareas de salvamento en el Mediterráneo.
"La tercera de la desobediencia"
La misión 65 del Open Arms, la que comenzó a finales de julio y que ahora tiene a 107 migrantes esperando un puerto donde desembarcar a 800 metros de Lampedusa, es la "tercera de la desobediencia" desde la prohibición del Gobierno español. Quien la calificó así fue el propio Óscar Camps.
Debido a las advertencias previas, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, aseguró el 2 de agosto, unas horas después del primer rescate, que esperaba que la ONG estuviera "actuando de acuerdo a los convenios internacionales y la normativa nacional que le es de aplicación". Y para no reincidir en el problema que les bloqueó en Barcelona, el Open Arms pidió desde el primer momento evacuar a los inmigrantes en Italia o Malta.
El ofrecimiento de Algeciras hace dos días fue como un fantasma para la ONG de Camps. Su barco podía quedar bloqueado una vez más y, además, tener que pagar una multa a la altura de la que propuso Matteo Salvini.